Ciudadano Alejandro

ODECU DA A CONOCER INVESTIGACIÓN SOBRE CINCO BANCOS CHILENOS

2009-05-31T23:57:00.003-04:00

El informe, que es parte de un estudio que se realizó simultáneamente en cinco países, da cuenta de prácticas abusivas en el otorgamiento de créditos tanto como en su cobro y de presiones para obligar a repactaciones que tienen un alto costo para los consumidores.

Una investigación sobre crédito bancario dio a conocer hoy la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU. El estudio consideró a cinco bancos que operan en Chile - BancoEstado, Banco de Chile, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el HSBC Bank - se efectuó durante el último trimestre del 2008 en el marco del Programa "Crédito y Endeudamiento" de Consumers International con el apoyo de Fundación AVINA.

El informe denominado "Investigación sobre 5 bancos en Chile", detalla una serie de malas prácticas, tanto en la forma de otorgamiento del crédito, como en los seguros asociados y las cobranzas. “El sistema en Chile viola los derechos de los consumidores, opera con prácticas abusivas y sobre todo, de mala fe”, dijo el presidente de ODECU, Stefan Larenas.

Entre los abusos detectados por el estudio se cuentan la entrega de información sesgada, la omisión de datos relevantes y el entorpecimiento del acceso a los contratos y sus condiciones. Es así que, cuando van a contratar un crédito, las personas desconocen totalmente aspectos como los intereses, comisiones y seguros, entre otros.

Larenas señaló que se observó la extendida práctica de presiones para obligar a las personas a repactar sus deudas, “en condiciones que sólo son favorables para los que dan el crédito”, llegando al extremo de simular cobranzas falsas.

Una de esas formas de presión sigue siendo el registro de morosidades, si bien ODECU la normativa en la materia constituye un avance. No obstante, los acreedores siguen utilizando esta herramienta de presión para las cobranzas, inclusive de deudas prescritas o incobrables. Larenas dijo que el proyecto anunciado por el gobierno sobre esta materia “podría ser muy bueno, pero en otro mundo”, y criticó el hecho de que el registro vaya a ser licitado entre empresas privadas.“Lo que debería haber en Chile, como en otros países, es una agencia de protección de datos”, agregó.

El informe también da cuenta del preocupante nivel de endeudamiento de las familias chilenas, motivado por “la creciente penetración de los productos y servicios financieros en una población que no se encuentra preparada para un uso adecuado de ellos”, ya que el grueso de los clientes de bancos desconocen casi totalmente las reglas y normas que regulan el mercado. “El crecimiento de los bancos los pone como el único sector con ganancias permanentes en más de 20 años, aun con crisis económicas globales, en buena medida por la debilidad negocial de los consumidores chilenos”, agrega.

Para la investigación, que se efectuó simultáneamente en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, se eligieron bancos que tuvieran representación en los cinco países, con el objeto de observar las prácticas de cada uno de ellos, detectar eventuales similitudes o diferencias y proponer las eventuales soluciones a los problemas o malas prácticas detectadas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Oferta de créditos

La gran cantidad de información sobre tasas de interés, seguros, comisiones, impuestos de timbres y estampillas, etc. complica en demasía al consultante para determinar el costo total de un crédito y de esa forma comparar las distintas ofertas del mercado.
Las simulaciones de créditos no son vinculantes ya que en cualquier momento puede variar algunos o todos los factores que incluye. Por lo tanto, si un consumidor se da el trabajo de cotizar en distintos bancos, nada garantiza que cuando vuelva a aquel que le resultó más conveniente obtendrá efectivamente el producto financiero tal como lo cotizó.
En general, las promociones remiten a anexos, notas al pie de página, cuadros y esquemas, habitualmente en letras de menor tamaño, donde se precisan las bases de la promoción. Si bien se cumple con la obligación de informar, la condicionalidad de los beneficios hace difícil su comprensión y uso conveniente. Además, las condiciones son copulativas, bastando el incumplimiento de una sola para que el beneficio no se haga efectivo.

Seguros

En la legislación chilena, la contratación de seguros asociada a créditos es voluntaria (salvo los seguros de desgravámen e incendio en los créditos hipotecarios). Sin embargo, la gran mayoría de los oferentes omite este hecho y hay algunos que incluso presentan los seguros como beneficios muy deseables de sus productos. Además, los hacen aparecer como elementos propios de la naturaleza del producto ofrecido, sin la menor mención al carácter voluntario de su contratación.
Dado que los seguros se contratan con empresas relacionadas con el oferente del crédito, a la hora de activar sus beneficios, el acreedor prefiriere perseguir el pago del deudor, sus herederos y/o el aval, antes de cobrar el seguro, lo que implicaría un desembolso a la empresa aseguradora relacionada.

Cobranzas

La cobranza extrajudicial y judicial de los créditos, siendo una actividad legítima, se aprovecha de la debilidad de los consumidores que desconocen las pocas normas que los protegen. Las acciones de cobranza apuntan a provocar las reprogramaciones que aumentan artificialmente las deudas, obviando el hecho de que la ley permite pagar, aun cuotas atrasadas, y que el acreedor está obligado a recibir el pago.
Se efectúan cobranzas falsas o que se sirven de triquiñuelas al margen de la legalidad y la ética para obtener el pago de obligaciones caducas, incobrables o prescritas, tales como demandas falsas, apremios ilegítimos de diversa naturaleza, como informar al empleador o a terceros ajenos a la deuda la situación de morosidad del cliente.

Cabe señalar que los bancos estudiados pertenecen a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, y adhieren al Código de Ética y Conducta del gremio. Desde ODECU vemos con dudas la adhesión genuina de los bancos a los postulados del Código, entregando información sesgada, omitiendo otra relevante y dificultando el acceso a los contratos y sus estipulaciones.

También nos caben dudas respecto del sistema de Defensoría del Cliente creado hace poco tiempo con resultados inciertos hasta la fecha. No está claro que la labor de la Defensoría sea un intento real de solucionar las reclamaciones de sus clientes y no se utilice como un sistema de alerta temprana para detectar los conflictos y buscar la forma de neutralizar al reclamante con acciones como la dilatación innecesaria del problema o la judicialización del conflicto.

De ahí la propuesta de hace dos años de una ley de insolvencia de hogares, levantada por ODECU y recogida por parlamentarios de la Concertación de gobierno pero que no ha avanzado en el proceso legislativo, encontrándose hoy sin urgencia por el Ejecutivo.

Los informes están disponibles en la web de ODECU o en Ciudadano Alejandro

Fuente: ODECU

Para cotizar se requiere información clara y completa: Estudio del SERNAC demuestra la necesidad de la TAE solicitada reiteradamente por ODECU

2009-05-03T23:30:00.004-04:00

El reciente estudio publicado por el Servicio Nacional del Consumidor que da cuenta de diferencias de hasta un 700% (setecientos por ciento) en el costo de los créditos de consumo, en momentos en que Chile y el mundo atraviesan una crisis económica que sólo se ha comparado con los efectos de la Gran Depresión norteamericana de 1929, demuestra la necesidad de efectuar cambios en la legislación que regula el mercado financiero nacional.

Varios de esos cambios ya han sido señalados en artículos anteriores como el que se refería a las medidas económicas implementadas por el gobierno de Michelle Bachelet para enfrentar la crisis.

TAE: Tasa Anual Equivalente

A las sugerencias que planteábamos una vez más con esa nota, cabe en esta ocasión agregar otra, la cual sugerimos hace tiempo sea incorporada en la legislación que regula el mercado financiero, para mejorar su transparencia, a propósito de la oleada que nos inunda con esta palabrita.

Se trata de incorporar el concepto de Tasa Anual Equivalente de modo de que los consumidores puedan disponer de un indicador objetivo para la comparación matemática de los costos reales entre los créditos cotizados.

De la tasa de interés a las comisiones y seguros

Hace algunos años, lo común era fijarse en la tasa de interés al momento de cotizar un crédito.

Sin embargo, el mercado financiero ha cambiado y dentro de ese cambio se han introducido un gran número de cargos fijos o variables de distinta denominación. Los más comunes son las comisiones por apertura y mantención de líneas de créditos, comisión por envío de correspondencia, comisión por sobregiro, comisión por solicitud de tarjeta adicional, etc; seguros de distinta naturaleza, entre otros cargos.

Entonces, la tasa de interés pasó a un segundo lugar dentro de la importancia que tuvo en el costo del crédito y en las utilidades de los proveedores de crédito, especialmente hace un par de años, antes de la crisis, donde la tasa de política monetaria que fija el Banco Central se mantuvo en la meta estructural del 3%.

Esto dio bastante estabilidad al mercado que exhibió, en general y por un buen tiempo, bajas tasas de interés. Fue precisamente en ese contexto en el cual floreció el negocio de los seguros y las comisiones, el cual llegó para quedarse.

Las comisiones entraron atropellando derechos

No debemos olvidar que la incorporación unilateral de comisiones en las cuentas de ahorro de los clientes del Banco del Estado (BancoEstado) fue el motivo de la primera demanda colectiva que, a cuatro años de su interposición, aun no se falla con sentencia definitiva.

Posteriormente, por el mismo motivo y otras materias, el SERNAC accionó ante tribunales contra siete casas comerciales con las cuales celebró avenimientos que hasta hoy son motivo de fuertes diferencias de opinión respecto de la conveniencia de esas soluciones para los consumidores.

Está claro, pero… no está claro.

Ahora bien, luego de estos conflictos, ya debería estar claro para los consumidores que existen todos estos cargos en sus cuentas.

Sin embargo, aunque lo supieran, enfáticamente decimos que hoy, los consumidores no pueden saber a ciencia cierta, exacta y matemáticamente cómo se reflejarán los seguros y las comisiones en sus pagos finales.

Además, casas comerciales, bancos y otros oferentes de crédito suelen destacar en la publicidad de sus productos y servicios, promociones o rebajas respecto de la tasa de interés, omitiendo o mencionando muy parcialmente y en forma incompleta que lo que rebajan en la tasa de interés lo recuperan ampliamente en comisiones y seguros.

Por tanto…, necesitamos la TAE

Entonces, la existencia de un solo indicador en el cual fijarse al momento de cotizar el costo total de un crédito será un factor de información clara, transparente, al momento de tomar decisiones respecto de acceder a créditos.

Y ese indicador, ya incorporado en otros países, como España, se llama TAE, Tasa Anual Equivalente.

Esperamos, que en pos de la transparencia de la que tanto se habla hoy, el gobierno y los legisladores adopten incorporar esta herramienta en el sistema financiero nacional y, de pasadita, arreglan otras inequidades como aquellas que hemos mencionado en notas anteriores.

Texto original redactado para www.odecu.cl

Los incidentes

2009-04-07T13:44:00.003-04:00

El siguiente texto sobre los incidentes es parte de mis clases de Tercer Año de Derecho Procesal en la Universidad Bolivariana. Desconozco al autor, pero ello no es obstáculo para haberlo revisado y, con mejoras, ponerlo a disposicón de la comunidad jurídica.

LOS INCIDENTES

I. Ideas generales, definiciones y fundamento

1.- Durante la tramitación de un juicio surgen o pueden surgir cuestiones accesorias relacionadas con la cuestión principal que requieren un pronunciamiento especial del tribunal y que se conocen con el nombre de incidentes o cuestiones incidentales.

Para determinar qué es principal y accesorio en un juicio tenemos que atenernos a la “relación procesal” generada por los siguientes elementos: la presentación de la demanda, resolución recaída sobre ella y su notificación al demandado.

Luego, con la contestación a dicha demanda por parte del demandado queda planteado en forma sustancial el problema que debe resolver el juez, ya que las partes una vez efectuadas estas actuaciones, no podrán posteriormente alterar las acciones o excepciones que sean el objeto principal del pleito (Art. 312 C.P.C.); la facultad del tribunal queda limitada pues, a la decisión de estas peticiones, que constituyen el asunto principal, salvo en los casos en que pueda proceder de oficio.

Art. 312 (302). En los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito.

Ahora, en torno al asunto principal, que constituye propiamente el pleito, van presentándose ciertas cuestiones que, si bien miran a la solución del litigio, no se refieren substancialmente al fondo del asunto mismo, pero se entienden sometidas a la jurisdicción del juez que conoce de la causa, quien las resuelve en el curso del proceso, de ahí que el Art. 111 del C.O.T. en su inciso 1º, señala que, “el tribunal que es competente para conocer de la cuestión principal lo es igualmente de todos los incidentes que en él se promuevan” (regla de la extensión).

2.- En cuánto a su definición podemos decir que, el término incidente deriva de la palabra latina “incidere”, que significa “lo que sobreviene accesoriamente en algún asunto o negocio fuera de lo principal”; por su parte el diccionario de la Real Academia dice que “es toda cuestión distinta del asunto principal del juicio pero con él relacionada, que se decide y se ventila por separado, a veces sin suspender el curso de aquel, y otras suspendiéndolo”.

El Art. 82 C.P.C. señala que incidente es “toda cuestión accesoria de un juicio que requiere pronunciamiento especial con audiencia de las partes, se tramitará como incidente y se sujetará a las reglas de este título, si no tiene señalado por la ley una tramitación especial”.

Darío Benavente nos dice que: “incidente es toda cuestión accesoria del pleito, que requiere un pronunciamiento especial del tribunal, con o sin audiencia de las partes”.

Hay quienes sostienen que, por la redacción indicada en el Art. 82 C.P.C., es indispensable para que exista un incidente que el tribunal oiga a la parte contraria (con audiencia de las partes), pero ello no es efectivo, porque, por ejemplo, si el incidente no tiene conexión alguna con el asunto que es materia del juicio, puede ser rechazado de plano (Art. 84, Inc. 1º C.P.C.).

Art. 84 (87). Todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano.

O bien, el tribunal puede resolver de plano aquellas peticiones que se puedan fundar en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad (Art. 89).

Art. 89 (92). Si se promueve un incidente, se concederán tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución.

En este sentido se ha entendido que la “audiencia previa de las partes” en un incidente es un requisito formal, más no de fondo, puede existir o no, y sin embargo estarse en presencia de un incidente. Además, hay jurisprudencia que ha señalado que: “la calidad de un incidente se determina más que por la tramitación, por la esencial condición de su definición, o sea, de cuestión accesoria de un juicio o procedimiento que requiere pronunciamiento especial” y esta parece ser la buena doctrina.

Finalmente diremos que son dos los elementos de todo incidente:

a) La accesoriedad respecto del objeto principal del pleito, y
b) Un pronunciamiento especial del tribunal.

3.- En relación al fundamento de los incidentes, se ha dicho que su justificación es para clarificar los juicios, de simplificar la labor del juez, desembarazando del litigio mismo aquellas cuestiones que durante su tramitación van apareciendo.

Mediante ellos se apartan del fondo del juicio todas las materias que, aunque ligadas con lo fundamental de la litis, pueden perfectamente substanciarse y decidirse separadamente, con lo que se consigue hacer más fácil y expedito el procedimiento; esto es, existe una razón de economía procesal en su fundamentación.

En la práctica profesional suele desvirtuarse su fundamento, transformándose los incidentes en un arma en contra de la buena fe, porque en manos de litigantes (abogados) maliciosos, es un medio de diferir y alargar los procesos, con graves daños a la actividad jurisdiccional. De ahí que el legislador les ha dado una reglamentación rigurosa, estableciendo incluso sanciones en caso de abuso manifiesto en la interposición de los mismos (Art. 88 C.P.C.).

Por último, debemos hacer presente que, en jerga judicial, el término incidente también se le conoce como “artículo”, de ahí que, por ejemplo, en materia de apelación de incidentes, en la Corte se registran con el nombre de “apelación de artículo” (A), para diferenciarlos de las apelaciones en contra de sentencias definitivas (D).

Art. 88. La parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio, no podrá promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije. El tribunal de oficio y en la resolución que deseche el segundo incidente determinará el monto del depósito. Este depósito fluctuará entre una y diez unidades tributarias mensuales y se aplicará como multa a beneficio fiscal, si fuere rechazado el respectivo incidente.

El tribunal determinará el monto del depósito considerando la actuación procesal de la parte y si observare mala fe en la interposición de los nuevos incidentes podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo. La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará obligada a efectuar depósito previo alguno.

El incidente que se formule sin haberse efectuado previamente el depósito fijado, se tendrá por no interpuesto y se extinguirá el derecho a promoverlo nuevamente.

En los casos que la parte no obligada a efectuar el depósito previo en razón de privilegio de pobreza interponga nuevos incidentes y éstos le sean rechazados; el juez, en la misma resolución que rechace el nuevo incidente, podrá imponer personalmente al abogado o al mandatario judicial que lo hubiere promovido por vía de pena, una multa a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias mensuales, si estimare que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso.

Todo incidente que requiera de depósito previo deberá tramitarse en cuaderno separado, sin afectar el curso de la cuestión principal ni de ninguna otra, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en el fallo del respectivo incidente.

Las resoluciones que se dicten en virtud de las disposiciones de este artículo, en cuanto al monto de depósitos y multas se refiere son inapelables.

II. Clasificación de los incidentes

1.- Según tengan o no señalado por ley un procedimiento especial para su tramitación:

a) Ordinarios: Se tramitan conforme a las reglas señaladas en el Título IX, libro I, Arts. 89 a 91 C.P.C., y sus reglas tienen aplicación general, tanto a los incidentes promovidos dentro del juicio, regidos por el procedimiento ordinario como a los interpuestos en juicios de procedimientos especiales;

Art. 89 (92). Si se promueve un incidente, se concederán tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución.

Art. 90 (93). Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de ocho días para que dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay lugar a ellas.

Dentro de los dos primeros días deberá acompañar cada parte una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina.

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, podrá el tribunal, por motivos fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso del plazo total de treinta días, contados desde que se recibió el incidente a prueba.

Las resoluciones que se pronuncien en los casos de este artículo son inapelables.

Art. 91 (94). Vencido el término de prueba, háyanla o no rendido las partes, y aun cuando éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro de tercero día, la cuestión que haya dado origen al incidente.

b) Especiales: son aquellos que tienen señalados una tramitación específica por la ley, y son:
- De la acumulación de autos (Título X);
- De las cuestiones de competencia (Título XI);
- De las implicancias y recusaciones (Título XII);
- Del privilegio de pobreza (Título XIII);
- De las costas (Título XIV);
- Del desistimiento de la demanda (Título XV);
- Del abandono del procedimiento (Título XVI) todos del libro I del C.P.C.

2.- Según tenga o no relación con el fondo del juicio:

a) Incidentes conexos: son aquellos que tienen conexión con el asunto principal del juicio;

b) Inconexos: que no tienen relación con el asunto controvertido, y en cuyo caso el tribunal los puede rechazar de plano, sin necesidad de oír a la parte contraria (Art. 84 C.P.C.).

Esta norma del Art. 84 viene en precisar el exacto concepto de incidente, ya que autoriza el juez para repeler de oficio la pretensión de introducir a la litis una cuestión totalmente desvinculada de ella, y esto en razón de que el asunto que se trata de promover no tiene el carácter jurídico de incidente, ya que le falta el elemento conexión o relación con lo fundamental del juicio.

3.- Según el momento en que se promueven:

a) Antes del juicio: Por ejemplo, las medidas prejudiciales (Arts. 273 y ss.);
b) Durante el juicio o simultáneos: Son de muy variada naturaleza y número;
c) Después de dictarse el fallo definitivo: Por ejemplo, procedimiento incidental del cumplimiento del fallo (Arts. 231 y ss.), pago de costas, etc.

4.- Según suspendan o no el asunto principal:

a) De previo y especial pronunciamiento: Son aquellos que sin su previa resolución no se puede seguir substanciando la causa principal, se suspenderá el curso de ésta (Art. 87, Inc. 1), Vg.: Implicancias y recusaciones (Art. 119 C.P.C.);

b) Los que no tienen este carácter: Esto es, no suspenden el curso de la causa principal (87, Inc. 2).

5. En relación a esta clasificación surge otra estrechamente relacionada:

a) Incidentes que se tramitan en el cuaderno principal: Que son los de previo y especial pronunciamiento, el incidente se tramitará en la misma pieza de autos.

b) Los que se tramitan por cuerda separada: Son los que no tiene el carácter de previo y especial pronunciamiento y se tramitan separado del asunto principal en el denominado “cuaderno de incidentes”. Vg.: las medidas precautorias (Art. 302, Inc. 1, C.P.C.).

5. Según tengan o no el carácter de dilatorios:

a) De carácter dilatorio: Tiene por finalidad corregir vicios de procedimiento, y se traducen en un retardo en la entrada o marcha del juicio. Vg.: Incidente de nulidad procesal.

b) Los que no tienen ese carácter: Vg.: Medidas precautorias, sobres costas, etc. El Art. 147 C.P.C., nos señala que: “Cuando la parte que promueve un incidente dilatorio no obtenga resolución favorable, será precisamente condenado en costas”

III. Oportunidad en que deben promoverse los incidentes y sanción en caso de incumplimiento

1. Reglas de carácter general:

a) Los incidentes deben promoverse tan pronto como los motivos que los originan lleguen al conocimiento de la parte interesada. Lo que se deduce de los artículos 84, Inc. 2 del C.P.C., que nos señala: “Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, como defecto legal en el modo de proponer la demanda deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito” y 85, Inc. 1, del C.P.C., que nos señala: “Todo incidente originado de un hecho que acontezca durante el juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva”.

Se ha entendido que lo que la ley requiere es un “conocimiento real y efectivo” de los hechos en que se funda un incidente, no bastando entonces una simple noción acerca de ellos por rumores u otras formas vagas de percepción. Así, nace la obligación de promover el incidente desde que se tenga una idea clara de la existencia de los motivos que los originan, tanto con respecto a su naturaleza como a sus relaciones y efectos.

b) Los incidentes pueden promoverse durante la tramitación del juicio en que se producen (in limite litis), y esto es así ya que los incidentes no tienen vida independiente ya que acceden al juicio en que se promueven, y pueden interponerse, entonces, desde que se notifica la demanda (ya que desde ese momento tenemos juicio) y hasta antes de ser citadas, las partes, a oír sentencia. Y esto es así porque el Art. 433, Inc. 1, C.P.C., señala que, “citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género”, haciendo presente que este mismo artículo señala alguna excepciones en su inciso 2, entre ellos, los incidentes de nulidad señalados en los Arts. 83 y 84, medidas para mejor resolver (149 CPC), y medidas precautorias del Art. 290, a lo que tenemos que agregar la situación especialísima del Art. 80 C.P.C., (nulidad por falta de emplazamiento); acumulación de autos, (98 CPC).

2. Reglas expresas señaladas en el Código de Procedimiento Civil:

a) Incidentes originados en hechos ocurridos antes o coetáneos con la iniciación del juicio.

Conforme al señalado artículo 84, Inc. 2, C.P.C., éstos deberán promoverse por la parte interesada antes de hacer cualquier gestión principal en el pleito.

Debemos hacer presente que, el legislador expresamente ha reconocido que todo juicio se inicia, por regla general, con la notificación de la demanda al demandado (Art. 1603, Inc. 5, C.C., contenido en las normas sobre el pago o solución). Y resulta difícil precisar con exactitud qué hechos nacen antes del juicio y cuáles durante su tramitación.

Con criterio estricto llegaremos a la conclusión de que son anteriores al juicio aquellos sucesos que se originan hasta el momento en que se notifica la demanda. Se ha señalado que estas dos situaciones indicadas en el artículo 84, inciso 2, dicen relación con el “demandado”, ya que con respecto al actor, resulta muy difícil que ocurran hechos anteriores o coexistentes con la iniciación del juicio que pudieran servir de base a un incidente ordinario.

Debemos hacer presente que el contenido del artículo 84 es semejante con lo que expresa el 303 del C.P.C. sobre “excepciones dilatorias”. Sabemos que estas excepciones tienen por objeto la corrección del procedimiento y que sólo pueden interponerse, por regla general, hasta antes de contestar la demanda (dentro del término de emplazamiento), dándosele la tramitación de los incidentes; además ambos preceptos señalan el límite para promover dichas incidencias o excepciones.

Así, mientras el artículo 305 prohíbe interponer estas excepciones después de vencido el término de emplazamiento, el artículo 84 impide que, con posterioridad de realizarse cualquier gestión principal, se tramiten incidencias basados en hechos ocurridos antes o durante la iniciación del juicio y, por “gestión principal” se entiende aquella que mira al fondo del asunto, es decir, para el caso en estudio, la contestación de la demanda.

b) Los incidentes cuyas causas existan simultáneamente, deberán promoverse a la vez, nos dice el Art. 86 C.P.C.

c) Incidentes originados por hechos acaecidos durante el juicio deberán promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva. (Art. 85, Inc. 1, C.P.C.).

La sanción en caso de que estos incidentes sean promovidos fuera de las oportunidades señaladas, esto es, en forma extemporánea, deben ser rechazados de oficio o de plano por el tribunal (Art. 84, Inc. 3; Art. 85, Inc. 2), lo que constituye una excepción al principio de pasividad que rige en materia civil (Principio dispositivo).

Esta sanción no tiene lugar cuando el incidente se basa en vicios que anulan el proceso o se refieren a una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha en el juicio. (Arts. 84, Inc. 3; 85, Inc. 2 y 86).

En el primer caso, esto es, cuando se base en vicios que anulen el proceso, se estará a lo que establece el Art. 83 C.P.C., el cual se refiere a la nulidad procesal, y se indica que éste deberá promoverse dentro del plazo de 5 días contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal.

En el segundo caso, esto es, si se refieren a una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio, en este caso el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.

IV. EL INCIDENTE DE NULIDAD PROCESAL Y CASOS ESPECIALES DE NULIDAD (ARTS. 79 Y 80 C.P.C.)

1. La incidencia sobre “nulidad procesal” por vicios de procedimiento se reglamenta en el Art. 83 C.P.C., el cual establece que la nulidad procesal puede ser declarada de oficio o a petición de parte, en los casos expresamente señalados por ley y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad (Inc.1).

La nulidad sólo podrá impetrarse dentro de 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal.

La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización o que ha convalidado tácita o expresamente al acto nulo, no podrá demandar la nulidad. (Inc. 2).

En relación a los efectos expansivos de la declaración de la nulidad procesal, el Inc. 3 del Art. 83 nos señala que, “la declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado. El tribunal al declarar la nulidad, deberá establecer precisamente cuáles actos quedan nulos en razón de su conexión con el acto anulado”.

Las reglas señaladas en este artículo 83, se deben complementar con las normas señaladas en los Arts. 84, 85 y 86 del C.P.C., las que, como hemos visto, se refieren a las reglas especiales sobre la oportunidad en que se deben interponer los incidentes.

2. Situación contemplada en el Art. 79 C.P.C.:

Esta disposición contempla la facultad que la ley acuerda al litigante rebelde (tanto demandante como demandado) para pedir la nulidad de lo obrado por haber estado impedido por fuerza mayor de actuar en el proceso. En este caso, la notificación de la demanda ha sido efectuada en forma correcta, pero el litigante se ha visto en la imposibilidad de concurrir al juicio por motivos insuperables.

Para determinar que debemos entender por fuerza mayor debemos remitirnos al Art. 45 del C.C., el cual indica que: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Debemos recordar que existen casos particulares de fuerza mayor en el C.P.C. que tienen una solución diferente. Así sucede, por ejemplo, respecto de ciertos entorpecimientos que impiden rendir prueba dentro del término probatorio, permitiéndose la concesión de términos especiales para ese fin (Arts. 339 y 340 CPC).

Art. 339 (328). El término de prueba no se suspenderá en caso alguno, salvo que todas las partes lo pidan. Los incidentes que se formulen durante dicho término o que se relacionen con la prueba, se tramitarán en cuaderno separado.

Si durante él ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la prueba, sea absolutamente, sea respecto de algún lugar determinado, podrá otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de días que haya durado el entorpecimiento y para rendir prueba sólo en el lugar a que dicho entorpecimiento se refiera.

No podrá usarse de este derecho si no se reclama del obstáculo que impide la prueba en el momento de presentarse o dentro de los tres días siguientes.

Deberá concederse un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente el tribunal, y que no podrá exceder de ocho, cuando tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo con la resolución que dicte el tribunal de alzada, acogiendo la apelación subsidiaria a que se refiere el artículo 319. Para hacer uso de este derecho no se necesita la reclamación ordenada en el inciso anterior. La prueba ya producida y que no esté afectada por la resolución del tribunal de alzada tendrá pleno valor.

Art. 340 (329). Las diligencias de prueba de testigos sólo podrán practicarse dentro del término probatorio.

Sin embargo, las diligencias iniciadas en tiempo hábil y no concluidas en él por impedimento cuya remoción no haya dependido de la parte interesada, podrán practicarse dentro de un breve término que el tribunal señalará, por una sola vez, para este objeto. Este derecho no podrá reclamarse sino dentro del término probatorio o de los tres días siguientes a su vencimiento.

Siempre que el entorpecimiento que imposibilite la recepción de la prueba sea la inasistencia del juez de la causa, deberá el secretario, a petición verbal de cualquiera de las partes, certificar el hecho en el proceso y con el mérito de este certificado fijará el tribunal nuevo día para la recepción de la prueba.

3. Situación contemplada en el Art. 80 C.P.C.:

Art. 80 (83). Si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, ofreciendo acreditar que, por un hecho que no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte substancial.

Este derecho no podrá reclamarse sino dentro de cinco días, contados desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio.

Art. 81 (84). Los incidentes a que den lugar las disposiciones contenidas en los dos artículos anteriores, no suspenderán el curso de la causa principal y se substanciarán en cuaderno separado.

La regla de que la nulidad procesal sólo puede reclamarse y decretarse mientras subsiste la litis, parece tener una excepción en este Art. 80 del C.P.C., el cual se refiere a la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento al demandado.

Esta disposición señala que “si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las resoluciones libradas en el juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, ofreciendo acreditar que por un hecho que no le es imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte substancial” (Inc. 1).

La doctrina piensa que incluso se puede solicitar la nulidad de todo lo obrado en base a esta disposición, después de haber terminado la tramitación del proceso en que se causó la irregularidad. Y para ello se dan las siguientes razones:

a) Por lo dispuesto en el Art. 182, Inc. 2, el cual indica que, no obstante producirse el efecto de desasimiento del tribunal, el litigante rebelde puede recurrir al derecho señalado en el Art. 80.

b) El Art. 234, Inc. final, en materia de oposición al cumplimiento incidental del fallo, señala que lo indicado en este artículo es sin perjuicio de lo prevenido en el Art. 80, y en esta etapa ya tenemos sentencia ejecutoriada en el pleito.

Este derecho de pedir la rescisión de lo obrado, sólo podría reclamarse dentro de 5 días contados desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio (Inc. 2, Art. 80).

Por último, debemos decir que, esta excepción a la regla de que este incidente se puede interponer incluso después de terminado el juicio, es solo aparente, ya que se ha señalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema que, “la nulidad procesal puede solicitarse cualquiera sea el estado o situación en que se encuentra el proceso, y ello porque, si no ha existido una relación procesal eficaz, las sentencias que se pronuncien en ese procedimiento, solo revisten apariencia de juicio y no pueden producir los efectos de cosa juzgada, válido respecto del litigante que no fue debidamente emplazado” (Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XXXVII, 2ª parte, sección 1ª, p. 313).

V. Facultades del tribunal para declarar de oficio la nulidad de actos del proceso.

Art. 84, Inc. final C.P.C.: El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley.

Esta disposición constituye una excepción al principio formativo dispositivo que rige en materia de procedimientos civiles.

VI. Tramitación de los incidentes ordinarios y naturaleza jurídica de la resolución que sobre ellos recae.

I. Promovido un incidente el tribunal puede asumir dos posiciones:

a) Puede rechazarlo de plano (o de oficio):

Ello ocurrirá cuando el incidente no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio (Art. 84 C.P.C.).

Art. 84 (87). Todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano.

Asimismo, el tribunal puede resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se puedan fundar en hechos que consten en el proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución (Art. 89 C.P.C.).

Art. 89 (92). Si se promueve un incidente, se concederán tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución.

b) Darle tramitación:

Si el tribunal admite a tramitación el incidente, dará traslado por tres días a la parte contraria (plazo fatal e individual). Esta resolución se notifica por el estado diario y, con su respuesta o sin ella, el tribunal puede:

1.- Fallar el incidente, (Art. 89 C.P.C.) o bien,

2.- Recibirlo a prueba, y así lo hará si hay hechos substanciales y controvertidos que deban acreditarse en el proceso (en relación al incidente), en cuyo caso abrirá un término de ocho días para que dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay lugar a ellas (Inc. 1, Art. 90 C.P.C.).

Art. 89 (92). Si se promueve un incidente, se concederán tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución.

Art. 90 (93). Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de ocho días para que dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay lugar a ellas.

Dentro de los dos primeros días deberá acompañar cada parte una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina.

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, podrá el tribunal, por motivos fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso del plazo total de treinta días, contados desde que se recibió el incidente a prueba.

Las resoluciones que se pronuncien en los casos de este artículo son inapelables.

Debemos hacer presente que cuando haya de rendirse prueba en un incidente, la resolución que lo ordene determinará los puntos sobre que debe recaer y su recepción se hará en conformidad a las reglas establecidas para la prueba principal, y además, la resolución que recibe a prueba un incidente se notifica por el “estado diario” (y no por cédula), conforme se indica en el Art. 323 C.P.C.

Art. 323 (312). Cuando haya de rendirse prueba en un incidente, la resolución que lo ordene determinará los puntos sobre que debe recaer, y su recepción se hará en conformidad a las reglas establecidas para la prueba principal.

La referida resolución se notificará por el estado.

La parte que desee rendir prueba testimonial deberá, dentro de los dos primeros días, acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio. Sólo se examinará los testigos que figuren en dicha nómina. (Inc. 2, Art. 90 C.P.C.).

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio podrá el tribunal, por motivos fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que estime necesario, no excediendo en ningún caso del plazo total de 30 días, contados desde que se recibió el incidente a prueba. (Inc. 3, Art. 90 C.P.C.).

Debemos hacer presente que, esta norma tiene excepciones en los casos señalados en el Art. 327 C.P.C.

Art. 327. Todo término probatorio es común para las partes y dentro de él deberán solicitar toda diligencia de prueba que no hubieren pedido con anterioridad a su iniciación.

En los casos contemplados en los artículos 310, 321 y 322 el tribunal, de estimar necesaria la prueba, concederá un término especial de prueba que se regirá por las normas del artículo 90, limitándose a quince días el plazo total que establece en su inciso tercero y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 431.

El plazo de ampliación del término probatorio de un incidente, será de 15 días (y no de 30) en los siguientes casos:

a) Caso del Art. 310: Las excepciones de prescripción, de cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente escrito, si se formulan en primera instancia después de recibida la causa a prueba, se tramitarán como incidentes. Y en caso de ampliación del término probatorio, no puede exceder éste de quince días, y si se deducen en segunda instancia, antes de la vista de la causa, se seguirá igual procedimiento.

b) Caso del Art. 321: Incidente de ampliación de la prueba cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho substancialmente relacionado con el asunto que se ventila (Inc. 1), o a hechos verificados y no alegados antes de recibirse la causa a prueba (Inc. 2); y

c) Caso del Art. 322: Que también se refiere al incidente de ampliación de la prueba pedido, a su vez, por la parte contraria al momento de contestar traslado del incidente de ampliación.

Por su parte, el Inc. 4 del artículo 90 C.P.C., nos señala que “las resoluciones que se pronuncien en los casos de este artículo son inapelables”.

Esto es, la resolución que recibe a prueba un incidente y la resolución que amplía el plazo del término probatorio de un incidente. No vemos inconveniente que, en contra de estas sentencias, se pueda recurrir de reposición (Art. 181 C.P.C.).

Art. 181 (204). Los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto, si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exijan.

Aun sin estos antecedentes, podrá pedirse, ante el tribunal que dictó el auto o decreto, su reposición, dentro de cinco días fatales después de notificado. El tribunal se pronunciará de plano y la resolución que niegue lugar a esta solicitud será inapelable; sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado, si es procedente el recurso.

Una vez vencido el término de prueba, háyanla o no rendido las partes, y aún cuando éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, más tardar, dentro de tercero día, la cuestión que haya dado origen al incidente (Art. 91 C.P.C.).

II. En cuanto a la naturaleza jurídica de la resolución que falla un incidente, ésta será un auto o una sentencia interlocutoria según fije o no derechos permanentes a favor de las partes o resuelva sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria (Art. 158 CPC).

Art. 158 (165). Las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos.

Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria.

Se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior.

Se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso.

Vg.: Tienen el carácter de sentencia interlocutoria, la resolución que recae sobre una excepción dilatoria, la que acepta el desistimiento de la demanda, la que declara el abandono del procedimiento, la que anula el procedimiento, la que declara la incompetencia del tribunal, la que da lugar a las peticiones de implicancias o recusación.

Vg.: Tiene el carácter de auto, la sentencia que se pronuncia sobre medidas precautorias.

Esta distinción es importante para determinar los recursos que pudieren proceder en contra de ella, ya que si se trata de una sentencia interlocutoria proceden en contra de ella los recursos de:

a) Apelación: (Art. 187, C.P.C.) y en el sólo efecto devolutivo (Art. 194, N° 2, C.P.C.).

Art. 187 (210). Son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso.

Art. 194 (217). Sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en la ley, se concederá apelación sólo en el efecto devolutivo:

1. De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios;
2. De los autos, decretos y sentencias interlocutorias;
3. De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria;
4. De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias;
5. De todas las demás resoluciones que por disposición de la ley sólo admitan apelación en el efecto devolutivo.

b) Aclaración, rectificación y enmienda: (Art. 182 C.P.C.).

Art. 182 (205). Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Podrá, sin embargo a solicitud de parte, aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia.

Lo dispuesto en este artículo no obsta para que el rebelde haga uso del derecho que le confiere el artículo 80.

c) De casación en la forma: Cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación (Art. 766, C.P.C.);

Art. 766 (940). El recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias definitivas, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y, excepcionalmente, contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la causa.

Procederá, asimismo, respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquéllos que se refieran a la constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de los avalúos que se practiquen en conformidad a la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y de los demás que prescriban las leyes.

d) El de casación en el fondo: Sólo procede contra aquellas sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, siempre que ellas sean inapelables y se dicten por una Corte de Apelaciones o un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho que conozcan negocios que queden dentro de la competencia de dichas cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo (Art. 767 C.P.C.).

Art. 767. El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Tratándose de un auto procede:

a) Recurso de reposición (Art. 181, C.P.C.); y

b) Recurso de apelación: Sólo cuando el auto dictado altere la substanciación regular del juicio o recaen sobre algún trámite que no esté expresamente ordenado por ley (Art. 188, C.P.C.).

Art. 188 (211). Los autos y decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la substanciación regular del juicio; pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación sólo podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida.

Vg.: Un auto que amplía el término de prueba por un tiempo superior al permitido o el que ordena la comparecencia de una persona fuero de los casos señalados por la ley.

Art. 144 (151). La parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el tribunal eximirla de ellas cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código.

En relación a la tramitación de los incidentes ordinarios, debemos tener presente que el legislador ha previsto, a fin de evitar que se exagere el uso de incidentes dilatorios, que la parte que haya perdido dos o más incidentes en un mismo juicio, no puede promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste determine. El tribunal de oficio y en la resolución que deseche el segundo incidente, determinará el monto del depósito y si el nuevo incidente es rechazado, este depósito se estimará como multa a beneficio fiscal (Art. 88, Inc. 1, C.P.C.).

El tribunal determinará el monto del depósito considerando la actuación procesal de la parte y si observare mala fe en la interposición de los nuevos incidentes podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo. La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará obligada a efectuar depósito previo alguno (Inc. 2, Art. 88); pero, en seguida, el legislador establece una sanción al abogado o al mandatario judicial, que representa a una parte que goce de privilegio de pobreza y por tanto exenta de rendir el depósito previo, cuando se interpongan nuevos incidentes y éstos sean rechazados. En este caso, el juez en la misma resolución que rechace el nuevo incidente, podrá imponer personalmente al abogado o mandatario que lo hubiere promovido, por vía de pena, una multa a beneficio fiscal de una a 10 U.T.M., si estimare que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso (Inc. 4).

Además, se señala que todo incidente que requiera de depósito previo deberá tramitarse en cuaderno separado, sin afectar el curso de la cuestión principal, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en el fallo del respectivo incidente (Inc. 5).

Por último, el Inc. 6 del artículo 88 señala que las resoluciones que se dicten en virtud de las disposiciones de este artículo, en cuanto al monto del depósito y multas se refieran, son inapelables.

Aun repactar es una mala alternativa para los consumidores

2009-02-14T15:38:00.002-03:00

La fuerte baja en la tasa interbancaria definida por el Banco Central no se reflejará en el corto plazo, especialmente en los créditos hipotecarios y aunque implica un abaratamiento de los créditos desde ODECU se recomienda no repactar ningún crédito.

Por Alejandro Pujá Campos,
Coordinador ODECU Chile.

La mejor recomendación para todo tipo de endeudados es informarse de las normas legales que los amparan y utilizarlas para enfrentar el pago, aunque sea atrasado, de sus deudas.

Al respecto véase el artículo sobre cálculo de intereses y gastos de cobranza en la sección “Preguntas frecuentes” de www.misdeudas.cl.

Pagar atrasado sigue siendo más económico que cualquier repactación, a pesar de la fuerte, violenta, baja decretada por el Banco Central que ubicó la tasa de interés interbancaria en 4,75%.

Banco Central exhibe debilitación en su autonomía

Cabe señalar que la última decisión del Banco Central denota pérdida de autonomía política y permeabilidad a las presiones que afectan sus decisiones técnicas.

Rebaja casi inesperada

Si bien es cierto que la rebaja de la tasa interbancaria ha sido recibida positivamente por todos los sectores y especialistas, hay consenso en lo sorpresivo de la cantidad de puntos base disminuidos, 250.

Esto se explica pues a pesar de la desaceleración económica que distintos indicadores señalaban con el paso de las semanas y meses desde mediados del 2008, el Central siguió pisando el freno.

Compra de dólares

Ya antes, este mismo Consejo estableció un calendario de compra de dólares para mejorar su precio, en una clara medida de apoyo a los exportadores agrícolas, que se quejaban de su bajo precio. Y a pesar de la recuperación del precio, sea por esta causa como por otras externas, el Central siguió comprando cuando ya era claro que no se necesitaba más intervención.

Traspaso de la rebaja

Consecuentes con la conducta exhibida por los bancos, es muy probable que éstos demoren el traspaso de esta rebaja a los créditos de corto y mediano plazo, como los de consumo, siendo nula la rebaja en los de más largo plazo, como los hipotecarios.

Por ello, a pesar de la rebaja, las tasas de interés seguirán altas por varias semanas, a lo menos.

Es posible que el Gobierno deba intervenir pronto para que se mejoren las condiciones de acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas por su importancia en la producción y el empleo.

Repactaciones sólo aumentan los saldos y el escenario mundial es imprevisible

Por otra parte, por baja que sea la tasa de interés, cualquier repactación implica un aumento del saldo de la deuda, lo que es mantener el endeudamiento en el mediano y largo plazo, cuestión no recomendable en vista de la volatilidad ya permanente de los mercados.

Las familias chilenas exhiben bajos niveles de ahorro y nada garantiza que antes de que se salga de esta crisis no ocurra otra eventualidad que desmejore los avances o, inclusive, implique un fuerte retroceso.

Esa ha sido la tónica de los últimos años, con una seguidilla de acontecimientos de distinta naturaleza que impactan las economías e impiden el mejoramiento tanto de los niveles de vida de algunos sectores así como del desendeudamiento de otros, en mejores condiciones de consumir.

A la crisis asiática le siguió la Guerra del Golfo, la baja del valor del cobre, el alza del petróleo, la crisis subprime norteamericana y ahora una crisis multifactorial a nivel mundial, entre otras variantes que nunca faltan.

No repactar y asesorarse

Por tanto, el llamado es a no aumentar los niveles de endeudamiento con más reprogramaciones, informarse de la legislación que permite enfrentar las deudas de otro modo y en los casos más graves, conseguir asesoría financiera y orientación legal especializada para enfrentar los casos de endeudamiento con varios acreedores.

Ley de insolvencia y otras medidas oportunas siguen esperando

Todo lo anterior parece ser más efectivo que la velocidad en que se tramita en el Congreso Nacional la ley de insolvencia propuesta por ODECU hace dos años u otros cambios y políticas que venimos planteando hace meses, las cuales son especialmente atendibles en tiempos de crisis.

Tiendas Corona también efectúa cobranzas indebidas

2009-01-17T12:53:00.007-03:00

A pesar de los reclamos, Corona insiste en efectuar cobranzas en domicilios y a personas que nada le deben.

Desde ODECU planteamos que ya es hora de que los consumidores castiguen a las empresas dejando de preferir sus productos.

Por Alejandro Pujá Campos,
Coordinador ODECU Chile

Parece que Tiendas Corona sigue la senda de otras empresas que efectúan cobranzas a diestra y siniestra, sin ninguna consideración hacia quienes les deben y, más sorprendentemente, sin el debido respeto para tratar a quienes nada le deben y se ven acosados por sus acciones de cobranza.

Llamados insistentes para cobrar lo que no se les debe.

El caso que provoca esta nota es de una habitante de Rancagua a la cual Tiendas Corona, a través de su empresa de cobranza, le efectúa continuos e insistentes llamados telefónicos, en distintos horarios, preguntando por un tercero absolutamente desconocido para los reclamantes, quienes expusieron su caso a ODECU.

Tiendas Corona ha llamado por teléfono durante meses preguntando por la Sra. Aurora al teléfono de la Sra. Teresa y a pesar de que se ha explicado a quienes llaman que la Sra. Aurora no vive en el domicilio y que ni siquiera se le conoce, aparentemente, no toman nota de ello e insisten uno o dos días después.

Y esto ya lleva semanas o meses pues la familia afectada, no contabilizó el tiempo desde que partió este acoso pues al principio les pareció que eran errores que no se repetirían.

A mayor abundamiento, como se repitieron los llamados, se le indicó a las encargadas de la cobranza, pues siempre han sido voces femeninas, que pueden verificar, consultando la guía telefónica, que el número al cual se dirigen buscando a la Sra. Aurora, está hace más de un año a nombre de la Sra. Teresa.

Pero parece que su actuar negligente y desconsiderado no les permite siquiera efectuar ese chequeo antes de seguir llamando.

Corona no lo soluciona

Los llamados telefónicos han generado el malestar de la familia que últimamente solicita la identidad de quienes los hacen, los que en vez de responder cortan abruptamente, en una actitud propia de quien sabe que esta haciendo algo malo o incorrecto, en otras palabras, una actitud delincuencial.

La última persona que llamó y que terminó agotando la paciencia de los reclamantes, en vez de identificarse insistió agresivamente: ¡¡Bueno, ¿está o no está la Sra. Aurora...!! Y como no se le respondió, insistiéndosele en que se identificara, colgó del mismo modo como habían hecho otras que habían llamado, cuando se les manifestaba, ya con molestia, que la persona que buscaban era desconocida.

Ya que los llamados se efectúan en Rancagua, la familia afectada se comunicó con la tienda Corona de esa ciudad donde, nuevamente sin identificarse, la persona que atendió, ejecutiva de cuentas, sólo se remitió a explicar que las cobranzas las llevaba una empresa externa y que llamase al fono 600 37 37 700, sin poder aclarar si ese llamado causaría gastos al reclamante.

Política de cobranza de Corona

Luego de una breve investigación y de acuerdo a la experiencia de ODECU en estas materias, es posible que esta conducta sea parte de una política de acoso a ex clientes de Corona, algunos talvez deudores, similar a la efectuada, también en Rancagua, por la empresa de cobranza RECSA, Recuperadora de Capitales S. A., de lo cual alertamos en más de una ocasión y que fue objeto de una nota de prensa del programa "Esto no tiene nombre" que lo trató en el capítulo "Deuda prescrita".

De acuerdo a otros reclamos recibidos habrían dos empresas asociadas a los llamados telefónicos y las cobranzas de Tiendas Corona: una de ellas es Hispanic Global y la otra, adivinen, la ya famosa RECSA.

¿Hacia dónde va Corona?

Ante estas conductas reiteradas en el tiempo, es claro que Tiendas Corona está dispuesta a violar los derechos de los consumidores, les deban o no algo, sean o no sus clientes, sin discriminación alguna, perturbando la tranquilidad de quienes nada le deben.

El llamado es a efectuar las denuncias ante los medios de comunicación, las Asociaciones de Consumidores a lo largo del país, el listado completo se encuentra en la página del Servicio Nacional del Consumidor; ante el mismo Servicio Nacional del Consumidor, se puede hacer por Internet y, en los casos más graves, ante el Juzgado de Policía Local respectivo.

Los consumidores tienen el poder

No obstante todo lo anterior, los consumidores pueden hacer algo mejor para castigar estas conductas y ello es no comprar en Tiendas Corona, no preferir sus productos y divulgar esta conducta entre los amigos y familiares para que solidaricen, asumiendo la misma actitud, hasta que Corona públicamente ofrezca disculpas y se comprometa a respetar los derechos ciudadanos y de los consumidores en sus actuaciones comerciales y, con mayor razón aun, por lo delicado del tema, en materia de cobranza de morosidades, las cuales deben ser efectuadas con arreglo a las leyes y con el debido respeto a la dignidad de todas las personas, deudores o no.

Medidas económicas para enfrentar la crisis, ¿qué les falta?

2009-01-08T21:35:00.003-03:00

Parte de la experiencia de un actor no siempre considerado y que tiene mucho que decir en la materia: la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, administradora del sitio www.misdeudas.cl.

Por Alejandro Pujá Campos,

Coordinador ODECU Chile.

Desde ODECU y www.misdeudas.cl, saludamos las medidas anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet para enfrentar el escenario económico mundial y esperamos sean aprobadas por los legisladores y sean adecuadamente implementadas.

No obstante ello, hace rato que vemos que hay materias que no son objeto de atención no sólo del gobierno sino también de los parlamentarios de todos los sectores, e inclusive de la prensa, y que adecuadamente tratadas, pueden ser un aporte substantivo no sólo a ayudar en la actual crisis sino a prevenir los efectos de las que vendrán, pues el péndulo de la historia se mueve, cíclicamente, de un lado a otro.

Educación financiera

Vemos con preocupación cómo algunas soluciones sólo apuntan a proveer más recursos para enfrentar los problemas. Y siendo esta una medida útil, su eficacia se ve disminuida por la ausencia casi absoluta de programas de educación financiera a los consumidores que cuando reciben más recursos, por cualquier vía, sean estas subvenciones, bonos, anticipos de impuestos, etc., intentan solucionar sus problemas sin considerar algunos altos costos asociados a pagar sin reflexionar.

Y así ocurre que cuando la familia tiene más dinero, intenta pagar sus deudas pero buena parte de lo que destina a pagos se queda enredado en comisiones, seguros, intereses, gastos de cobranza, honorarios, disminuyendo muy poco el capital de la deuda lo cual las eterniza.

¿Cuánto del último reajuste salarial de los empleados públicos se está quedando en pagos de deudas mal negociadas por los clientes de tiendas y bancos…?

¿Cuánto del bono de $40.000 para el millón y medio de familias más pobres no seguirá el mismo derrotero….?

Porque si algunos no lo saben, las familias más pobres del país, donde quizá hay más necesidades insatisfechas especialmente en lo psicológico lo que explica el consumo casi irracional de celulares, televisores LCD, ropa de marca, entre otros productos no estrictamente de primera necesidad, también tienen deudas, especialmente con casas comerciales, supermercados y farmacias y destinan buena parte de sus ingresos, bonos y subvenciones incluidas, al pago de esas obligaciones, naturalmente sin ningún conocimiento de cómo es la mejor forma de enfrentar una morosidad.

La experiencia de ODECU y www.misdeudas.cl nos señala prácticas que rayan en lo irracional cuando un deudor se ve presionado por las acciones de cobranza de una simple cuota.

Algunos acuden a los avances en efectivo para pagar una cuota de otra tienda, sin considerar que sólo la comisión de esa operación puede ser igual o superior al mismo monto del avance y que sumados los intereses pagará tres o cuatro veces el valor de la cuota que quería saldar.

Ese deudor no sabe que es más barato pagar atrasado, con los intereses legales y los gastos de cobranza extrajudicial, que están regulados, que haber sacado el avance en efectivo o, tan peor aun, repactar el total de la deuda, cuando sólo debe una, dos o tres cuotas.

Eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas

Si bien es cierto que esta medida rebaja el costo de los créditos, es cada vez más marginal ya que el Gobierno había reducido este impuesto con anterioridad y, por tanto, la actual eliminación, transitoria por cierto, no impactará fuertemente el costo del crédito. Más lo debiera hacer el anuncio de hoy del Banco Central que disminuyó en 100 puntos base la Tasa de Política Monetaria, siempre y cuando los bancos traspasen la disminución a los créditos.

El llamado desde ODECU es a no repactar pues las tasas siguen altas y pasará un buen tiempo antes que los créditos de mediano y largo plazo disminuyan. Es mejor pagar atrasado, con los costos legales asociados, que repactar una deuda.

Control de la cláusula de aceleración

Sin embargo, pagar atrasados las cuotas, pagando los costos legales asociado a ello, no es fácil con nuestra actual legislación y la existencia de la cláusula de aceleración en todo tipo de contrato de créditos.

La cláusula de aceleración es aquella que faculta al acreedor para cobrar el saldo total del crédito como si fuese de plazo vencido por el sólo hecho de haberse atrasado el deudor en el pago oportuno de una o más cuotas del crédito.

Suele ir acompañada de otra que establece que en caso de notoria insolvencia del deudor con un tercero ajeno a la relación contractual, de igual modo el acreedor podrá acelerar el crédito, resolvíendolo en contra de los intereses del deudor.

Es decir, si el banco A le ha otorgado un crédito hipotecario al Sr. B y a su vez el Sr. B tiene una deuda morosa con el banco C, la sola existencia de la morosidad del Sr. B con el banco C será motivo para que el banco A, con el cual el Sr. B está al día, le exija el saldo total de la deuda, como si fuese de plazo vencido. Impagable por supuesto. Acudiendo al refranero popular, “del árbol caído, todos quieren sacar leña”.

Es este tipo de disposiciones legales y contractuales las que utilizan los acreedores para obligar a los clientes a las repactaciones. O reprograma o lo demandan. Si no reprograma, lo demandan, le ponen una presión que pocos resisten y, por tanto, en la mayoría de los casos terminan repactando en pésimas condiciones, como ya se ha descrito en esta nota.

Este es el tipo de operaciones que le han dado al sector financiero nacional buena parte de la tremenda rentabilidad de que ha gozado, exhibiendo ganancias colosales, aun con crisis mundiales, creciendo sostenidamente. El avance bancario de los últimos 20 años, asociado al desarrollo de los créditos del retail, la transformación de financieras en bancos, la creación de bancos a partir de multitiendas, le deben buena parte de su éxito a la existencia de este tipo de disposiciones legales que prácticamente nadie tiene la real voluntad de cambiar.

Reducción de tasas por vía legislativa

Un aporte realmente sustantivo al mejoramiento de la situación general de los endeudados, y que le daría un espaldarazo fuerte a la reactivación económica de mediano y largo plazo, es la reducción legal del actual porcentaje máximo de sobretasa que se puede aplicar a los créditos otorgados y a los pagos de créditos morosos, vía reforma legislativa de quórum simple.

La ley 18.010, sobre operaciones de crédito, que se puede descargar desde las sección Normativa Legal de www.misdeudas.cl, establece que los bancos y otras instituciones financieras, como las cooperativas y las mismas tiendas a través de sus tarjetas, pueden cobrar en los nuevos créditos que otorguen hasta un 50% por sobre la tasa de interés corriente vigente al momento de la suscripción del contrato de crédito. Y luego, si el cliente cae en morosidad, se le aplicará al momento del pago de la cuota atrasada la tasa de interés corriente vigente, aumentada en hasta un 50%.

Cuando las tasas están altas, como ha venido dándose en los últimos años, este porcentaje de sobretasa, autorizado por ley, es devastador para los bolsillos de los deudores que ven como sus cuentas se pueden duplicar, sólo por concepto de intereses, en uno o dos años.

A ello hay que agregar las comisiones, seguros, cargos de mantención, gastos de cobranza, honorarios, que se siguen acumulando pues los clientes no saben que a pesar de la morosidad pueden ponerle término a un contrato con lo cual, a lo menos, reducen su nivel de endeudamiento al sacarse de encima los cargos fijos o variables asociados a cualquier línea de crédito.

No hace en falta que en Chile se infringa la ley para cobrar intereses usureros, pues ello está autorizado por la legislación vigente.

Capitalización de intereses

Otro cambio legal muy necesario es el relativo a la capitalización de intereses que es incorporar en el capital o cuota adeudada los intereses que se hayan generado en un periodo anterior no inferior a 30 días. De esa manera, los intereses se suman al capital y, por tanto, generan nuevos intereses en el periodo siguiente. En Argentina, la capitalización no puede hacerse antes de un año.

Nuevamente, la legislación permite los cobros excesivos.

Proyecto de insolvencia de hogares y tribunales arbitrales

Ayer, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras ha llamado a los bancos a ayudar a sus clientes y la ayuda son las reprogramaciones o repactaciones de las deudas.

De acuerdo a los casos que atendemos en ODECU y a las consultas que llegan a nuestro portal, las ofertas de repogramación suelen distar mucho de los que se podría denominar una ayuda. Se dan casos de créditos hipotecarios que con una o dos reprogramaciones, sin asesoría financiera y legal para el consumidor, aumentan al doble o el triple la deuda del inmueble, en relación a lo que vale en el mercado o comparado con una vivienda similar nueva.

En otras palabras, dejando a un lado las consideraciones subjetivas relacionadas con el barrio, los vecinos y el ambiente en que se desarrollan las familias, al analizarlo crudamente se puede establecer que es antieconómico insistir en seguir pagando una vivienda cuya deuda es el doble o el triple del mercado.

Esto podría ser enfrentado, como ocurre ya en Europa y Estados Unidos, con sistemas de insolvencia de hogares a través de los cuales las familias pueden obtener arreglos a sus deudas acudiendo a jueces especializados, tribunales de mediación, similar a un interventor o síndico de quiebras para una empresa, que se encarga de sanear a la familia, morigerar cobros, establecer planes de pago, prohibiciones de nuevos endeudamientos, etc., sin exponerla a perder un bien tan preciado como la vivienda.

ODECU propició el proyecto que ya cumple dos años sin urgencia en el Congreso Nacional, cuestión increíble en el actual escenario.

Por tanto, cualquier medida del gobierno de turno, por buena que sea, tendrá efectos parciales si no se apuntan también a estos puntos y otros de tipo estructural como es la ya histórica brecha de mala distribución del ingreso, superior en Chile a países desarrollados, como España y Estados Unidos, donde la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es menor que en el nuestro.

SBIF imparte instrucciones relativas al cierre de productos bancarios

2008-12-14T13:20:00.003-03:00

Para el área legal de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, estas medidas son de extrema utilidad para los clientes, puesto limitan el accionar de las instituciones y sus funcionarios, evitando que se puedan cometer abusos o faltas a la ley; además de informar a los clientes sobre cómo deben actuar al enfrentar esta situación.

En el ánimo por mejorar la calidad y cantidad de información entregada por las instituciones financieras a sus clientes, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, pone hincapié en cuatro puntos a la hora de realizar el cierre de un producto bancario.

En primer lugar, establece que una cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por la institución o el cliente, siempre y cuando, en este último caso, éste haya presentado por escrito la solicitud formal para el cierre. Además, este cierre deberá hacerse efectivo, a más tardar, dentro de los dos días hábiles siguientes de presentada la solicitud.

A su vez, la superintendencia indica que no podrá ser un impedimento para el cierre de la cuenta que el titular mantenga algún tipo de deuda con la institución u otros pagos asociados al producto. Sin embargo, el banco debe advertir a éste su responsabilidad para dejar en la cuenta los fondos necesarios para la cobertura de estas deudas o de cheques girados que, a la fecha del cierre, no hubiesen sido cobrados.

Asimismo, la institución debe advertir al titular que pueden existir movimientos no facturados a la fecha del término del contrato que lo liga con el banco. En este caso, se le deberá informar al cliente oportunamente acerca de la modalidad y condiciones de pago de estos importes.

Por último, cualquier banco deberá comunicar a su cliente cuando el cierre solicitado no pueda efectuarse, entregándole las razones de esta acción e indicándole las condiciones requeridas y fechas aproximadas para hacerlo efectivo.

A continuación se reproduce íntegro el texto de la información alojada en la página de la SBIF, con su respectivo enlace a la fuente original y documentos adjuntos.

SBIF imparte instrucciones relativas al cierre de productos bancarios

SBIF transparenta información útil para los clientes.

Fernando Valdés O. (22/10/2007)

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, considera que en los últimos años se ha avanzado en cuanto a la cantidad, calidad y oportunidad de información que las entidades bajo su supervisión entregan a sus clientes, no obstante existe la necesidad de continuar mejorando con una mayor velocidad y profundidad.

Hoy en día los clientes están más informados y educados, financieramente hablando, esto es un factor importante para que los bancos sigan avanzando en la transparencia de la información y la calidad de atención que entregan a sus usuarios.

Se ha detectado que en algunas oportunidades, parte de las diferencias que se producen entre los clientes y su banco, se debe a problemas que se le suscitan a los clientes al momento de solicitar el cierre de su cuenta corriente, o de otros productos y/o servicio contratados. Situaciones que muchas veces se producen justamente por la falta oportuna de información.

En virtud del punto anterior, esta Superintendencia ha resuelto impartir las siguientes instrucciones, entre otras, a sus supervisados:

- Ejecutar con celeridad las solicitudes de cierre presentadas por los clientes y entregarles información oportuna y suficiente por escrito acerca del plazo y condiciones para proceder al cierre voluntariamente solicitado, así como de los efectos que este producirá y de las obligaciones o compromisos que pueden derivarse de esa acción para el solicitante.

- Suprimir el cobro de comisiones o gastos a contar de la fecha en que se solicite el cierre e informar al cliente de los cobros que a esa fecha y por esos conceptos pudieran estar pendientes.

- Advertir al cliente que, a partir del cierre de una cuenta corriente quedará sin efecto cualquier pago que se haya autorizado con cargo a ella, como los pagos automáticos de cuentas; cuotas de créditos de consumo; dividendos hipotecarios; tarjetas de crédito; transferencias de fondos programadas; etc., a menos que se hubiere dejado la provisión de fondos suficiente, como también los depósitos que se hubieren convenido.

- Indicar al cliente que debe cancelar las autorizaciones sobre pagos automáticos con cargo a la cuenta corriente o tarjeta de crédito, según corresponda, especialmente cuando estos se han contratado directamente con el establecimiento prestador del servicio.

- Advertir al interesado que pueden existir movimientos no facturados a la fecha del cierre, informándole acerca de la modalidad y oportunidad de cobro y condiciones de pago de esos importes.

- Abstenerse de informar como deuda vencida, los importes que habitualmente se cargan a la correspondiente cuenta y que, como consecuencia de su cierre, hubieren quedado impagos, sin antes haber enviado una comunicación al cliente, notificándole de esa deuda.

- Informar, cuando el cierre solicitado no pueda efectuarse de inmediato, acerca de las razones que lo impiden e indicar las condiciones requeridas para cursarlo y la fecha estimada en que éste podrá hacerse efectivo.

Ver Circular 3.408 (Documento Adobe Acrobat PDF; Peso 29 Kb).

Cuidado con las cobranzas irregulares

2008-08-24T16:36:00.003-04:00

A pesar de las denuncias de las organizaciones de consumidores y los medios de comunicación, sigue habiendo irregularidades en cobranzas de créditos.

Denuncias de ODECU Rancagua y programa de TVN "Esto no tiene nombre"

A las denuncias efectuadas en el blog de ODECU Rancagua y en la propia página web de la misma organización, se sumó recientemente un capítulo del programa de Televisión Nacional de Chile "Esto no tiene nombre" que bajo el título "Deuda prescrita" denunciaron irregulares métodos de cobranza de un estudio jurídico de Rancagua, el cual recientemente se cambió del domicilio informado.

Sin embargo, a pesar de estas alarmas, siguen existiendo abogados, estudios jurídicos y oficinas de cobranza que persisten en similares técnicas, aun cuando algunos tribunales han aplicado multas por este tipo de actuaciones.

Asesoría financiera y orientación legal: Una necesidad a nivel personal y de la pequeña empresa.

Este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de que cualquiera sean las deudas de una persona natural o jurídica, debe buscar asesoría especializada.

El costo de tales asesorías se financiará con los propios ahorros que el mismo servicio contratado generará. Para aquellos que tienen varias deudas, las posibilidad de importantes diferencias entre lo que le cobran actualmente y lo que efectivamente pague, va de desde varias decenas de miles hasta millones de pesos.

Alternativas de asesoría y orientación

Para ello hay alternativas confiables en el mercado como es el caso de los programas de asesoría financiera y orientación legal de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU y de la ONG QUERCUM 21.

En ambos casos, con leves diferencias de operación, el deudor puede obtener un valioso servicio para manejar sus deudas, las anotaciones en los registros comerciales y todos los problemas derivados de ellos, con aranceles competitivos y facilidades de pago.

Misdeudas.cl, Proyecto que se extiende por cuarto año

Asimismo, se puede acceder a un servicio online de información y consulta a través del sitio www.misdeudas.cl, administrado por ODECU y financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores.

Se recomienda navegar cuidadosamente por la página pues suele tener datos útiles y contenidos que responden la mayoría de las inquietudes habituales de los endeudados y de quienes buscan información antes de contratar un crédito. Sólo luego de ello, si no encuentra lo que busca, puede utilizar el portal para efectuar una consulta que no se halle en los contenidos permanentes del sitio. Recibirá una respuesta directamente en su correo personal.

Puede usar el servicio sin costo entre septiembre y diciembre del año 2008, fecha en que termina el proyecto, el cual para poder continuar debe postular a nuevos fondos estatales.

APLICACIÓN DE LA LEY DEL CONSUMIDOR EN CASOS DE ROBOS DE VEHÍCULOS DESDE ESTACIONAMIENTOS “GRATUITOS”.

2007-09-07T12:38:00.001-04:00

Por Alejandro Pujá Campos[2]

Se ha verificado en los últimos años un aumento sostenido en las denuncias sobre robos de vehículos en estacionamientos de supermercados y malls. De ello da cuenta especialmente la prensa en artículos de diarios, revistas y en reportajes de la televisión.[3]

Los autores materiales de estos hechos suelen ser delincuentes que, más o menos organizados, se asocian para cometer estos ilícitos y deben ser perseguidos criminalmente.

Sin embargo, aparte de ello, los autores postulamos la aplicación de la ley del consumidor a estos casos, en forma adicional a las acciones de carácter penal, ya señaladas.

Por tanto, el objeto de este trabajo es exponer, las razones jurídicas y fácticas que sustentan esta afirmación.

Efectuaremos un recorrido por la casuística ya habitual, revisaremos las razones por las que los consumidores se han llevado la peor parte en este conflicto, las razones de la tibieza de los tribunales para no hacer justicia y plantearemos cómo en el futuro se deben resolver estos casos.

CASOS CADA VEZ MÁS HABITUALES

A septiembre del 2005, se verificaban aproximadamente 5.000 robos de vehículos en Chile. Sin embargo, no se tenían estadísticas de cuántos eran sustraídos desde los estacionamientos de malls y supermercados.

Suple esta ausencia de información exacta, la labor de la prensa la cual ha sido fértil en notas y reportajes sobre la materia.[4]

De hecho, tanto el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos dependiente de Carabineros y las Fiscalías de la región metropolitana, dan cuenta del aumento de las denuncias.

Pero junto a los informes oficiales y los reportes de prensa, ha surgido un reclamo permanente de los afectados en el sentido de que se encuentran en la absoluta indefensión y prácticamente nadie responde por estos hechos.

A pesar de que el 70% de los vehículos son recuperados, el daño ya está hecho.

Como dice “José Morales, fiscal jefe de la unidad especializada de delitos contra la propiedad de la Regional Norte del Ministerio Público, hay dos tipos de bandas que se dedican al robo de vehículos. Los primeros para la comercialización de la máquina completa y los segundos para la venta de repuestos.

También hay un tercer grupo que es el que se dedica al robo de autos para cometer otros delitos".

Habrá de considerarse afortunado si los que sustraen su vehículo lo hacen para delinquir, pues en tal caso aumenta la probabilidad de recuperarlo en forma rápida y sin daños.

Por otra parte, aun cuando las investigaciones policiales y la labor de la nueva justicia han logrado desbaratar varios grupos organizados, la habitual incapacidad de los afectados para perseguir civilmente a los responsables, junto a la ausencia de patrimonio propio de los delincuentes hace inviable obtener alguna compensación de los daños materiales y, menos aun, de los morales derivados de estos ilícitos.

EL SENTIDO COMUN NO BASTA

En innumerables casos los afectados por estos robos han acudido a los funcionarios de seguridad de los recintos en que han ocurrido los hechos. Lo hacen buscando ayuda para enfrentar la traumática situación que experimentan, para que los ayuden a obtener la rápida presencia de Carabineros y para que les entreguen datos útiles que permitan las indagaciones posteriores de la policía.

Sin embargo, habitualmente, el auxilio apenas alcanza para llamar a Carabineros ya que los guardias nunca han visto nada, ni saben algo que pueda ayudar a la investigación.

Son demasiados los casos donde, además de no haber testigos, tampoco hay otros elementos de prueba. A pesar de la existencia de cámaras de seguridad, éstas no captan precisamente aquellos puntos donde se sustraen los vehículos. En otros casos, la resolución de la imagen captada es tan mala que no sirve para identificar a los participantes de los robos. Inclusive, hay casos donde la cooperación de los guardias es nula y habiendo registros visuales de los robos, no se entregan con la debida celeridad que una investigación requiere.

Es difícil evitar pensar que los elementos de seguridad destinados, es decir, guardias, cámaras, etc., son intencionalmente inútiles de modo de dificultar las investigaciones policiales.

Los afectados, luego de no encontrar adecuado auxilio y ayuda, y tras recuperarse del shock vivido, caen en la cuenta de que la administración del recinto alguna responsabilidad debe asumir en el daño causado, aun cuando no tienen la información que les permita dilucidar con certeza y convicción cuál es el camino a seguir.

Asimismo, y en forma extraña, ya hay testimonios, a través de la misma prensa citada, de juicios presentados cuyos fallos han eximido a estos recintos de la responsabilidad que en este documento demostraremos les cabe.[5]

APLICABILIDAD DE LA LEY DEL CONSUMIDOR

De acuerdo a lo establecido en la ley del consumidor, N° 19.496, Título II, de Disposiciones generales, Párrafo 1º, artículo 3º, son derechos y deberes básicos del Consumidor, aplicables al caso, entre otros:

a) La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo;

b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;

c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios;

d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles; (Negritas nuestras)

e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea.”

De este catálogo de derechos fundamentales, los más relevantes son los signados con las letras d) y e): el derecho a la seguridad en el consumo y el derecho a la reparación e indemnización.

Entonces, ante tal claridad de las disposiciones legales citadas cabe preguntarse entonces por qué no se conoce hasta hoy un fallo siquiera que dé la razón a los clientes y si existen varios que se la niegan.

Pues bien, con la experiencia acumulada por estos ensayistas, no es aventurado postular que la principal razón para estos fallos adversos es sencillamente el desconocimiento por parte de jueces y abogados de la aplicación de las especialísimas normas contenidas en la ley del consumidor, norma de suyo protectora y de aplicación subsidiaria, características no bien ponderadas por los tribunales en los casos aludidos.

Por tanto, al no conocer en profundidad la filosofía de la ley, es difícil, si no imposible, que los tribunales obtengan la convicción jurídica pro consumidores al momento de sentenciar.

Lo anterior, a pesar que de la lectura de la historia de la ley se deduce claramente el ánimo del legislador en los aspectos señalados.[6]

Cabe decir en este punto que la ley del consumidor es de protección no sólo porque así se titula la norma, sino porque se concibe dada la existencia de una disparidad en el poder negocial de las partes que se relacionan.

Del mismo modo que el Código del Trabajo establece una serie de estipulaciones que buscan entregarle una especial protección al trabajador, que es la parte débil de la relación laboral, ante empleadores habitualmente superiores, la ley del consumidor parte de la misma premisa.

El consumidor o usuario, habitualmente solo, ignorante de sus derechos y en mayor desconocimiento del funcionamiento del mercado, de las condiciones de contratación, la letra de los contratos y sus alcances, las características de los productos y servicios a los que accede, cuyas características son habitualmente sobrevaloradas por la publicidad; necesita de especial protección, ayuda, asesoría, orientación y consejo.

Es decir, en ambos casos, trabajadores y consumidores, son objeto de especial tutela legal protectora.

Asimismo, en ambos casos, se establece la irrenunciabilidad anticipada de todos los derechos. Esta estipulación legal, que en el caso de los consumidores, se encuentra contenida en el artículo 4 de la ley 19.496, es el reconocimiento expreso de la limitada capacidad negociadora de trabajadores y consumidores ante sus contrapartes, los empleadores, que, en la mayoría de los casos, son las mismas empresas proveedoras de bienes y servicios.

LAS EXCUSAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Por su parte, los proveedores, que de partida niegan cualquier necesidad de que los consumidores sean protegidos pues sostienen que mercado se autoregula, acuden a un sinnúmero de argumentos para excusar su responsabilidad en los robos que comentamos.

Uno de los argumentos recurrentes de los administradores de los supermercados y de los centros comerciales, señalados en los juicios de los que hemos tenido conocimiento,[7] es que se han eximido anticipadamente de todo tipo de responsabilidad al advertir a los clientes de tal disposición a través de letreros y avisos con leyendas como la siguiente: “La administración no se hace responsable por los daños que pueda sufrir su vehículo en los estacionamientos”.

Junto a ese argumento se agrega otro: que no se cobra por los estacionamientos de supermercados, que son de acceso público, sin control de ingreso ni salida y que, por tanto, no se cumple con un requisito que la ley del consumidor establece para que se configure la relación cliente proveedor, la llamada relación de consumo.

La relación de consumo, en su forma más clara y tradicional, se deduce de la definición que la ley da a los conceptos de consumidores o usuarios y proveedores:

“1.- Consumidores o usuarios: las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios.

2.- Proveedores: las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.”

Es la frase final de este enunciado el que se esgrime para argumentar que, al no existir un cobro directo del proveedor por el servicio de estacionamiento, entonces no se ha dado la relación de consumo y, por tanto, el cliente no consumidor, no puede exigir derecho alguno.

Al respecto de estos argumentos, el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC y la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, han fijado su opinión y convicción jurídica en forma clara y hace bastante tiempo. Revisemos las posiciones de estas instituciones.

Por su parte, “el director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), José Roa, afirmó que ‘tiene un mayor grado de responsabilidad los estacionamientos pagados, por lo que uno paga por una hora, por una tarde por un día completo y en consecuencia parte del servicio ofrecido es que éste sea seguro y el consumidor, cuando vuelve, encuentre su auto en buenas condiciones’.

No obstante, la mayoría de los tickets de estacionamiento tienen una leyenda en que advierten al usuario que ellos no se hacen responsables por los daños que pueda sufrir el vehículo estando en el recinto.

Por eso, en el SERNAC aseguran que todo cliente tiene derecho a ser compensado en un caso así. Incluso, José Roa expresó que ‘la responsabilidad la fija la ley y no los carteles que las empresas puedan colocar al interior de los locales o las boletas’”.[8]

A juicio de ODECU, “los usuarios de todo tipo de estacionamientos tienen derecho a la seguridad de sus bienes dejados en un acto de confianza en los aparcaderos, aunque estos sean ‘gratuitos’. Sobre todo por que este es un servicio que se promociona abiertamente en supermercados y centros comerciales.

Los argumentos que sustentan esta afirmación son legales y, más aún, de sentido común.

En primer lugar es necesario precisar que dentro de los derechos fundamentales establecidos en la Ley del Consumidor se encuentra el de la seguridad en el consumo. La condición general de seguridad en el consumo es un derecho poco conocido y menos ejercido por los consumidores y usuarios.

El artículo 3º de la ley del consumidor establece que son derechos y deberes del consumidor ‘la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles’”.[9]

Como se puede ver, en ODECU vamos más lejos y, sin discrepar de la posición del SERNAC, planteamos la inexistencia de diferencia de derechos sea cuando se trate de estacionamientos pagados o de los estacionamientos mal llamados “gratuitos”.

Esto debido a que no existen los estacionamientos gratuitos en recintos como supermercados, centros comerciales o malls.

Esta afirmación se basa en el hecho inequívoco de que la existencia de los estacionamientos, la propiedad del terreno, los guardias que los custodian, los sistemas de seguridad instalados, etc., necesariamente son financiados por la administración del recinto, la cual traslada los costos a los comercios asociados al mall o centro comercial. Esto, cuando el recinto no es propiedad de un solo dueño, como ocurre con el edificio de un supermercado.

En otras ocasiones, uno de estos negocios actúa como proveedor e inversionista principal, marca ancla, que subarrienda derechos de ocupación o locales a un sinnúmero de otros comercios de distintos tamaños.

Sea como sea, todos los proveedores que ocupan el inmueble soportan con el pago de los gastos comunes los costos relativos a la mantención de los estacionamientos y sus sistemas de seguridad ya descritos, del mismo modo que lo hacen para financiar los servicios higiénicos y de aseo general, de mantención de las áreas verdes, iluminación de los espacios comunes, etc.

Es fácil deducir entonces que cada proveedor incorpora los pagos que efectúa por estos gastos comunes a su estructura de gastos fijos los que naturalmente se reflejan en los precios de sus productos, único modo, al fin y al cabo, de resarcirse de los gastos en que incurre. Esto se efectúa con la misma lógica con la cual se trasladan a los precios a público los gastos asociados al costo del producto, los sueldos de los vendedores, gastos de publicidad, estantería, I.V.A., etc.

Por tanto, luego de estas sencillas reflexiones, es imposible que alguien sostenga racionalmente que los estacionamientos de supermercados, centros comerciales y malls son “gratuitos”.

En relación, a los letreros que los proveedores colocan en los estacionamientos en los que advierten no responsabilizarse de los daños que los vehículos estacionados sufran, es preciso puntualizar que no tienen valor alguno como eximentes de responsabilidad toda vez que la misma ley del consumidor establece en el párrafo 4º, del ya citado Título II, sobre Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión, artículo 16, que:

“No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;

d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;”

Además, en la última reforma a la ley, verificada el año 2004, se agregó una última letra g) a las estipulaciones prohibidas, la cual en su primera parte establece que también serán inválidas aquellas cláusulas que:

“g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato”.

Es importante clarificar en este punto que un contrato de adhesión, tal como lo define la ley es “aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.”[10]

Para que se verifique la existencia de un contrato de adhesión basta con que el consumidor o usuario acepte explícita o tácitamente las condiciones ofrecidas por un proveedor o prestador de servicios y no se requiere, inclusive, que se verifique una escrituración del mismo.

Son contratos de adhesión tanto aquel que se firma aceptando las condiciones propuestas por una casa comercial, en el contrato de apertura de línea de crédito, como el acto de subirse a un bus interprovincial o adquirir una caja con un teléfono celular prepago.

Por tanto, al dejar un vehículo en un estacionamiento el cliente, en principio y de acuerdo a la perspectiva del proveedor, acepta las condiciones en que se presta el servicio, adhiriendo a ellas. Sin embargo, dada la existencia de las normas que regulan la legalidad de las cláusulas en los contratos de adhesión, podemos decir con absoluta certeza, que los letreros eximentes de responsabilidad son nulos.

En definitiva, con los argumentos desarrollados, es claro que los estacionamientos no son gratuitos y que además los letreros que pretenden eximir de responsabilidad a los proveedores son inválidos legalmente.

A pesar de esto, el desconocimiento de la norma del consumidor por los jueces de policía local, frente a los cuales deben presentarse estas causas, ha llevado a fallos adversos. Varios han sido los jueces que se declaran incompetentes, señalando que los antecedentes deben derivarse a la Fiscalía respectiva por tratarse de un hecho criminal. Es probable, en estos casos, que los abogados no hayan desarrollado bien esta idea de la responsabilidad civil de los administradores que es distinta y ajena a la penal de los autores materiales y/o intelectuales del hecho.

Se trata entonces de dos causas distintas basadas en los mismos hechos: la causa criminal que parte con la denuncia ante Carabineros que toma el parte y lo remite a la Fiscalía respectiva donde debe ser ratificada la denuncia por el afectado; y la causa civil indemnizatoria, basada en la ley del consumidor, con los argumentos que no terminamos aun de desarrollar en este documento.

EL ACTUAR NEGLIGENTE

A las estipulaciones legales ya referidas se debe agregar una muy determinante presente en la misma ley y que refuerza la responsabilidad de las administraciones en los robos u otros daños que sufren los vehículos, así como en las sustracciones de especies del interior de los mismos.

Aquí cabe precisar que estas normas son extensivas en su aplicación a otros hechos habitualmente calificados de accidentales o fortuitos, cuando no lo son y, aunque lo sean, tal circunstancia no es eximente de responsabilidad para el prestador del servicio. Nos referimos, como ejemplos inmediatos, a la sustracción de especies de valor desde el interior de los vehículos o a accidentes tales como derrumbes de paredes, incendios, golpes o choques, todos dentro de estas dependencias.

En casi todos estos casos hay algún grado de responsabilidad de los propietarios del inmueble o proveedores de servicios tanto por acción u omisión. Sin embargo, estas materias dan para el desarrollo de otros documentos y no los trataremos aquí.

Y es precisamente sobre la acción y/o la omisión que trata el siguiente artículo 23° de la mentada ley del consumidor, aplicable a los casos que analizamos. La norma dice:

“Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.”

¿Podrá calificarse de negligente a un administrador cuyo sistema de seguridad no es capaz de prevenir hechos delictivos en el área que se les ha encomendado…? ¿Es posible que a pesar de la existencia de guardias de seguridad, videocámaras de seguridad, habitualmente no haya indicios mínimos que permitan siquiera determinar el momento en que se sustrajo un vehículo desde un estacionamiento…?

Es claro entonces que la aplicación del artículo 23 de la ley 19.496, agrava la posición de los administradores de estacionamientos y resulta una norma perfectamente aplicable.

PROYECTO DE LEY EXPLICITA DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Aun cuando los argumentos pro consumidores son varios y contundentes, la seguidilla de reveses jurídicos que han sufrido cada vez que han presentado acciones judiciales en estos casos, ha motivado a los legisladores a profundizar el ánimo de especial protección que se tuvo en la redacción de la ley y han enviado a trámite parlamentario un proyecto de reforma que consiste en el siguiente artículo único, contenido en el boletín Nº 4746-03:[11]

“Introdúcese a la Ley N° 19.496, el siguiente artículo 45 bis: ‘Artículo 45 bis: Las empresas propietarias de establecimientos que alberguen a multitiendas, supermercados, grandes almacenes, mall, de acceso masivo de público, que cuenten con estacionamientos de vehículos para sus usuarios, serán responsables civilmente, en caso de hurtos o robos plenamente acreditados de vehículos allí estacionados, de accesorios de ellos, o de pertenencias que sean sustraídas desde su interior, como asimismo de los daños que se les causen, como consecuencia de fallas estructurales que afecten a la construcción de tales dependencias, y que produzcan derrumbes o caídas de sus materiales.”

A pesar de que la tramitación del proyecto es sin urgencia y en diciembre del 2006 pasó al primer trámite constitucional en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados, es un hecho que es sólo cuestión de tiempo para que quede explícitamente asentada en nuestra legislación la responsabilidad civil de las administraciones de supermercados, centros comerciales y malls, en los casos de daños o robos de vehículos desde sus estacionamientos.

Será una modificación legal la que terminará con la tibieza de los jueces en aplicar las actuales normas especiales de protección de los consumidores de modo que se resguarden debidamente los intereses de los miles de clientes de supermercados, malls y centros comerciales cuyas administraciones deberán asumir, de una vez por todas, su responsabilidad, sea por acción u omisión, en estos hechos delictuales que les implican responsabilidad civil, a la luz de la ley 19.496, como se ha demostrado en esta ocasión, a lo menos en teoría y en papel.

[2] Coordinador Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU.
[3] http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Secciones/Reporteros/236155Ipaginaq3.html. Revisado el 20 de mayo del 2007.
[4] http://debates.reportajes.elmercurio.com/archives/2006/07/aumentan_las_de.html. Revisado el 18 de mayo del 2007.
[5] http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=32397&Itemid=186. Revisado el 10 de junio del 2007.
[6] “Historia de la ley”, Compilación de textos oficiales del debate parlamentario. Ley 19.955, modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, Vol. I, Pág. 1, Principios de la reforma. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile, 2004.
[7] En juicios llevados por ODECU y otros referidos por los involucrados que se han contactado con la Asociación de Consumidores. Estos antecedentes son, por ahora, de carácter reservado y no pueden ser públicamente citados, sea porque se encuentran en proceso judicial o debido a que se requeriría autorización expresa de los afectados.
[8] http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Secciones/Reporteros/209015Ipaginaq2.html. Revisado el 12 de mayo del 2007.
[9] http://www.odecu.cl/buscador_detalle.php?&cod=3022. Revisado el 02 de junio del 2007.
[10] Ley del Consumidor, Art. 1º, Nº 6.
[11] Para revisar el estado de tramitación ir a http://sil.congreso.cl/pags/index.html

Bibliografía:

http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Secciones/Reporteros/236155Ipaginaq3.html Revisado el 20 de mayo del 2007.

http://debates.reportajes.elmercurio.com/archives/2006/07/aumentan_las_de.html Revisado el 18 de mayo del 2007.

http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=32397&Itemid=186 Revisado el 10 de junio del 2007.

“Historia de la ley”, Compilación de textos oficiales del debate parlamentario. Ley 19.955, modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, Vol. I, Pág. 1, Principios de la reforma. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile, 2004.

Ley del Consumidor Nº 19.496, en http://www.misdeudas.cl/normativa.php.

Cómo averiguar sus deudas

2007-07-10T23:26:00.000-04:00

Para conocer si tiene deudas, lo primero que debe hacer es evaluar la posibilidad de averiguar esto acercándose a aquellos con los que alguna vez tuvo alguna relación crediticia.

No obstante lo anterior, en materia de registro de morosidades, puede conseguir información oficial en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, o en cualquiera de sus sucursales en el país; y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Tanto en el Boletín de la Cámara como en otras bases de datos privadas le asiste el derecho, establecido por la Ley Nº 19.628, Título II, de conocer en pantalla el registro de morosidad.

Se recomienda ejercer este derecho en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio. Las otras empresas proveedoras de información comercial suelen incluir otras anotaciones que no tienen valor legal.

Finalmente, le recomiendo revisar el Decreto de Hacienda Nº 998, vigente desde el año pasado, el cual estableció un calendario de eliminación de deudas, en forma gratuita, en atención al monto de la deuda.

Es posible que alguna de sus deudas se encuentre amparada por esta normativa.

Demandas colectivas contra bancos: Cómo saber si le cobraron de más.

2007-02-17T02:32:00.000-03:00

Como es de público conocimiento la asociación de Consumidores ODECU entabló demandas colectivas contra 7 bancos que tienen oficinas en las comunas de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Viña del Mar. Los bancos demandados son: Corpbanca, del Estado, BBVA, BCI, de Chile, Santander y Bank Boston.

Estas acciones judiciales se originan en tres infracciones:

1. Cobro indebido a los clientes bancarios de montos superiores a los establecidos en las normas respectivas por concepto de gastos notariales e inscripción de propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.

2. Cláusulas abusivas existentes en los contratos de los bancos en que se eximen de la obligación de dar cuenta a los clientes del destino de los dineros cobrados bajo el concepto amplio de gastos operacionales, en los que se incluyen los relativos a notaría, Conservador de Bienes Raíces y honorarios de abogados que prestan servicios a los bancos como estudio de títulos, borradores de escritos, etc.

3. Infracción al Art. 3º, letra b, de la Ley del Consumidor que obliga a los proveedores de bienes y servicios, incluidos los bancos, a entregar información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios que ofrecen.

En este caso, los cobros son improcedentes pues infringen normas regulatorias específicas y, en el caso que correspondan a comisiones por servicios anexos de intermediación, debieron ser explícitamente informados y aceptados por el cliente.

Por tanto, si su caso corresponde a gastos operacionales en créditos hipotecarios de cualquiera de los bancos denunciados, en las comunas señaladas, que hayan sido cobrados dentro de los últimos 5 años, debe enviar a ODECU copia de la liquidación de gastos operacionales en la cual deben distinguirse todos los cargos, incluidos los mencionados. Para hacerlo puede dirigirse al correo legal@odecu.cl, o acudir a las oficinas de ODECU, Paseo Bulnes 107, Of. 43, Santiago Centro, fonos 671 43 34 y 671 46 78.

El documento proporcionado, será entregado en la oportunidad procesal respectiva al juez que lleva cada causa. Si no lo tiene, está en su derecho el solicitarlo al banco. Para ello le recomiendo hacerlo por escrito, dejando constancia de ello, enviando la solicitud por correo certificado o solicitando le firmen y/o timbren una copia del texto. Puede usar la siguiente carta tipo, rellenando los espacios con los datos que correspondan.

Nombre comuna, XX de XXXXXXXX del 200X.

Señores
Banco XXXXXXXX,
Agregar domicilio banco,
PRESENTE. MAT: Solicitud detalle gastos operacionales.

Estimados señores:

Como es de su conocimiento tomé un crédito en su Banco para la adquisición de una vivienda. Esta operación resultó bastante costosa para mí y mi familia.

En dicho crédito aparece que el banco paga por mi cuenta ciertas sumas por concepto de gastos operacionales y me gustaría que informaran cuáles fueron dichos costos, especialmente respecto de abogados, notaría y Conservador de Bienes Raíces, por separado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Nombre completo
R.U.N. Nº XX.XXX.XXX – X
Dirección remitente

Mientras recaba la información o la tiene parcialmente puede revisar las normas oficiales que regulan estas materias.

En el caso de los gastos de notarias, éstos se encuentran regulados por el Decreto 587, del Ministerio de Justicia, del 3 de diciembre de 1998.

En el caso de los gastos del Conservador de Bienes Raíces, éstos se encuentran regulados por el Decreto 588, del Ministerio de Justicia, año 1998. Además, puede obtener más información a través de la página www.conservador.cl.

Por su parte, ODECU mantendrá informada a la comunidad de los aspectos relevantes de los juicios a través de la página www.odecu.cl y los medios de comunicación social. Para consultas generales debe comunicarse al correo legal@odecu.cl.

Diputados proponen Ley de Quiebra familiar para frenar sobreendeudamiento

2007-01-04T11:56:00.000-03:00

Amigos y amigas:

Un nuevo aporte al tema del sobreendeudamiento de los chilenos dentro de una óptica ética de protección de la familia es el proyecto de acuerdo presentado por la Democracia Cristiana a la Presidenta Michelle Bachelet.

Encabeza la iniciativa el diputado Eduardo Saffirio de cuyo gabinete me comparten la siguiente nota publicada en El Mostrador, la cual tengo el gusto de poner a vuestra disposición.

El artículo da cuenta de una nueva iniciativa parlamentaria en línea similar a la presentada por el senador Pedro Muñoz quien a través de la moción 4721-07 promueve una ley de insolvencia y tribunales de mediación.

Espero que la nota sea de vuestro interés.

Cordialmente,

Alejandro.

31 de Diciembre del 2006

Ley similar entró en vigencia en España

por Lino Solís de Ovando G.

Iniciativa es parte de un paquete de medidas que apuntan a fortalecer la familia.

A juicio de la Democracia Cristiana, es necesario discutir una regulación que otorgue el mismo tratamiento jurídico a las deudas de empresas y personas naturales. Como en España, donde se evitan embargos al repactar lo adeudado en un plazo de cinco años, rebajable hasta un 50 por ciento.

Una Ley de Quiebras para las familias sobreendeudadas, similar a la que se zanjó en España, de modo de proteger los bienes familiares ante el riesgo de embargos, será propuesto por la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) al Ministerio de Economía. La idea se enmarca dentro de un paquete de medidas que se presentaron la semana pasada en la Cámara, con el objeto de trabajar en conjunto con la Presidenta Michelle Bachelet en la definición de políticas claras que fortalezcan la familia, ante la serie de síntomas que representan "claras amenazas” contra su estabilidad, según diagnostican en la DC. Entre los hechos que representan factores preocupantes para la familia se encuentra la disminución de las tasas de matrimonio y natalidad; la duración del post natal, y permiso parental, los horarios de trabajo excesivamente prolongados y la igualdad de género. Al mismo tiempo, la discriminación laboral; la pobreza en miles de hogares; la falta de viviendas dignas; la violencia intrafamiliar; el maltrato infantil; el alcoholismo, la drogadicción, la depresión y otras patologías mentales, así como el alto sobreendeudamiento de los chilenos, una situación incluso advertida por el presidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

En la actualidad, los consumidores chilenos están endeudados en un 57% de sus ingresos anuales, es decir, 20 puntos más que en 2001 cuando esta cifra llegaba sólo a un 37%. Este endeudamiento ha crecido en forma sostenida, a tasas de un 15% a 20% anual. Según el estudio del Banco Central, los préstamos a consumidores representan un 25% de los activos bancarios. De este monto, alrededor de un 60% corresponden a créditos hipotecarios para viviendas. Los otros montos se dirigen a créditos de consumo, tarjetas de crédito y sobregiros de cuentacorriente.

Asimismo, se estima que más de un millón de chilenos tiene deudas impagas, y que 12% de los hogares deben montos que superan diez veces sus ingresos mensuales. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), cada chileno debe, en promedio, 7,5 meses de sueldo sólo en créditos de consumo, y la mayoría gana menos de $200 mil.

Matrimonio histórico

Entonces, razones de sobra parecieran existir para la preocupación de la DC, la que pretende trasladar a Chile la discusión que ya se zanjó en España, donde el sobrendeudamiento también ha alcanzado niveles preocupantes. De hecho, en España se intenta que los particulares que se declaren en suspensión de pagos para evitar embargos, deberán pagar en un plazo de cinco años su deuda, que podrá rebajarse hasta un 50%. Una discusión se gatilló luego que Josep G. E. y Mari Carmen B. T., un matrimonio de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), se convirtieran en el primer matrimonio en España en utilizar la nueva regulación, que entró en vigor el pasado septiembre y otorga el mismo tratamiento jurídico a empresas y personas naturales. La pareja optó por esta vía después de que el marido tuvo una larga licencia por enfermedad, y no pudiera hacer frente a los pagos de la hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito. La resolución judicial permitió paralizar cualquier embargo e iniciar la negociaciones para redefinir el pago de la deuda con los acreedores, que a ese minuto alcanzaba 163.750 euros. El matrimonio, sin embargo, no podrá beneficiarse de quitas superiores al 50% de lo que debe y, además, deberán ejecutar el pago de la deuda que se determine en el convenio con los acreedores en un plazo inferior a cinco años, según explicó Francisco de Quinto, socio del bufete barcelonés Piqué Abogados. Estas son las condiciones que marca la nueva normativa, ya que la anterior ley, que data de 1922, no contemplaba límites en la rebaja de la deuda, ni de plazos en los que ejecutar los pagos.

Ernesto Benado: "Hay que cambiar la tasa máxima convencional"

Alguien que está preocupado por las deudas de los chilenos es Ernesto Benado, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Lo demuestra la última portada del boletín de la Corporación, que alerta sobre cómo ha crecido notablemente el endeudamiento en el país, sobre todo luego de la recesión que sufrieron los bancos durante la crisis asiática. Una situación que a pesar de haber sido reconocida por el Banco Central, según algunos expertos no debe ser tan preocupante, ya que aún no alcanza los niveles existentes en los países desarrollados.

"Nosotros conocemos la experiencia alemana, donde se llama Programa de Protección al Consumidor Endeudado. Así como una empresa comercial se puede declarar en quiebra, en Alemania una familia puede suspender las deudas, e incluso después de eso puede reanudar su funcionamiento. Es un trámite complejo, porque el Estado se hace cargo del funcionamiento de una familia, le impide que se siga endeudando, le garantiza que los insumos básicos: gas, agua, electricidad, etc., se le mantenga, versus que el grupo familiar no se siga endeudando. Al mismo tiempo, los acreedores hacen ciertas rebajas, y el jefe del grupo familiar se compromete a pagar", detalla Benado.

Benado comenta que Conadecus estuvo tanteando esta posibilidad hace un tiempo en España, sin embargo, no existía piso político. Por lo que les sorprende que en septiembre pasado se haya zanjado esta situación."Nos dijeron que en España no tenía sentido, por eso fue una sorpresa que 100 familias lograran una quiebra familiar", reconoció.

Benado advierte que en Chile hay una enorme resistencia para que en Chile se diera una situación similar, "porque consideran que todo esto significaría un mayor endeudamiento. Nosotros por eso no le dimos viabilidad política. Como en Alemania".

-Si la DC se pone firme con esta petición, ¿Conadecus va a apoyar esteproyecto de ley?

-Lo vamos a apoyar, siempre y cuando ellos también pidan modificar los intereses simultáneamente. Cambiar las tasas máximas convencionales, que es un sistema perverso.

Ley prohibe molestar a deudores en sus trabajos

2006-12-19T12:35:00.000-03:00

Estimados amigos y amigas:

Diario El Sur continúa con la serie dedicada al endeudamiento. Esta vez trata acerca de una práctica irregular muy arraigada en las oficinas de cobranza.

Espero que la nota sea de interés.

Cordialmente,

Alejandro.

Mala experiencia puede generar una multa

Ley prohibe molestar a deudores en sus trabajos

La Organización de Usuarios y Consumidores de Chile, Odecu, tiene una mala experiencia con las empresas de cobranza, según su asesor técnico legal, Alejandro Pujá.

Dice que habitualmente “nos encontramos con encargados de cobranza ignorantes de las normas legales que los rigen o que, conociéndolas, las omiten e infringen”. Agrega que la falta de profesionalismo de estas personas hace que piensen que mientras más agresivo sea su actuar obtendrán mejores resultados.

Pero el sistema está cambiando lentamente gracias a la preocupación de los propios usuarios: “Hoy la gente se da cuenta de que actúan irregularmente, se informa, aprende sus derechos y, a diferencia de años anteriores, los enfrentan, hasta judicialmente”.

Paulina Avalos, de Conadecus, lo ratifica. Dice que una práctica muy molesta es el recibir llamados en el trabajo e incluso visitas y presiones sobre el empleador. Esa práctica está prohibida por la ley y es motivo de denuncia ante los juzgados de policía local. Según Avalos, las empresas deben pagar una multa por este concepto.

Pujá agrega que hay oficinas de cobranza muy mal calificadas y le hacen un daño a la marca de los clientes que les encargan sus carteras. “Les hace falta una buena asesoría para que se den cuenta que deben colaborar en recomponer la relación cliente-proveedor, facilitando el pago de las morosidades.

Esa actitud deja menos heridas y traumas y, a la larga, ganan todas las partes”.

CÓMO ENFRENTAR EL SOBREENDEUDAMIENTO

2006-12-18T10:53:00.000-03:00

Amigos y amigas:

Luego del Seminario sobre endeudamiento efectuado en la Universidad Alberto Hurtado, publicaríamos un artículo con interesantes conclusiones arribadas en la ocasión.

Por esas cosas de la vida, entre revisar el texto una y otra vez, y otras eventualidades que nos distrajeron, se nos fue quedando rezagado. Y como el tema no acaba y tiene para rato, me pareció pertinente difundirlo públicamente.

Previo a ello, deseo consignar y agradecer los valiosos aportes de los periodistas Claudia López Mazuela, de la Red Puentes quien grabó y transcribió la ponencia del Director del Servicio Nacional del Consumidor, José Roa, citada en la nota; y José Luis Hernández Moncada, de ODECU Chile, por su colaboración en la redacción del texto final.

Espero que la nota sea de vuestro interés y utilidad.

CÓMO ENFRENTAR EL SOBREENDEUDAMIENTO

Importantes coincidencias entre ODECU y SERNAC para enfrentar la insolvencia de los chilenos.

Las distintas experiencias institucionales del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y Consumidores de Chile (ODECU) coincidieron en un Seminario de Sobreendeudamiento, organizado por la Red Puentes Chile, Consumers International y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, realizado a principios de julio.

Así se deduce del análisis de los únicos expositores que se refirieron a propuestas de solución para la evidente insolvencia en que se encuentran amplios sectores de la población nacional.

Para ODECU resultan de alto valor las medidas que expuso el Director del SERNAC, José Roa Ramírez, quien junto al Asesor Técnico del Departamento Legal de ODECU, Alejandro Pujá, se refirieron a las posibles soluciones que en el corto y mediano plazo se pueden implementar en la materia.

Al respecto, José Roa, planteó algunas ideas de carácter preventivo como “que las empresas cuenten con toda la información respecto de la deuda de los consumidores para poder evaluar su riesgo y en consecuencia otorgar un crédito o no; información pre-contractual y publicidad que entregue información a los consumidores para que se sepan de los compromisos que están asumiendo; información respecto del uso de la línea de crédito (que puede ser un crédito escondido), indicándole al consumidor cuando la está usando, los intereses correspondientes y costos asociados de dicho uso; derecho de desistimiento a retracto respecto del crédito… en otros países existe para los créditos la posibilidad de enfriamiento de la decisión del consumidor”.

En este sentido ODECU piensa que el retracto sería una medida muy útil. “De hecho, cuando se discutió la última reforma a la ley del consumidor se criticó la poca cobertura que se le otorgaría al ejercicio de este derecho. Sin embargo, primó en ese momento la necesidad de hacer un frente común con el Ejecutivo y que se introdujeran, aunque fuese limitadamente, nuevos derechos como el de retracto y la posibilidad de efectuar acciones colectivas”, dice Alejandro Pujá, del Departamento Legal de ODECU.

Otro punto, que destacó Roa es la obligatoriedad de desembolso inicial al momento de hacer las compras de bienes muebles a crédito, que la compra no sea a crédito en su 100% sino que el consumidor deba hacer un pago mínimo de manera de visibilizar parte de la compra y hacerse cargo; también, la creación de seguros en beneficio de aquellas situaciones que causan sobreendeudamiento pasivo y que sean tomados por el consumidor en forma voluntaria.

Respecto de limitar el crédito a las personas, Alejandro Pujá coincidió con el Director del SERNAC en el sentido de responsabilizar también a las empresas por su actuar. “No es posible que se le otorgue crédito a estudiantes o a dueñas de casa que no tienen ingresos propios. Si ellos no pagan, el sostenedor principal de esa familia deberá responder igual. Es un tema controvertido que debe ser analizado detenidamente.”

José Roa, también planteó medidas de autocontrol como limitar a la capacidad del crédito de los consumidores, vale decir, “la posibilidad que los propios consumidores puedan autolimitar su capacidad de crédito, lo que tiene por correlato que las empresas no modifiquen unilateralmente las líneas de crédito”.

“Existen medidas correctivas como que la renegociación de la deuda sea por parte del consumidor, con acuerdo de la empresa o a través de un mandato judicial; reorganización judicial por parte de la deuda, en otros países los propios tribunales se encargan de reorganizar la deuda; la posibilidad como existe en Chile de un reembolso anticipado de manera de poder consolidar la deuda en un sólo gran crédito disminuyendo el costo financiero o bien la realización del patrimonio de manera de hacerse cargo de las deudas”

Desde ODECU se plantea “la creación de Tribunales Arbitrales donde deudores y acreedores puedan ponerse de acuerdo considerando dos aspectos fundamentales: que las deudas deben pagarse, en la cantidad justa y que el cobro de una deuda no debe ser depredatorio de los bienes más sentidos de las familias, su hogar y sus enseres básicos”, puntualiza Alejandro Pujá. Y agrega, "con varios parlamentarios hemos sondeado el apoyo a una ley de insolvencia de las familias, como la Ley de Quiebras chilena o como otras experiencias internacionales, pero aplicable a las personas naturales. La acogida inicial ha sido buena y no pasará del próximo año que presentaremos un anteproyecto para su discusión. Será una buena forma de entrar en tierra derecha sobre el debate de cómo mejor enfrentar el sobreendeudamineto de la sociedad".

“También se puede aplicar una intervención moderada al ingreso y el patrimonio del consumidor, a fin de poder preservar sus bienes mínimos, rehacer su patrimonio y establecer un sistema de pago de su deuda”, confirma el Director del SERNAC.

La maldición de diciembre

2006-12-11T16:44:00.000-03:00

Estimados amigos:

Tengo el gusto de compartir con ustedes el siguiente texto, publicado en El Mercurio de Valparaíso, que trata sobre el endeudamiento en la temporada navideña y de vacaciones, para el cual también se consultó mi opinión.

Espero sea de vuestro interés.

Cordialmente,

Alejandro.

La maldición de diciembre

Por Fernanda García.

Las típicas campanas navideñas ya no doblan como antes, ahora se ciernen tronadoras ante la llegada del último mes del año. Y es que quien esté libre de la avalancha de altibajos y preocupaciones que significa los últimos 31 días del año, que lance la primera piedra, no sin antes echar un vistazo a los siguientes datos para corroborar que nada tienen que ver con usted. Tres cuartas partes de la población chilena gasta, mes a mes, más o igual que lo que gana. Sólo el 24% termina el mes con números azules, es decir, sólo 1 de cada cuatro chilenos está en condiciones de ahorrar parte de su sueldo, pese a que la recomendación es guardar, a lo menos, el 10% de los ingresos.

Hay más, según el Informe de Estabilidad Financiara del Banco Central, estas son cifras de un problema que crece y al que es fácil entrar, pero no lo es salir. Más aún, los chilenos se han lanzado a la conquista de créditos bancarios, los que están creciendo a una tasa de 15 a 20% anual, actitud que claramente se incrementa en diciembre.

Los resultados de enfrentar esta serie de eventos y decisiones no sólo rayan en lo monetario. Compromisos sociales a diestra y siniestra, cierre del ciclo escolar y universitario, fiestas de graduación y de la empresa, paseos de curso, planificación de las vacaciones y, obviamente, la celebración de la Navidad y del Año Nuevo, que más que un motivo de unión y de paz se transforman en dilemas familiares difíciles y hasta dolorosos de resolver cuando los papás están separados y deben encarar la decisión de con cuál de los dos sus hijos van a pasar las dichosas fiestas. Todo esto es motivo de estrés.

Así lo han detectado los especialistas mediante un incremento de consultas por trastornos que se manifiestan a través de angustia, pena, irritabilidad o alteraciones del sueño, síntomas que claramente se hacen más frecuentes durante ciertas épocas del año y, definitivamente, diciembre es una de ellas. "La gente consulta bastante en estas fechas, especialmente por cuadros ansiosos y depresiones que se exacerban debido al estrés. Ocurre que muchos se sienten presionados por cumplir con las exigencias que impone la sociedad al llegar las fiestas de fin de año y eso termina afectando su salud", opina el doctor Mario Quijada, presidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental.

LO PEOR VIENE DESPUÉS

Y aunque aparentemente una vez superado el calendario, estos síntomas quedan atrás, no es tan así. Expertos señalan que diversos estudios indican que al menos un 15% de los chilenos podría desarrollar una depresión en algún momento de su vida. Esta época puede ser fácilmente el detonante.

Alejandro Pujá, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, Odecu, advierte que aunque la entidad no maneja cifras, las estadísticas coinciden en que el nivel de endeudamiento en los chilenos está aumentando con los años. "Las ganancias de los bancos y del sector de retail son cada año superiores".

Pujá tiene claro el nivel de estrés que esto produce porque hace rato que trabaja con un numeroso club de endeudados. "Estamos acostumbrados a recibir gente estresada en nuestra oficinas y lo que vemos es que en estas fechas la gente no se estresa precisamente por lo que gasta, sino más bien por la ansiedad de comprar".

TEMIDAS COBRANZAS

El especialista observa que el verdadero estrés se desata en marzo cuando empiezan a llegar las cuentas. No menor es el dato dadas las facilidades crediticias del mercado, que contribuyen a que hasta cierto punto los consumidores compren prácticamente anestesiados alentados por pagos diferidos y otras "facilidades" que pueden ser pan para hoy hambre para mañana.

La magnitud del problema crece si se tiene en cuenta que años atrás se tuvo que legislar por la agresividad con que surgieron las cobranzas extrajudiciales. "Sin embargo, en los últimos dos años han aumentado y eso tiene que ver con que, una vez superadas las condiciones que impuso la crisis asiática; cuando el mercado asimiló la nueva regulación de cobranza extrajudicial -que hoy las empresas del rubro manejan perfectamente- y se produjo un mejoramiento del consumo, se ha acelerado el aumento de todo tipo de acciones de cobranza extrajudicial y, obvio, judiciales".

Pujá aclara que esto se manifiesta no precisamente en diciembre. "Hasta los cobradores salen de vacaciones; además el feriado judicial es en febrero. Es a partir de marzo y abril que se reactivan estas acciones de cobranza. Como institución hemos visto un aumento sostenido de las consultas por esta situación". Acota que esto va de la mano del crecimiento del sector supermercadista y de las casas comerciales, muchas de las cuales son ahora bancos, al igual que de los grandes holdings.

NO SÓLO $$$

Pero para que no quede todo en términos monetarios, porque posiblemente usted pertenece al 37% de los que dicen sentirse "tranquilos" con su nivel de deuda, de seguro no se libra de otra serie de circunstancias asociadas al término del año que también generan estrés.

Para la sicóloga Paulina González White diciembre es un mes complejo, pero porque nos falta ser precavidos y establecer prioridades. "Es época de balances de cómo ha sido el año; en lo personal de sacar lecciones y analizar lo que fue el ciclo. Pero la gente se ve súper exigida con el consumismo, pese a que todos partimos con las mejores intenciones y promesas de sólo comprar los regalos estrictamente necesarios. Al final la vorágine hace que todos terminen sumidos en deudas".

A juicio de la especialista, contrariamente al espíritu que invoca, esta es la peor época del año. "Junto con marzo, son instancias de mucha autoexigencia del medio social y de nosotros mismos. Tiene que ver con el estilo de vida, el cómo elegimos vivir y la opción es aceleradamente, tratando de cumplir muchos roles simultáneamente, de querer hacerlo todo con un grado de perfección y desconectados de nuestras propias necesidades".

No es menor el que sea también una época per se de nostalgia, lo que contribuye a una predisposición a la pena o la tristeza. "La gente recuerda a los seres queridos que han fallecido o que están lejos. Es una temporada en la que se tiende a ser gregario, estar con el grupo en familia, compartir y celebrar".

Acota que las personas están tan ocupadas de los regalos y los preparativos que llegado el momento de celebrar, bien sea la Navidad u otra fecha, ya no se disfruta porque están todos agotados. El error, demarca la sicóloga, está en que no se disfruta lo auténtico que es estar en familia o con amigos, así como el encuentro humano y con uno mismo.

ESTAR ALERTA

Aunque por lo general es un estrés que suele no pasar a mayores porque a juicio de Paulina González es un estado que aprendemos a tolerar ya que se empieza a sentir antes, para el siquiatra Cristián Haring igual es una época en la que hay que estar alertas. "Está acumulado el cansancio del año y coincide con el fin de la primavera, una estación complicada que efectivamente registra las mayores tasas de suicidio. Además, al comienzo del verano las personas afectadas por trastornos bipolares habitualmente andan más mal esta temporada del año".

Explica que durante enero y febrero empieza a disminuir estos efectos por lo que está comprobado que diciembre es uno de los peores meses para la salud mental de la población.

Aunque existen algunos indicios que detectan un alza en el consumo de ansiolíticos, calmantes o relajantes, ante la falta de estudios concretos o datos epidemiológicos rigurosos, Haring evita emitir juicios respecto a la ingesta de fármacos o drogas en este ciclo. No obstante, insiste en que estadísticamente está comprobado que los suicidios aumentan. "Estudios testifican que es más marcado hacia el sur donde en diciembre es más la tasa de suicidios. No tanto hacia el norte, pues en Arica e Iquique tiende a ser más estable durante el año. Aumenta pero en forma mínima".

Advierte que hay que estar alerta frente a ciertas señales. "Ante las necesidades que impone la vida uno se siente sicológicamente o síquicamente incapaz de lograr, de rendir, de cumplir con sus metas, a sabiendas de que antes lo podía hacer, pero de pronto mentalmente se ve impedido. Esto, junto con alteraciones en los ritmos biológicos, en el sueño, el apetito, de la sexualidad, indicios que no hay que subestimar".

ESTRÉS DE LOS SEPARADOS

Aunque las fuentes de origen del estrés de fin de año son muchas, para Ricardo Viteri, director de la página web separados punto com, la peor es la disyuntiva que tienen que enfrentar los padres separados al tener que definir con quién van a pasar los hijos las fiestas, peor aún si la ruptura ha sido en términos poco amistosos.

Por eso, desde su portal, se han preocupado de que el periodo de cese de convivencia sea el menor posible desde el punto de vista legal, aunque se está exigiendo un año de mutuo acuerdo y tres años en el caso unilateral justamente por conflictos de esta índole. "La Navidad es una fecha tremendamente sensible y esta es una situación que provoca conflicto. Para algunos la Navidad es más importante, para otros lo es el Año Nuevo. Normalmente los que han encontrado una nueva pareja le ponen mayor énfasis a la Navidad. Para la persona que está sola y que no ha rehecho una relación, este día es también tremendamente significativoorque sin los hijos (y sin pareja) va a sentirse sola. Es un verdadero dilema".

Lo delicado es que en esta instancia es en la que se produce, por lo general, un tira y afloja donde los hijos son los que resultan más perjudicados. "Son utilizados como arma para transar. Ha sucedido que para acordar que los niños pasen la Navidad con su papá ciertas mujeres acceden siempre y cuando les suban la pensión de alimentos. O exigen que las vacaciones de verano sean con ella en la fecha que ellas desean y dejan otra fecha que no es la ideal para el padre".

NO HAY FORZAR

Viteri acota que por ningún motivo hay que forzar a la familia a pasar la Navidad juntos si los padres están separados. "Una vez que se ha decidido la ruptura no es conveniente que se reúnan a celebrar por los niños". La sicóloga Paulina Gonzalez coincide. "Hay que ver qué es lo que necesita cada uno sin enviarle dobles mensajes, porque hay familias que deciden pasar las fiestas juntas porque así no sufren tanto, pero a lo mejor se les genera una expectativa".

Según la experiencia de Viteri, los niños varones prefieren pasar la Pascua con el papá porque es al que, por lo general, ven menos. "Si no está en manos de los hijos decidir, lo que se ha visto que resulta es hacerlo por sorteo, a uno le toca la Navidad y al otro el Año Nuevo, mecanismo que se emplea cuando las separaciones han terminado en conflicto".

Para el director del portal web el panorama a futuro no es muy alentador en los divorcios que van a ser unilaterales o por causal grave. "El más perjudicado va ser el niño porque si es la madre, lo que ocurre normalmente, la que queda con la tuición, pone dificultades si es que no limita absolutamente la compañía del padre con el hijo en cualquiera de las dos festividades. Muchas los hacen por venganza o despecho si han sido abandonadas o víctimas de una infidelidad".

Concluye que esta situación es lejos más estresante que el tema económico. "No poder celebrar la Navidad o el Año Nuevo con tu ser más querido es tremendamente doloroso para cualquiera. Siempre hay alguien que va a sufrir".

La opción generalizada y en cualquier circunstancia sugiere optar por recuperar los ritos familiares y darle un sentido más espiritual a estas fechas que terminan por resquebrajarnos el alma y el bolsillo.

ENTEL sancionada por pérdida de correos electrónicos

2006-11-27T14:28:00.000-03:00

Estimados amigos:

Me complace poner nuevamente a vuestra disposición la siguiente nota publicada en www.odecu.cl, sobre un nuevo fallo que beneficia a los consumidores en un caso bastante habitual hoy en día.

El caso es un nuevo acierto del Departamento Legal de ODECU que sienta precedente respecto de que los proveedores de servicios de internet no pueden excusarse de responsabilizarse por lo que ocurra con tales servicios, escudándose en que son "gratuitos".

De hecho no lo son, pues sólo se accede a una casilla de correo luego de contratar productos específicos de los proveedores, como es el caso de internet, telefonía y/o televisón por cable.

El texto, in extenso, de la nota es el siguiente:

"Caso presentado por ODECU.

ENTEL sancionada por pérdida de correos electrónicos

-La información alojada en la casilla electrónica de un usuario de Entel desapareció sin previo aviso y sin justificación por parte de la empresa.

Por causar la pérdida total e irrecuperable de información desde una casilla de correo electrónica, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa Entel Internet al pago de una multa de 5 UTM a beneficio fiscal, más 100 mil pesos de indemnización al publicista Jaime Reyes, usuario del servicio de correo proveído por la empresa.

Así quedó ratificada la resolución que en primera instancia emitió el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes en mayo de este año.

El afectado, que presentó la demanda junto a ODECU, la Organización de Consumidores, poseía una cuenta del servicio de correo electrónico gratuito proveído por la empresa, 123mail, que utilizaba para desarrollar su actividad profesional.

La información personal y comercial que almacenaba en la casilla desapareció, sin previo aviso por parte de Entel y sin justificación, causándole numerosos inconvenientes. Ante su reclamo, la empresa admitió que esto se debía a la mantención del sistema, pero que los correos serían restituidos a la brevedad, lo que no se produjo.

Cláusula ilegal

Entel argumentó que estas fluctuaciones en el servicio están contempladas en la cláusula que el usuario acepta previamente al registro de su cuenta, que por lo demás es gratuita. En estas condiciones está estipulado que a la empresa “no le corresponde responsabilidad alguna por el borrado o la falla en el almacenamiento de mensajes de correo electrónico”.

En ODECU enfatizaron que el tribunal desestimó este argumento, por apoyarse en una cláusula ilegal. “Son derechos que están establecidos en la Ley del Consumidor. Se trata de una cláusula ilegal, porque se trata de derechos establecidos e irrenunciables”, dijo Pedro Fariña, abogado de ODECU.

Por otra parte, Entel sostuvo que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) quien debe resolver las situaciones de reclamos en que se ven involucradas las empresas de telecomunicaciones y los usuarios, no aplicándose en este caso la Ley del Consumidor. Esto también fue desechado por tribunales, por tratarse de una situación de negligencia por parte de la denunciada. “La Ley del Consumidor regula a todos los entes, no hay nadie exento”, agregó Fariña. (fsm)"

CORTE OBLIGA A AUTOMOTORA A PAGAR INDEMNIZACIÓN

2006-10-28T17:41:00.000-03:00

Estimados amigos:

Me complace poner en vuestro conocimiento la siguiente información que reivindica a una socia de ODECU en un caso demasiado recurrente en nuestro país: los vehículos fallados y sus garantías.

La empresa sancionada fue defendida por el estudio jurídico Carey & Allende que de derechos de los consumidores parece que no saben nada. Como dato adicional cabe decir que asesoran al Metro de Santiago en la demanda colectiva por la Multivía.

"Por venta de vehículo en mal estado, Comercial Grass & Arueste Ltda. fue condenada a pagar indemnización a clienta.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Comercial Grass & Arueste al pago de una indemnización de 50 unidades tributarias mensuales (más de un millón 615 mil pesos) , más una indemnización de 300 mil pesos, a una clienta por actuar con negligencia y faltar al contrato de compraventa de vehículos.

Con esto, la Corte revocó el fallo emitido por el Juzgado de Policía Local de Vitacura, que en el pasado mes de abril se manifestó a favor de la automotora ante la denuncia realizada por Inés Arap socia de ODECU, la organización de consumidores.

Arap compró un vehículo nuevo en abril de 2005, que resultó defectuoso y tuvo que ser llevado en tres oportunidades al servicio técnico sin que Grass & Arueste Ltda respondiera por los gastos, a pesar de que aún no vencía el plazo de garantía estipulado por la ley, correspondiente a tres meses.

El Juzgado de Policía Local consideró que no existía acreditación suficiente acerca de las fallas mecánicas o técnicas del vehículo y que tampoco había presentación de documentos que respaldaran la garantía. Según el abogado de ODECU, Pedro Fariña, la ley estipula que la presentación de este documento no es necesaria, siendo la garantía igualmente efectiva.

El nuevo fallo, además de confirmar la responsabilidad de la Grass & Arueste por “actuar con negligencia” en el contrato de compraventa de vehículos, condena a la automotora a la cancelación de la multa máxima asignada según la ley. Esta debe responder por los numerosos inconvenientes que el episodio ocasionó a la clienta, que incluso en una ocasión debió contratar un traslado de grúa para ser recoger el vehículo defectuoso.”
La nota, en su versión original, se encuentra en la web de ODECU y fue recogida el mismo día de su publicación por el vespertino La Segunda.

Consumidores de Chile: Denuncian cobros indebidos en cuentas de farmacias

2006-01-24T18:39:00.000-03:00

Algunas cadenas estarían incurriendo en faltas, debido al cobro reiterado de gastos de cobranza a sus deudores.

DANIELA VARAS C.

Denuncias por cobros irregulares y excesivos en las cuentas de algunos clientes de las farmacias Salcobrand y Cruz Verde investiga la Organización de Consumidores de Chile (Odecu).

Mediante una serie de reclamos, el organismo constató que ambas cadenas están realizando cobros reiterados de gastos de cobranza en las cuentas de sus deudores. Es decir, en las boletas mensuales de los clientes sale un recargo mensual, que según Odecu debería exigirse una sola vez y no periódicamente como está aconteciendo ahora.

Uno de los afectados es Rodrigo Valenzuela, de Santiago, quien asegura que desde hace dos años mantiene una deuda con la farmacia Cruz Verde, que ha ido creciendo de una "manera excesiva debido a cobros indebidos, como gastos de cobranza sobre cargo de cobranza". De esta forma, su deuda original de 200 mil pesos llega hoy a 503 mil pesos. "Siempre ha sido mi intención pagar, pero no he recibido ninguna respuesta de las farmacias, que no saben explicar cómo se originó la deuda actual", afirma.

Una situación similar ha vivido Sara Castillo con la cadena Salcobrand en Quillota: "Hace más de dos años que yo no saco nada de la farmacia, y en un año mi deuda ha aumentado en 100 mil pesos".

Según el asesor del grupo jurídico de Odecu, Alejandro Pujá, estos casos demuestran que ambas farmacias "incurren en faltas graves a la Ley del Consumidor y a la Ley 18.010, pues la norma legal establece que ese cobro se efectúa una sola vez, pasados 15 días del vencimiento de la fecha de pago, calculado sobre el capital", explica Pujá.

Al respecto, Carlos Acosta, gerente de cobranza de Saludmático de Salcobrand, advierte que la farmacia "no incurre en problemas legales, pues cobra el gasto de cobranza sobre el pago mínimo o cuota que se debe y no sobre la deuda total facturada".

Cruz Verde, en tanto, desmiente la versión de Odecu y asegura que "cumple con las exigencias legales que le son propias, entre otras, regular el cobro de los gastos de cobranza y proporcionar información veraz y oportuna acerca del estado de las cuentas de los tarjetas".

El director del Servicio del Consumidor, José Roa, dice no estar en conocimiento de estos casos, pero asegura que las empresas pueden exigir estos cobros siempre que hayan sido informados previamente.

Y se prohíbe prohibirla: Se permite la entrada

2006-01-12T01:55:00.000-03:00

Feos, gordos o mal vestidos no pueden ser impedidos de ingresar a un local que "se reserve el derecho de admisión".

SEBASTIÁN CERDA Q.

¿Hasta dónde puede un local "reservarse el derecho de admisión"? ¿Nos podrían impedir la entrada a un bar porque nos consideran feos o estamos vestidos de una forma que a los dueños no les agrada?

No son pocos los que han pegado un cartel en la entrada de sus recintos con la famosa sentencia, que terminan aplicando precisamente de ese modo.

Sin embargo, esto no es posible, e impedir el acceso a un local o negarse a prestar un servicio es algo que la Ley del Consumidor penaliza.

"Las normas establecen la obligatoriedad del proveedor para otorgar el servicio, salvo las exclusiones que la ley señale, como vender alcohol a menores", explica Alejandro Pujá, de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).

Letreros ilegales

Y aquí no hay letrero que valga. "Esos avisos son tan ilegales como los de los estacionamientos que dicen que no te responden por robos", sentencia Pujá.

Claro que hay casos en que las negaciones pueden justificarse. Eso sí, no tienen relación con vestuario ni color de piel.

Mario Sacaán, dueño del Club La Feria de Bellavista, asegura que pese a la fama de exclusividad que recubre a su local, allí no se niega la entrada a nadie por su ropa o edad." A los únicos que normalmente no dejo entrar son los que están muy curados. Si se ponen jotes, les digo que tengo un evento privado", cuenta.

Eso no caería dentro de lo discriminatorio, ya que aquí entran a operar otras leyes, como la de Alcoholes.

Algo similar ocurre con quienes, sin estar ebrios, adoptan una actitud conflictiva. En ese caso, el personal de un local está en todo su derecho a echarlos o llamar a Carabineros.

Claro que tampoco se trata de ir a buscar los conflictos. Probablemente, en un hotel de cinco estrellas no miren con buenos ojos a un tipo que entre en short y chalas a su restorán, pero eso es algo medianamente sabido por todos, por lo que ir en esa dirección podría caer en la provocación.

Así, al menos, lo cree Alejandro Pujá: "No conozco normas que avalen restricciones de vestuario, por ejemplo, pero aquí también hay que apelar al sentido común. Si el consumidor lo contraría, aunque en el fondo tenga razón, está buscando un conflicto innecesario".

Que no se mueran los feos

Quien sea víctima de discriminaciones como éstas, puede llamar a Carabineros en el momento, dejar constancia de lo sucedido y, luego, hacer la denuncia en el Juzgado de Policía Local respectivo. Si ello no es posible hay que ir al juzgado con otros medios de prueba, como testigos. Para estos casos, se puede pedir la asesoría e intervención del Sernac y otras organizaciones como la misma Odecu.

Regulación Tarjetas No Bancarias

2005-12-19T11:15:00.000-03:00

Opinión básica sobre Propuesta de regulación de Tarjetas No Bancarias emitida por el Banco Central de Chile.

Con motivo de mi labor en ODECU, remití el siguiente documento como aporte a los comentarios que se podían presentar a la propuesta de regulación de tarjetas de crédito no bancarias, presentada por el Banco Central de Chile.

Espero sea de vuestro interés.

"En relación a la propuesta de regulación de tarjetas de crédito no bancarias presentada por el Banco Central, caben algunas observaciones de las cuales las más relevantes son las siguientes:

1. ODECU valoraría poder participar del sistema de coordinación que se propone entre la SBIF y el SERNAC, en el sentido de proveer información a la primera de manera de colaborar en su rol fiscalizador.

2. En relación a la revisión que se practicará a los contratos que regulan la relación entre emisor y titular de la tarjeta, con el fin de garantizar se atengan a la normativa bancaria, ODECU estima que tal revisión debe extenderse a las normas de la Ley del Consumidor, particularmente en lo relativo a cláusulas abusivas.

3. En la línea de lo anterior y como una forma de mejorar la posición negocial siempre débil del cliente, establecer controles a la aplicación desmesurada de cláusulas si bien legítimas en su origen y naturaleza pero altamente nocivas para el cliente, como es el caso de la cláusula de aceleración.

Tal propuesta, nace de la experiencia de ODECU en la asesoría financiera y judicial que efectúa en forma directa y a través del portal http://www.misdeudas.cl/.

Esa experiencia indica la absoluta necesidad de establecer alternativas a las que puedan acudir aquellos clientes que ante eventualidades que modifiquen sensiblemente su situación remuneracional o patrimonial, no se vean expuestos a la voracidad de acreedores que buscan una ejecución inmediata de los bienes del deudor o presionan, precisamente con demandas ejecutivas donde se aplica la cláusula de aceleración, para obligar a repactaciones en condiciones que suelen ser peores a las que vive el deudor y que, indefectiblemente, lo retornan a un estado de morosidad a poco andar del nuevo trato.

Chile, requiere una ley de insolvencia familiar y de tribunales o instancias arbitrales de efectos vinculantes al cual las partes deban concurrir para satisfacer la legítima pretensión del acreedor de cobrar lo que le deben y también proteger el patrimonio básico del deudor y su familia. Todo en la línea del rol que cumple en la sociedad la persona y la familia, como núcleo fundamental de la sociedad sobre la cual se construye el sistema ciudadano.

Esta propuesta, sólo responde a una necesidad objetiva más de la sociedad que del mercado y se basa en modelos como el alemán (Tribunales arbitrales) y el español (Ley de insolvencia).

Hay otras observaciones que hacer pero requieren un tratamiento más detallado y técnico.

Es todo por ahora.

Tarjetísticamente,

Alejandro."

Según el SERNAC, "Blogs: Nuevos espacios de discusión"

2005-10-25T00:52:00.000-03:00

El Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, también se ha hecho eco del fenómeno de los blogs.

Y lo hizo con una nota publicada en la Revista del Consumidor N° 168, de octubre del 2005.

El texto, titulado "Blogs: nuevos espacios de discusión", hace una clara alusión a los contenidos de este blog y exhibe una imagen del mismo al centro del texto el que se reproduce a continuación:

"Un blog o bitácora, es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una temática en particular o a modo de diario personal.

Cuando nos referimos a un blog, también hablamos de una novedosa herramienta de comunicación en Internet, de alrededor de 5 años de existencia, que en la actualidad es ocupada por millones de usuarios en el mundo y que en Chile cada día cobra importancia.

Tan fuerte es la tendencia en el país, que ya existe un índice temático de estos sitios en Internet, (ubicable en distintos portales o buscadores) donde no podían faltar aquellos contenidos que se relacionan con materias de consumo. De hecho, al indagar por la Guía de blogs Chilenos, nos encontramos con sitios que mantienen interesantes publicaciones sobre aspectos como; la letra chica en los contratos, la Ley del Consumidor, consumidores: de la palabra a la acción, entre otros. Otros blogs nacionales nos hablan sobre vecinos indignados, reflexiones eonómicas y derechos ciudadanos.

Lo cierto es que este tipo de páginas cada día representa no sólo una oportunidad para los ciudadanos, de exponer sus pensamientos o asociarse frente a un tema en cuestión. También puede representar una oportunidad para proveedores, otorgando espacio virtual de discusión, de traspaso de información y relacionamiento con los consumidores y consumidoras del país."

Siempre Líder: Denuncias por cobros excesivos de tarjeta Presto

2005-10-17T03:22:00.000-03:00

Honorina es esquizofrénica y sobrevive en un hogar de ancianos con una pensión de 37 mil pesitos. Pese a su estado mental, le dieron la tarjeta Presto y en enero gastó con ella 24 mil. En los siguientes nueve meses pagó 18 mil. Pensaba que la deuda disminuía, pero el sacerdote que dirige el hogar la sacó de su error. Honorina debía más de 27 mil. No es la única que se ha desayunado en el Líder.

Por Miguel Paz.

En el nuevo Líder Vecino de Irarrázaval, en Ñuñoa, una funcionaria le explica a un interesado los beneficios de la tarjeta Presto. “Siempre Líder”, se lee en su uniforme. Sobre el stand hay un alto de trípticos con las ofertas que se pueden comprar este mes con la tarjeta de crédito de la cadena de supermercados más popular del país. En ninguna de las 16 páginas de los folletos salen los requisitos para obtenerla ni se hace mención a los cobros de mantención. Tampoco al interés mensual aplicable, según la “tasa máxima convencional” del mercado.

“Para sacar la Presto hay que tener una tarjeta de Ripley, Falabella, Almacenes París, tarjeta de crédito bancaria o cuenta corriente”, dice la promotora. “¿Y si no tengo nada de eso?”, pregunta el posible cliente. “Entonces tiene que traer una fotocopia de su carnet más las tres últimas liquidaciones de sueldo o seis copias de las cotizaciones de la AFP. El costo de mantención mensual de la tarjeta es de 2.100 pesos por concepto de facturación y seguro de desgravamen. Pero si no usa la tarjeta no paga mantención”, explica con una sonrisa pegada al rostro.

“Eso es mentira”, dice Francisca Sepúlveda. El 26 de agosto, mientras compraba en el mismo local, Francisca fue abordada por una promotora que le ofreció la tarjeta Presto con las mismas palabras que al sujeto anterior: “Me dijo que si yo no usaba la tarjeta no pagaba costo de mantención, pero que si la usaba costaba dos mil pesos mensuales. Nunca la usé”. Pero la primera semana de octubre le llegó una cuenta de Presto por siete mil pesos. El monto era por la mantención mensual de la tarjeta más intereses y multas. Francisca pagó la cuenta y terminó el contrato de la tarjeta la semana pasada, molesta por lo que siente que es publicidad engañosa.Su caso no es el único entre el millón y medio de personas que guardan en su billetera la tarjeta del supermercado de Nicolás Ibáñez, el poderoso dueño de D&S. “No ahorre cariño, ahorre en el Líder”. Es la frase que esta empresa usa para que, comprando en su tienda, ahorremos. Así, parte la carta del sacerdote Nano Contreras que fue publicada en “The Clinic”, el 29 de septiembre. Ahí cuenta el caso de Honorina Callasaya, una anciana del Hogar San Pedro Claver de Arica, que él dirige.

¿Ayudando a ahorrar?

Honorina recibe del Estado una pensión mensual de 37 mil pesos y sufre de esquizofrenia -explica Contreras en la misiva-.

Sin embargo, la enfermedad no fue impedimento para que le otorgaran la tarjeta Presto. El religioso asegura que a la mujer no le pidieron papeles ni liquidaciones de sueldo, pues no posee ninguna. El 6 de enero, Honorina fue al Líder de Arica, ubicado en calle Diego Portales, y compró un par de regalos con su tarjeta. Se endeudó en 24.376 pesos y abonó la cuota mínima de dos mil, dejando un saldo a pagar de 22.376. Un mes después su deuda aumentó a 26.837 por el cobro de intereses legales. Honorina, sin darse cuenta del aumento de su deuda, siguió pagando la cuota mínima de dos mil pesos mensuales hasta septiembre, cuando el padre Contreras supo de la deuda y partió a saldar la cuenta. Ahí se enteró que Honorina aún debía 27.600 pesos. “Si sumamos los abonos que hizo (18 mil), resulta que pagó 45.600; es decir, casi el doble de la deuda inicial”.

a Criterio de lider

En la misma carta, Contreras se pregunta: “¿Así es como el Líder ayuda a la gente que ahorre? ¿Cuántos más como Honorina estarán siendo engañados con la tarjeta Presto? Ciertamente no se ha cometido ninguna ilegalidad, pero sí una inmoralidad”. Más allá de los pesos, ¿se le puede dar una tarjeta de crédito a una mujer que tiene problemas mentales?

El abogado de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Alejandro Pujá, explica que, en el caso de un supermercado, esto queda a criterio de quien le entrega un crédito. Como no está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), no puede ser sancionado por la norma respectiva. “Para poder objetar un caso como el de Honorina habría que comprobar judicialmente que ella no era sujeto de crédito”, dice Pujá.

Presto fue el primer plástico no bancario que ingresó a la esfera de control de la SBIF, en junio pasado. Si esa tarjeta hubiese estado bajo la normativa de la superintendencia cuando Honorina firmó el contrato y recibió su tarjeta, el sacerdote Contreras podría haber ejercido acciones legales.

En Odecu reciben muchos casos similares al de Honorina, dice Pujá. “Así es como le entregan tarjetas de débito a estudiantes que no tienen ingresos propios, a dueñas de casa a las que sólo les piden tener un teléfono fijo, o a jubilados que ganan una miseria. También vemos casos de personas a las que se les comprometió un seguro de cesantía y cuando tuvieron que usarlo se enteraron que el seguro no estaba vigente pero les seguían cobrando”. Incluso ha habido situaciones de pensionados que reciben, dentro del cargo de mantención mensual de una tarjeta, un cobro por seguro de desempleo. Lo que nadie sabe es que los seguros como el de desgravamen son voluntarios y no obligatorios, como indicó la SBIF en una circular reciente.

Lo que le sucedió a Honorina es un caso extremo. Sin embargo, hay otros en que los denunciantes acusan cobros exagerados y abusos. En reclamemos.com, un sitio web que recibe denuncias y ofrece asesoría legal a consumidores, por ejemplo, existen 87 quejas de distinto tipo por el funcionamiento de la tarjeta Presto.

Pero en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) no hay cifras oficiales ni estudios sobre el mercado de tarjetas de crédito de los supermercados. Tampoco se pronuncian sobre casos particulares. “Por seriedad, no opinamos sobre casos que no conocemos”, explica el director del servicio, José Roa. Si no es el Sernac o sus autoridades quienes deben explicar si habría eventuales cobros irregulares en casos como el de Honorina y Francisca, ¿entonces quién? El anuncio del Banco Central el jueves pasado sobre la modificación a la normativa establecida en el Compendio de Normas Financieras (cap. III. J.1) para fiscalizar las tarjetas de crédito no bancarias podría cambiarle la cara al mundo de los plásticos no bancarios, que suman cerca de siete millones, más del doble que las pertenecientes a bancos.

EL CEREBRO Y EL VERDADERO NEGOCIO

Hace mucho tiempo que en el sector retail se dieron cuenta de que el negocio no era vender productos, sino prestar servicios financieros, que es de donde proviene el grueso de las ganancias de estas empresas. Por ejemplo, si una persona acostumbra a pagar únicamente la cantidad mínima de la cuota mensual de una tarjeta de crédito, los intereses pueden hacer que termine pagando el doble del precio del producto. En la compra a crédito, lo primero que se paga son los intereses de la deuda, no el capital. Ese ha sido el verdadero negocio de Líder en los últimos años.

La tarjeta Presto nació en mayo de 1996 “con el propósito -según se asegura en la página web de la compañía- de convertirse en la alternativa de pago más económica para los clientes de Líder y así hacer accesibles los bienes y servicios a los chilenos”.

En un artículo de “El Mercurio” del domingo pasado se muestra en cifras el éxito que ha tenido Presto: aparte del millón y medio de usuarios de la tarjeta, tiene colocaciones por 300 millones de dólares, seis mil comercios afiliados, y ha logrado subir en la escala socioeconómica de los estratos C3 y D hasta el olimpo del ABC1.

El hombre clave en las últimas operaciones de Presto, que mejoraron los resultados de D&S en el primer semestre, es Elías Ayub. El flamante gerente general de Servicios Financieros D&S jugó un rol vital en la conversión de Presto a Servicios, compañía con giro propio, que incluye Presto Tarjetas, Presto Seguros y Presto Red. Ese fue el motivo para que D&S pidiera voluntariamente a la SBIF que la tarjeta estuviera sometida a su escrutinio. Ayub conoce el rubro. Hizo toda su carrera en la banca y participó en la estructuración de Transbank y Redbank. En 1990 se convirtió en consultor especializado en tarjetas de crédito. Asesoró a D&S e Ibáñez pudo conocer su experiencia de primera mano.

“El Mercurio” consigna que a mediados de 2003, el empresario contrató a Ayub. Desde entonces diversificó los negocios de Presto hasta transformarla en Servicios Financieros D&S. Su principal gancho para que los clientes de Líder usen Presto fue proporcionar descuentos y ofertas tentadoras en tres cuotas precio contado sólo para quienes tengan la tarjeta. De este modo se espera que Servicios Financieros aporte a D&S a fines del año próximo un tercio de sus ingresos. El viernes, este medio intentó ubicar a Ayub para que se pronunciara sobre los ex clientes de Presto mencionados en este reportaje. Pero, al igual que Francisca y Honorina, no obtuvimos respuesta. LND

Estacionamientos en locales comerciales: De aquí lo robaron, de aquí lo devuelven

2005-09-23T14:15:00.000-04:00

Si uno deja su auto en el aparcadero de un mall no es para que se lo roben, por lo que si eso ocurre, la empresa debe responder

Por SEBASTIÁN CERDA Q.
Página del Lector "El Mercurio"

El robo de vehículos en estacionamientos es algo de lo que muchos pueden dar cuenta. Por ejemplo, podría relatarnos su experiencia Sonia Fried, la madre del tenista Nicolás Massú, a quien le robaron su camioneta 4x4 desde los aparcaderos del mall Alto Las Condes. O el cantante Alberto Plaza, a quien, en el mismo centro comercial, le quitaron su Grand Cherokee, tras amenazarlo con un arma. Incluso un juez de La Cisterna quedó de brazos cruzados tras llegar a los estacionamientos del Hotel Marriot, donde estaba almorzando en agosto de 2004, y ver que su Mitsubishi Montero se encontraba con uno de los vidrios traseros destrozados y que en su interior ya no estaban ni su chequera (que luego utilizaron) ni su notebook.

Pero ésos son casos "emblemáticos" (y afortunadamente en algunos, como el del cantante, había seguros comprometidos y la policía recuperó el vehículo). En forma más reciente, nuestro lector Manuel Antonio Sobera debió pasar por una situación similar, cuando al volver al estacionamiento subterráneo del mall Parque Arauco, donde estaba viendo una película la semana pasada, se encontró con una de las chapas de su jeep Vitara forzada, mientras en el interior ya no estaban la radio ni otros artículos. Reclamó a los encargados del centro comercial, pero la respuesta que esperaba aún no llega.

Sin embargo, los malls, supermercados o cualquier establecimiento que cuente con un espacio de estacionamientos especialmente dispuesto para sus clientes, no puede desentenderse en una situación como ésta, aunque la posibilidad de estacionar que otorgan sea gratuita.

Parte del servicio

Ésa, al menos, es la posición que han adoptado el Sernac y las diversas agrupaciones de defensa de los consumidores en torno a estos casos.

"Nosotros pensamos que la responsabilidad es insoslayable de las administraciones de los estacionamientos, independiente de que no haya pago. Aquéllos pertenecen al mall o supermercado, por lo que son parte del servicio que prestan", explica Alejandro Pujá, del departamento legal de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).

Esto también valdría independiente de que la persona haya hecho una compra o no. "Es lo mismo que en un caso reciente, en que una señora se cayó en un supermercado antes de comprar, mientras una persona limpiaba el piso. El establecimiento no quiso hacerse responsable, culpando a la empresa externa que presta servicios de aseo, pero el juez falló a favor de la señora y el supermercado debió responderle. La razón esgrimida fue seguridad en el consumo, y es la misma que valdría en los casos de robos en estacionamientos", compara Pujá.

En esa línea se manifiesta también Mario Letelier, de Chile Parking, empresa que lleva los automóviles de clientes de restoranes en el barrio El Bosque hasta los estacionamientos de Plaza Perú. "Si en alguna parte del trayecto roban el vehículo o accesorios de éste, se entiende que quienes deben responder somos nosotros", afirma. Para ello disponen de seguros.

De este modo, al cliente que ha sido víctima del robo de especies desde su automóvil, o al que se lo robaron completo, poco le importará si la responsabilidad es del local al que concurrió, de la empresa que lleva el auto hasta el estacionamiento o de quienes administran el aparcadero. Lo único que le importa es que el daño sea reparado, y para ello dirigirá sus descargos de inmediato al recinto al cual concurrió buscando un servicio, y ellos deben estar en condiciones de dar una respuesta, además de coherente, satisfactoria. Mal que mal, si uno va a un supermercado o a un centro comercial es para comprar algo o para pasar un buen rato. Para ser víctimas de un robo, mejor nos quedamos en casa.

Qué hacer

Quien haya sufrido el robo de su vehículo o de especies en el estacionamiento de un recinto comercial, no puede conformarse con respuestas negativas del establecimiento o con gritar su molestia a quien quiera oírla. Debe tomar acciones concretas.

"Yo recomiendo ir a una organización como Sernac u Odecu, o actuar a través de un abogado que entienda del tema. Yo creo que las normas defienden, pero la gente tiene que ser proactiva y estar dispuesta a jugársela, que es algo que hasta ahora no siempre ha ocurrido", argumenta Pujá.

Si se paga

Si el estacionamiento es pagado el tema no se discute: la empresa debe responder, por más que adviertan lo contrario, ya que, además de que esas cláusulas son ilegales, los derechos del consumidor son irrenunciables.

El Caso MULTIVIA: Crónica de una multa anunciada.

2005-08-06T01:22:00.000-04:00

Cuando Rodrigo Belmar envió su consulta al Departamento Legal de ODECU, no imaginaba que estaba dando el primer puntapié de lo que será la demanda colectiva más grande en lo que va corrido de la historia de estas acciones desde la creación de la herramienta legal, en vigencia desde el 14 de julio del 2004.

Por mis funciones dentro de ODECU me corresponde atender permanentemente las consultas de los consumidores y usuarios y, por cierto, la de Rodrigo. El manifestaba su inquietud porque el Metro de Santiago ya no entregaba el viaje gratis por cada 20 efectuados por el usuario. Sin embargo, Rodrigo no sólo consultaba el por qué del cambio de las condiciones del Metro sino aportaba un dato valiosísimo: la empresa continuaba publicitando las condiciones de su promoción original en la página web de la empresa, multivia.cl.

Revisé los datos aportados y, efectivamente, era así. Junto con responderle dándole la razón en su reclamo le informé lo que haría: poner en alerta a toda la organización, la que se puso a trabajar en el tema.

Desde el Area de Comunicaciones se dio la alerta pública con una primera nota en la materia, junto con el envío de un correo electrónico a través de la misma página del Metro en el que le solicitamos la reposición del viaje gratis. No hubo respuesta, pero eliminaron la propaganda. Ya era tarde, teníamos copias digitales y en papel.

Y aumentaron los reclamos y consultas en respuesta a nuestra primera publicación. Mientras, en el Departamento Legal, analizábamos el Reglamento General del Metro y, por supuesto, las normas aplicables en la materia, fundamentalmente la Ley del Consumidor.

Conclusiones: Metro cometió infracción al derecho a la información oportuna y veraz, al no señalar plazo de vigencia de la promoción y, por lo mismo, no debe suspenderla unilateralmente, pues en ese caso, incumple lo ofrecido en su publicidad. La ley considera como parte integrante del contrato los aspectos objetivos de la publicidad asociada al bien o servicio y, por tanto, son un derecho adquirido por el cliente o usuario, al contratar o adquirir la tarjeta MULTIVIA.

Todo esto, evidente para quienes trabajamos en el rubro nunca, fue previsto por el equipo jurídico de Metro, seguramente mejor remunerado que nosotros.

Con las convicciones absolutas en el tema, emplazamos nuevamente al Metro, esta vez ingresando una nota en sus oficinas centrales de Alameda 1414, dirigida al Presidente del Directorio, Fernando Bustamante, para que repusiese el viaje gratis en forma indefinida, compensase a los usuarios por el tiempo en que ha estado suspendido el derecho y pidiese disculpas públicas por el error.

La respuesta fue absolutamente insatisfactoria, repitiendo argumentos inútiles e inaceptables que no vale la pena reproducir.

Tras eso se hizo un llamado público a formalizar la adhesión ciudadana para una demanda colectiva que buscará devolverles a los usuarios los hasta la fecha aproximadamente 4 mil millones de pesos en viajes que Metro les debe, junto con reponer el servicio en las condiciones originales.

¿Qué viene ahora?

Una batalla donde Metro desgastará su equipo jurídico intentando defender lo indefendible: una flagrante violación a la ley del consumidor no solamente basada en la ignorancia de la empresa sobre la ley del consumidor, sino también en la arrogancia de un operador monopólico que cobra caro, nos obliga a viajar de pie, apretujados en todo horario, horneándonos en verano, con contaminación acústica por frenos malmantenidos, televisores con propaganda y música comercial en sus andenes y la propaganda omnipresente desde los mismísimos accesos hasta los carros literalmente “forrados” en avisos.

La multa, de un máximo de sólo 23 millones, una bicoca, dádiva del legislador que siempre tiene la mano blanda cuando se trata de castigar a los poderosos no será el peor castigo para el Metro.

Lo será el que tendrá que reponer el servicio originalmente ofrecido por saecula saecolorum, pues así lo ofrecieron ya que, no lo olvide Sr. Bustamante, tal como dicen mis hijos y seguramente los suyos, con una lógica infantil demoledora, lo que se da no se quita.

Pese a agrandar “letra chica”, pocos leen contratos

2005-08-01T00:16:00.000-04:00

El siguiente artículo, para el cual fue solicitada mi opinión, fue publicado el martes 26 de julio del 2005, en el diario El Sur, en la sección Temas del Día.

El valor del texto radica en que se informa acerca de los habituales errores que cometen los consumidores al firmar contratos, llamando la atención sobre aquellos aspectos que suelen pasar por alto. Este artículo es para que a usted no le pase.

Normativa fija tamaño mínimo en 2,5 milímetros

"La nueva Ley del Consumidor busca hacer más legibles los documentos, pero no servirá de mucho si no hay cultura de estudiarlos bien antes de firmar.

Ya estampada la rúbrica, poco se puede hacer. Lo básico es poner atención a las exclusiones y las claúsulas de término de contrato.

Por Fabián Alvarez Salazar.

Desde hace doce días la “letra chica” de los contratos comerciales dejó de ser tan chica. La entrada en vigencia del artículo 17 de la nueva Ley del Consumidor -que rige desde el jueves 14 de este mes- obliga a las empresas a aumentar el tamaño de los caracteres a un mínimo de 2,5 milímetros. Esta obligatoriedad beneficiará principalmente a la población que tiene problemas visuales y a los adultos mayores.

Sin embargo, aumentar el tamaño de la letra no es sinónimo de inmunidad ante cualquier problema, porque la responsabilidad final es de quien firma el contrato, quien debe procurar lo primordial: leer al revés y al derecho el documento.

Esta nueva reglamentación “abre una posibilidad para que uno se informe mejor qué es lo que va a firmar, en el sentido que se puede leer bien, pero eso no te asegura nada”, afirmó el director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Maturana Fuentealba.

Lo anterior, porque -según ha palpado- en la gente “hay una actitud de conformidad y comodidad respecto de lo que implica leer un contrato. Le da lata leer tres o cuatro páginas, pero no hay nada que te excuse de hacerlo. Un analfabeto o un no vidente antes de firmar tendrá que conseguirse quien se lo lea”, ejemplificó.

A su juicio, el problema es que “muchas veces la gente entiende lo que quiere entender y tienes al frente a una persona que vive de la venta y gana una comisión por ello. Por lo tanto, les venden lo que quieren entender las personas”, expresó.

A ello, hay que sumar “una mala práctica de los vendedores” -afirmó- que se está generalizando: la no entrega de los contratos para leerlos en la casa antes de firmarlos. Al respecto, recomendó: “si no se los quieren pasar, dude, porque algo hay”.

La preocupación del Sernac apunta a las personas de un nivel educacional y económico más bajo, porque “tienen un nivel de desprotección mayor, al ser cautivos, muchas veces, de un solo proveedor”, estimó. Explicó que “ellos por no tener una mayor capacidad de compra deben aceptar las reglas de una tienda, mientras que una persona con más recursos tiene la posibilidad de decir ‘si no me gusta me voy’”.

En qué poner atención

Hay dos temas que uno debiera buscar con lupa en cualquier contrato para después no llevarse sorpresas: las excepciones y las cláusulas de término de contrato.

En el caso de las primeras, por ejemplo, si se contrata un seguro catastrófico para viviendas que cubre inundaciones por crecidas de ríos, pero en la letra chica se especifica que no responde si esas crecidas son por lluvias, se está frente a una excepción que “implica que todo lo que tenías antes se te borró con el codo”, dice el director del Sernac. Esto, debe pesar y estar claro para el asegurado al momento de firmar el documento.

En el caso de las cláusulas de término de contrato, lo más común es que la gente quiera finalizar en forma abrupta el contrato, pero si lo hace tiene que pagar una indemnización. “La gente debiera ver las excepciones y como operan los términos de contrato, viendo esas dos cosas se nos disminuyen en un 80% los reclamos que tenemos por el tema de la letra chica”, asegura Maturana.

Poco éxito de reclamos

En lo que va del año el Sernac ha recibido unos 3 mil reclamos y consultas. La mayoría son de las áreas de garantía, servicios básicos, cobros indebidos o tasas de interés. Los mínimos son por problemas derivados de no haber leído la letra chica, lo que se traduce, por ejemplo, en querer terminar el contrato, deseo que la contraparte no permite. En otros casos en algunos documentos van incluidas pólizas de seguros que, por no leerlas, el cliente sólo se entera cuando se las comienzan a cobrar.

Los reclamos y consultas originados por no haber revisado bien el contrato al firmarlo representan entre un 1 y un 2% del total, es decir, entre 30 y 60 casos se han recogido a la fecha en la región.

Lamentablemente, la gente que se cae en estos aprietos muy pocas veces gana, “porque tendría que tener formas de probar que fue engañado por el vendedor. Pero, si firmó algo donde estaban todas las condiciones establecidas en la cláusula y donde el proveedor está solamente haciendo cumplir esas condiciones, entonces ya no hay nada que hacer”, explica Maturana.

Engaño en letra grande

Las malas prácticas no sólo vienen en la llamada “letra chica”, sino que también en los párrafos principales. Así lo advierte el encargado de atención de público del departamento legal de la Organización de Consumidores de Chile (Odecu), Alejandro Puja Campos. Recomienda fijarse en ciertos aspectos antes de firmar.

Detalló que si un contrato no especifica que se puede objetar el árbitro establecido que designa el documento, es ilegal. El cliente puede objetar, además, las cláusulas de aceleración (por las que se cobra toda la deuda si hay mora), en el caso de los créditos de consumo. Y si bien es difícil suprimirlas, sí se puede flexibilizar.

Otro punto a considerar, son los seguros añadidos a los contratos. “A excepción de los seguros de desgravamen y contra incendios -en el caso de los créditos hipotecarios- ninguno más es obligatorio”, dijo.

Para Alejandro Puja la gente no se informa como corresponde, pero el Estado debiera ser más activo, por ejemplo, estableciendo derechos de retractaciones generales. Esto, porque hasta ahora un cliente puede echar pie atrás cuando ha firmado sólo en tres áreas puntuales: en los contratos de las empresas de vacaciones compartidas, en las compras por internet y en la matrícula en universidades privadas cuando más tarde quedan en una tradicional."