Abogado: Consultorías, asesorías legales y financieras para personas naturales y jurídicas.
Especialización en derecho de consumidores y tributario.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Investigación de mercados.
El
Servicio Nacional del Consumidor interpuso una demanda colectiva en
contra de la administradora de Mutuos Hipotecarios Hogar y Mutuo S.A.
Con esta acción, el Servicio busca que la justicia declare nulas las
cláusulas abusivas detectadas en los contratos de esta entidad, que,
entre otras cosas, permitirían el cobro de intereses abusivos y gastos
de cobranza extrajudiciales fuera de la ley.
En
relación con el cobro de intereses y gastos de cobranza, la institución
establece en su contrato de adhesión un plazo para pagar el dividendo,
el cual va entre los días 1° a 10 de cada mes, pero a pesar de dicho
plazo, si el cliente se atrasa en el pago, los intereses moratorios son
cobrados desde el día 1°. Es decir, la empresa, primero entrega un plazo
para pagar y, luego, para aplicar una sanción a su favor, cobrando
intereses penales, resta todo valor al mismo.
Asimismo,
el proveedor incluye cláusulas que vulneran la normativa que consagra
la Protección de los Derechos de los Consumidores, tales como la
exigencia de un seguro no obligatorio, cláusulas que contienen
limitaciones de responsabilidad o establecen incrementos de precios,
financiamientos o recargos.
A
través de esta demanda colectiva, interpuesta en el 27° Juzgado Civil
de Santiago, el Servicio además de buscar que la justicia declare nulas
las cláusulas abusivas, le aplique a la administradora de Mutuos
Hipotecarios el máximo de las multas permitidas por ley.
El
Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, enfatizó “que la Ley
sanciona la inclusión de cláusulas abusivas que dañan a los
consumidores, por lo que es inaceptable que las empresas todavía las
incluyan en sus contratos, provocando un grave desequilibrio y afectando
sus legítimos derechos”.
Durante
este año 2017, el Servicio Nacional del Consumidor ha presentado en el
mercado de los mutuos hipotecarios, dos denuncias en contra de
Inmobiliaria Ciudad del Norte y Banco Scotiabank por problemas de
ejecución contractual y cláusulas abusivas, que se suman a las dos
interpuestas el pasado 2016 en contra de BBVA y Banco Estado.
Asimismo,
el Servicio está desarrollando 3 mediaciones colectivas, con los
proveedores Metlife Administradora de Mutuos, Cimenta Mutuo y Mutuos
Renta Nacional. La mediación es una instancia voluntaria y de carácter
extrajudicial en la que participa el SERNAC y la empresa, que permite
lograr soluciones rápidas y eficientes para los consumidores, cuando han
existido desajustes a la Ley de Protección al Consumidor.
La
Municipalidad de Rancagua cobraría intereses de morosidad por sobre la
norma legal en patentes comerciales. A pesar de haber sido advertida por
el director del Servicio de Educación Financiera, la entidad ignoró la
información.
Dos
veces al año los titulares de patentes comerciales deben pagar los
respectivos derechos dentro de los plazos legales y, como en cualquier
caso, el pago fuera de plazo está afecto al cobro de intereses de
morosidad que se encuentran regulados por ley. Sin embargo, de acuerdo a
los antecedentes que tenemos, la Municipalidad de Rancagua estaría cobrando intereses por sobre las normas legales aplicables.
En el caso del cobro de morosidades vinculadas a patentes comerciales y
otros tributos, la Ley de Rentas Municipales se remite al artículo 53
del Código Tributario que permite aplicar la variación que haya
registrado el Indice de Precios al Consumidor, IPC, más un interés penal
de 1,5% mensual.
En
un caso específico que hemos revisado, en una patente cuyo vencimiento o
plazo para pagar era el 31 de enero por $134.888 y que fue pagada el 2
de febrero, el municipio aplicó un cobro de intereses por $2.023 lo que
significa aproximadamente un 0,75% diario, lo que excede largamente lo
autorizado por las leyes citadas.
El Director del Servicio de Educación Financiera, Alejandro Pujá, avisó al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, a su cuenta de Twitter @alcaldesoto, dado que la página web de la municipalidad no tiene un formulario de contacto para solicitar se revise un caso como el descrito; y sólo se obtuvo una respuesta evasiva desde la cuenta @munirancagua en que se indica que "los derechos municipales están establecidos por Ordenanza y Ley de Rentas Municipales".
Ante esta obvia respuesta, el
director del Servicio de Educación Financiera insistió en que
posiblemente hay un error de cálculo en los intereses, advertencia que
ha sido ignorada.
Por tanto, el Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados ha estimado pertinente alertar
a la comunidad y especialmente a los contribuyentes que deben pagar
patentes comerciales para que se fijen en los montos que se les carguen, especialmente en la cuota del primer semestre, que suele pagarse al regreso de vacaciones, con intereses.
Con
estos porcentajes de sobrecobro, en sólo un mes de atraso, el
contribuyente pagaría más de $30.000 lo que aparece como absolutamente
desproporcionado.
La
Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dictado el 4 de noviembre de
2016, causa rol 1175-16, concluyó que la suma adicional que se cobra
bajo el rótulo de "gastos o cobros de administración", reúne todas las
características del concepto de interés referido en el artículo 2 de la
Ley N° 18.010, por lo que jurídicamente debe ser calificado como tal, y
excede el máximo legal permitido.
La
Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el
Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro
señor Fernando Carreño Ortega y la Ministra señora Patricia Liliana
González Quiroz, acogió el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Nacional del Consumidor, contra la sentencia que rechazó una demanda por infracción a la ley del consumidor, debido a que la operación de avance de dinero efectivo importó que a la denominada "cuota mensual" se le agregara por concepto de "cargo mensual por uso" o "administración por uso"
una cantidad adicional, lo que determinó el monto total a pagar que
elevó la tasa de interés efectiva a un 21,52%, sobrepasando la tasa
máxima convencional a la fecha de la operación de 4,78%, lo que
significó que la diferencia existente entre el máximo legal y la tasa
realmente aplicada fue de un 16,74%. Estos hechos infringen el
artículo 39 de la Ley 19.496, desde que el denunciado en una operación
de crédito de dinero celebrada con un titular de la tarjeta HITES, le
cobró un interés mensual que supera el máximo convencional permitido por
la Ley 18.010.
Detalles de la causa
Con
la prueba documental acompañada por el Servicio Nacional del
Consumidor, reiterada como tal en el comparendo de contestación,
conciliación y prueba, verificado el 10 de marzo del año pasado,
apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, consistente en el
formulario único de atención de público N° 6586753 de 3 de diciembre de
2012; copia simple del contrato de crédito en moneda nacional y
afiliación al sistema y reglamento de uso de la tarjeta Hites y
servicios adicionales; copia simple del memorándum N° 7, emanado de la
Unidad de Apoyo Financiero de la Dirección Regional Metropolitana de
SERNAC; copia simple del estado de cuenta de la tarjeta de crédito
Hites, de Patricio González Guilla, correspondiente al mes de Noviembre
de 2012, que da cuenta del cobro de administración por uso y de la
cartola informativa con la misma fecha y copia simple del voucher
emitido por la denunciada el 29 de octubre de ese año, donde consta la
operación que originó esta causa, es posible establecer los siguientes
hechos:
A.-
Que don Patricio González Guilla, con fecha 29 de octubre de 2012,
solicitó un avance en efectivo por la suma de $30.000, en 3 cuotas de
$15.259, con cargo a la Tarjeta Hites, emitida por Inversiones y
Tarjetas S.A.
B.-
Que el valor de la mensualidad recién referida, se desglosa en
$11.093.- por concepto de cuota mensual más $4.166, por administración
por uso.
C.-
Que la operación descrita en las letras anteriores, contempló un valor
total a pagar de $45.777, que representó una tasa de interés de un
21,52%.
4.- Que la operación de avance de dinero efectivo referida en el motivo anterior, importó que a la denominada "cuota mensual" ($11.093) se le agregara por concepto de "cargo mensual por uso" o "administración por uso"
la cantidad de ($4.166), lo que determinó el monto total a pagar en
$45.777, elevando la tasa de interés efectiva a un 21,52%, sobrepasando
la tasa máxima convencional a la fecha de la operación de 4,78%, lo que
en definitiva significó que la diferencia existente entre el máximo
legal y la tasa realmente aplicada fue de un 16,74%.
5°.-
Que los hechos acreditados en el motivo anterior infringen el artículo
39 de la Ley 19.496, desde que el denunciado en una operación de crédito
de dinero celebrada con el titular de la tarjeta HITES don Patricio
González Guilla, le cobró un interés mensual que supera el máximo
convencional permitido por la Ley 18.010.
6°.-
Que la denunciada al contestar la demanda expuso que el contrato
suscrito con el reclamante, que está plenamente vigente, contempla los
denominados gastos o cobros de administración, de lo que se colige que
está permitido la estipulación de comisiones y cargos como un concepto
distinto de los intereses. Por otro lado, el cuentahabiente en todo
momento estuvo al tanto de que se le cobrarían tales importes, tanto es
así que firmó el respectivo voucher en señal de aceptación, el que
expresamente consagra el denominado cargo mensual. Cabe además hacer
presente que en el mismo sentido respondió al requerimiento formulado
por SERNAC.
7°.- Que en la cláusula cuarta del contrato referido en el motivo anterior denominado "Contrato
de Crédito en Moneda Nacional y Afiliación al Sistema y Reglamentación
de Uso de la Tarjeta Hites y Servicios Adicionales", se estipuló que "El
Titular declara conocer y aceptar expresamente que los servicios para
la operación y mantención del sistema de la Tarjeta HITES, así como los
servicios adicionales que requiera el Titular conforme al presente
contrato, serán de cargo del Titular, y le serán cobrados conjuntamente
con los créditos que le otorgue el Sistema de la Tarjeta HITES. El
titular autoriza expresamente a la Emisora para que le cargue a su
crédito el importe de los mismos, si no los pagara al vencimiento de su
respectivo estado de cuenta.".
8°.- Que el artículo 2 de la Ley N° 18.010 expresa que "En
las operaciones de crédito de dinero no reajustables, constituye
interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a
cualquier título, por sobre el capital. Se entiende por tasa de interés
de una operación de crédito de dinero no reajustable, la relación entre
el interés calculado en la forma definida en este inciso y el capital.".
9°.- Que, en consecuencia, la suma adicional que se cobra bajo el rótulo de "gastos o cobros de administración",
por estar en directa relación con el valor original del crédito y con
el número de cuotas pactadas para servirlo, reúne todas y cada una de
las características del concepto de interés referido en el motivo
precedente, por lo que jurídicamente debe ser calificado como tal, y
como ya se indicó en el fundamento 4° de este fallo, excede el máximo
legal permitido, por lo que la denuncia interpuesta en autos debe
prosperar.
Por tales fundamentos y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil y 32 de la Ley 18.287, se declara:
Que se REVOCA, la sentencia ya individualizada, y en su lugar se decide que se
ACOGE la denuncia infraccional deducida por el Servicio Nacional del
Consumidor, y en consecuencia, se CONDENA a INVERSIONES Y TARJETAS S.A.,
representada por Ricardo Brender Zwick, a pagar una MULTA DE 50
UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, por INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY
19.494, con costas del recurso.
Es clásica la sobrerreacción de algunos mercados cuando se anuncian regulaciones que pudiesen afectar el negocio.
Fue el caso de la banca y el retail, al unísono, ante la idea de reducir por ley la tasa máxima de interés.
Se argumentó que se restringiría el acceso al crédito, dado el eventual mayor riesgo de las operaciones, entre otros temores.
No
obstante, el mercado financiero ya incorporó la baja -escalonada- y, al
contrario de los vaticinios, el nuevo costo del dinero plástico se
perfila como un elemento dinamizador de la economía. Por su parte, el
debate parlamentario sinceró la incongruencia de otorgar créditos caros a
sectores que todas las estadísticas muestran como buenos pagadores, y
que por la vía del descuento por planilla reducen drásticamente el
riesgo.
La convicción del Ejecutivo y la casi extinguida lucidez
parlamentaria nos han prodigado una legislación que debiera ser el
primer paso a un mercado más equitativo y eficiente en la asignación de
recursos, a costos que permitan retornos veloces y que potencien los
intercambios, fomentando el crecimiento.
Contra lo que los
agoreros calificaban como un error, el mercado financiero, con rebaja de
interés incluida, se muestra sano e incólume ante la nueva condición.
La siguiente nota es una Carta al Director que redacté en mi calidad de Coordinador de ODECU Chile y fue publicada en el diario electrónico El Mostrador.cl.
En relación al debate sobre la creación de una base de datos de deuda consolidada de los clientes del retail financiero, el comercio y la banca, poniendo como eje los derechos de los consumidores, creemos conveniente señalar que no creemos que la falta de información por sí sola sea el principal factor de las altas tasas de interés que históricamente ha exhibido el país, como expone la banca.
Cualquier lector informado sabe que las tasas de interés reflejan una serie de variables y que, en el caso chileno, la norma reguladora de operaciones de crédito establece un sistema que las impulsa permanentemente al alza, permitiendo a los proveedores aplicar el mayor aumento posible.
A su vez, la falta de real competencia y casi nula fiscalización de malas prácticas denunciadas por ODECU y SERNAC, estructuran los altos costos en los créditos casi independientemente de las tasas de interés, ya que un crédito está compuesto por un sinnúmero de comisiones asociadas que el cliente no puede negociar y sólo debe aceptar.
Algo de razón tiene el retail financiero cuando señala que el acceso a la información de una persona atentaría contra su intimidad. Eventualmente puede ser cierto, ya que implica una reflexión que cada cliente seguramente no hará, ni sabrá qué tan delicada puede ser la publicación de su información financiera.
La banca dice que este acceso sólo se verificará si el cliente lo autoriza previamente. Sin embargo, la experiencia de ODECU nos indica que ocurrirá lo mismo que con el envío de las morosidades a los registros comerciales, que ya se incluye como una cláusula más en los contratos de adhesión. La naturaleza de cuerpo único de los contratos no permite que se reserve el derecho a la privacidad de los datos, coaccionando la libre voluntad del cliente, que se ve obligado a aceptar el contrato en su totalidad.
Así las cosas, y conociendo la histórica falta de rigurosidad técnica de nuestros legisladores, vemos con preocupación el desarrollo de este proyecto de ley del cual sospechamos, puede lesionar gravemente los intereses de los consumidores.
El informe, que es parte de un estudio que se realizó simultáneamente en cinco países, da cuenta de prácticas abusivas en el otorgamiento de créditos tanto como en su cobro y de presiones para obligar a repactaciones que tienen un alto costo para los consumidores.
Una investigación sobre crédito bancario dio a conocer hoy la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU. El estudio consideró a cinco bancos que operan en Chile - BancoEstado, Banco de Chile, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el HSBC Bank - se efectuó durante el último trimestre del 2008 en el marco del Programa "Crédito y Endeudamiento" de Consumers International con el apoyo de Fundación AVINA.
El informe denominado "Investigación sobre 5 bancos en Chile", detalla una serie de malas prácticas, tanto en la forma de otorgamiento del crédito, como en los seguros asociados y las cobranzas. “El sistema en Chile viola los derechos de los consumidores, opera con prácticas abusivas y sobre todo, de mala fe”, dijo el presidente de ODECU, Stefan Larenas.
Entre los abusos detectados por el estudio se cuentan la entrega de información sesgada, la omisión de datos relevantes y el entorpecimiento del acceso a los contratos y sus condiciones. Es así que, cuando van a contratar un crédito, las personas desconocen totalmente aspectos como los intereses, comisiones y seguros, entre otros.
Larenas señaló que se observó la extendida práctica de presiones para obligar a las personas a repactar sus deudas, “en condiciones que sólo son favorables para los que dan el crédito”, llegando al extremo de simular cobranzas falsas.
Una de esas formas de presión sigue siendo el registro de morosidades, si bien ODECU la normativa en la materia constituye un avance. No obstante, los acreedores siguen utilizando esta herramienta de presión para las cobranzas, inclusive de deudas prescritas o incobrables. Larenas dijo que el proyecto anunciado por el gobierno sobre esta materia “podría ser muy bueno, pero en otro mundo”, y criticó el hecho de que el registro vaya a ser licitado entre empresas privadas.“Loque debería haber en Chile, como en otros países, es una agencia de protección de datos”, agregó.
El informe también da cuenta del preocupante nivel de endeudamiento de las familias chilenas, motivado por “la creciente penetración de los productos y servicios financieros en una población que no se encuentra preparada para un uso adecuado de ellos”, ya que el grueso de los clientes de bancos desconocen casi totalmente las reglas y normas que regulan el mercado. “El crecimiento de los bancos los pone como el único sector con ganancias permanentes en más de 20 años, aun con crisis económicas globales, en buena medida por la debilidad negocial de los consumidores chilenos”, agrega.
Para la investigación, que se efectuó simultáneamente en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, se eligieron bancos que tuvieran representación en los cinco países, con el objeto de observar las prácticas de cada uno de ellos, detectar eventuales similitudes o diferencias y proponer las eventuales soluciones a los problemas o malas prácticas detectadas.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Oferta de créditos
La gran cantidad de información sobre tasas de interés, seguros, comisiones, impuestos de timbres y estampillas, etc. complica en demasía al consultante para determinar el costo total de un crédito y de esa forma comparar las distintas ofertas del mercado.
Las simulaciones de créditos no son vinculantes ya que en cualquier momento puede variar algunos o todos los factores que incluye. Por lo tanto, si un consumidor se da el trabajo de cotizar en distintos bancos, nada garantiza que cuando vuelva a aquel que le resultó más conveniente obtendrá efectivamente el producto financiero tal como lo cotizó.
En general, las promociones remiten a anexos, notas al pie de página, cuadros y esquemas, habitualmente en letras de menor tamaño, donde se precisan las bases de la promoción. Si bien se cumple con la obligación de informar, la condicionalidad de los beneficios hace difícil su comprensión y uso conveniente. Además, las condiciones son copulativas, bastando el incumplimiento de una sola para que el beneficio no se haga efectivo.
Seguros
En la legislación chilena, la contratación de seguros asociada a créditos es voluntaria (salvo los seguros de desgravámen e incendio en los créditos hipotecarios). Sin embargo, la gran mayoría de los oferentes omite este hecho y hay algunos que incluso presentan los seguros como beneficios muy deseables de sus productos. Además, los hacen aparecer como elementos propios de la naturaleza del producto ofrecido, sin la menor mención al carácter voluntario de su contratación.
Dado que los seguros se contratan con empresas relacionadas con el oferente del crédito, a la hora de activar sus beneficios, el acreedor prefiriere perseguir el pago del deudor, sus herederos y/o el aval, antes de cobrar el seguro, lo que implicaría un desembolso a la empresa aseguradora relacionada.
Cobranzas
La cobranza extrajudicial y judicial de los créditos, siendo una actividad legítima, se aprovecha de la debilidad de los consumidores que desconocen las pocas normas que los protegen. Las acciones de cobranza apuntan a provocar las reprogramaciones que aumentan artificialmente las deudas, obviando el hecho de que la ley permite pagar, aun cuotas atrasadas, y que el acreedor está obligado a recibir el pago.
Se efectúan cobranzas falsas o que se sirven de triquiñuelas al margen de la legalidad y la ética para obtener el pago de obligaciones caducas, incobrables o prescritas, tales como demandas falsas, apremios ilegítimos de diversa naturaleza, como informar al empleador o a terceros ajenos a la deuda la situación de morosidad del cliente.
Cabe señalar que los bancos estudiados pertenecen a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, y adhieren al Código de Ética y Conducta del gremio. Desde ODECU vemos con dudas la adhesión genuina de los bancos a los postulados del Código, entregando información sesgada, omitiendo otra relevante y dificultando el acceso a los contratos y sus estipulaciones.
También nos caben dudas respecto del sistema de Defensoría del Cliente creado hace poco tiempo con resultados inciertos hasta la fecha. No está claro que la labor de la Defensoría sea un intento real de solucionar las reclamaciones de sus clientes y no se utilice como un sistema de alerta temprana para detectar los conflictos y buscar la forma de neutralizar al reclamante con acciones como la dilatación innecesaria del problema o la judicialización del conflicto.
De ahí la propuesta de hace dos años de una ley de insolvencia de hogares, levantada por ODECU y recogida por parlamentarios de la Concertación de gobierno pero que no ha avanzado en el proceso legislativo, encontrándose hoy sin urgencia por el Ejecutivo.
El reciente estudio publicado por el Servicio Nacional del Consumidor que da cuenta de diferencias de hasta un 700% (setecientos por ciento) en el costo de los créditos de consumo, en momentos en que Chile y el mundo atraviesan una crisis económica que sólo se ha comparado con los efectos de la Gran Depresión norteamericana de 1929, demuestra la necesidad de efectuar cambios en la legislación que regula el mercado financiero nacional.
A las sugerencias que planteábamos una vez más con esa nota, cabe en esta ocasión agregar otra, la cual sugerimos hace tiempo sea incorporada en la legislación que regula el mercado financiero, para mejorar su transparencia, a propósito de la oleada que nos inunda con esta palabrita.
Se trata de incorporar el concepto de Tasa Anual Equivalente de modo de que los consumidores puedan disponer de un indicador objetivo para la comparación matemática de los costos reales entre los créditos cotizados.
De la tasa de interés a las comisiones y seguros
Hace algunos años, lo común era fijarse en la tasa de interés al momento de cotizar un crédito.
Sin embargo, el mercado financiero ha cambiado y dentro de ese cambio se han introducido un gran número de cargos fijos o variables de distinta denominación. Los más comunes son las comisiones por apertura y mantención de líneas de créditos, comisión por envío de correspondencia, comisión por sobregiro, comisión por solicitud de tarjeta adicional, etc; seguros de distinta naturaleza, entre otros cargos.
Entonces, la tasa de interés pasó a un segundo lugar dentro de la importancia que tuvo en el costo del crédito y en las utilidades de los proveedores de crédito, especialmente hace un par de años, antes de la crisis, donde la tasa de política monetaria que fija el Banco Central se mantuvo en la meta estructural del 3%.
Esto dio bastante estabilidad al mercado que exhibió, en general y por un buen tiempo, bajas tasas de interés. Fue precisamente en ese contexto en el cual floreció el negocio de los seguros y las comisiones, el cual llegó para quedarse.
Las comisiones entraron atropellando derechos
No debemos olvidar que la incorporación unilateral de comisiones en las cuentas de ahorro de los clientes del Banco del Estado (BancoEstado) fue el motivo de la primera demanda colectiva que, a cuatro años de su interposición, aun no se falla con sentencia definitiva.
Ahora bien, luego de estos conflictos, ya debería estar claro para los consumidores que existen todos estos cargos en sus cuentas.
Sin embargo, aunque lo supieran, enfáticamente decimos que hoy, los consumidores no pueden saber a ciencia cierta, exacta y matemáticamente cómo se reflejarán los seguros y las comisiones en sus pagos finales.
Además, casas comerciales, bancos y otros oferentes de crédito suelen destacar en la publicidad de sus productos y servicios, promociones o rebajas respecto de la tasa de interés, omitiendo o mencionando muy parcialmente y en forma incompleta que lo que rebajan en la tasa de interés lo recuperan ampliamente en comisiones y seguros.
Por tanto…, necesitamos la TAE
Entonces, la existencia de un solo indicador en el cual fijarse al momento de cotizar el costo total de un crédito será un factor de información clara, transparente, al momento de tomar decisiones respecto de acceder a créditos.
Y ese indicador, ya incorporado en otros países, como España, se llama TAE, Tasa Anual Equivalente.
Esperamos, que en pos de la transparencia de la que tanto se habla hoy, el gobierno y los legisladores adopten incorporar esta herramienta en el sistema financiero nacional y, de pasadita, arreglan otras inequidades como aquellas que hemos mencionado en notas anteriores.
La fuerte baja en la tasa interbancaria definida por el Banco Central no se reflejará en el corto plazo, especialmente en los créditos hipotecarios y aunque implica un abaratamiento de los créditos desde ODECU se recomienda no repactar ningún crédito.
Por Alejandro Pujá Campos, Coordinador ODECU Chile. La mejor recomendación para todo tipo de endeudados es informarse de las normas legales que los amparan y utilizarlas para enfrentar el pago, aunque sea atrasado, de sus deudas.
Cabe señalar que la última decisión del Banco Central denota pérdida de autonomía política y permeabilidad a las presiones que afectan sus decisiones técnicas.
Rebaja casi inesperada
Si bien es cierto que la rebaja de la tasa interbancaria ha sido recibida positivamente por todos los sectores y especialistas, hay consenso en lo sorpresivo de la cantidad de puntos base disminuidos, 250.
Esto se explica pues a pesar de la desaceleración económica que distintos indicadores señalaban con el paso de las semanas y meses desde mediados del 2008, el Central siguió pisando el freno.
Compra de dólares
Ya antes, este mismo Consejo estableció un calendario de compra de dólares para mejorar su precio, en una clara medida de apoyo a los exportadores agrícolas, que se quejaban de su bajo precio. Y a pesar de la recuperación del precio, sea por esta causa como por otras externas, el Central siguió comprando cuando ya era claro que no se necesitaba más intervención.
Traspaso de la rebaja
Consecuentes con la conducta exhibida por los bancos, es muy probable que éstos demoren el traspaso de esta rebaja a los créditos de corto y mediano plazo, como los de consumo, siendo nula la rebaja en los de más largo plazo, como los hipotecarios.
Por ello, a pesar de la rebaja, las tasas de interés seguirán altas por varias semanas, a lo menos.
Es posible que el Gobierno deba intervenir pronto para que se mejoren las condiciones de acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas por su importancia en la producción y el empleo.
Repactaciones sólo aumentan los saldos y el escenario mundial es imprevisible
Por otra parte, por baja que sea la tasa de interés, cualquier repactación implica un aumento del saldo de la deuda, lo que es mantener el endeudamiento en el mediano y largo plazo, cuestión no recomendable en vista de la volatilidad ya permanente de los mercados.
Las familias chilenas exhiben bajos niveles de ahorro y nada garantiza que antes de que se salga de esta crisis no ocurra otra eventualidad que desmejore los avances o, inclusive, implique un fuerte retroceso.
Esa ha sido la tónica de los últimos años, con una seguidilla de acontecimientos de distinta naturaleza que impactan las economías e impiden el mejoramiento tanto de los niveles de vida de algunos sectores así como del desendeudamiento de otros, en mejores condiciones de consumir.
A la crisis asiática le siguió la Guerra del Golfo, la baja del valor del cobre, el alza del petróleo, la crisis subprime norteamericana y ahora una crisis multifactorial a nivel mundial, entre otras variantes que nunca faltan.
No repactar y asesorarse
Por tanto, el llamado es a no aumentar los niveles de endeudamiento con más reprogramaciones, informarse de la legislación que permite enfrentar las deudas de otro modo y en los casos más graves, conseguir asesoría financiera y orientación legal especializada para enfrentar los casos de endeudamiento con varios acreedores.
Ley de insolvencia y otras medidas oportunas siguen esperando
Desde ODECU y www.misdeudas.cl, saludamos las medidas anunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet para enfrentar el escenario económico mundial y esperamos sean aprobadas por los legisladores y sean adecuadamente implementadas.
No obstante ello, hace rato que vemos que hay materias que no son objeto de atención no sólo del gobierno sino también de los parlamentarios de todos los sectores, e inclusive de la prensa, y que adecuadamente tratadas, pueden ser un aporte substantivo no sólo a ayudar en la actual crisis sino a prevenir los efectos de las que vendrán, pues el péndulo de la historia se mueve, cíclicamente, de un lado a otro.
Educación financiera
Vemos con preocupación cómo algunas soluciones sólo apuntan a proveer más recursos para enfrentar los problemas. Y siendo esta una medida útil, su eficacia se ve disminuida porla ausencia casi absoluta de programas de educación financiera a los consumidores que cuando reciben más recursos, por cualquier vía, sean estas subvenciones, bonos, anticipos de impuestos, etc., intentan solucionar sus problemas sin considerar algunos altos costos asociados a pagar sin reflexionar.
Y así ocurre que cuando la familia tiene más dinero, intenta pagar sus deudas pero buena parte de lo que destina a pagos se queda enredado en comisiones, seguros, intereses, gastos de cobranza, honorarios, disminuyendo muy poco el capital de la deuda lo cual las eterniza.
¿Cuánto del último reajuste salarial de los empleados públicos se está quedando en pagos de deudas mal negociadas por los clientes de tiendas y bancos…?
¿Cuánto del bono de $40.000 para el millón y medio de familias más pobres no seguirá el mismo derrotero….?
Porque si algunos no lo saben, las familias más pobres del país, donde quizá hay más necesidades insatisfechas especialmente en lo psicológico lo que explica el consumo casi irracional de celulares, televisores LCD, ropa de marca, entre otros productos no estrictamente de primera necesidad, también tienen deudas, especialmente con casas comerciales, supermercados y farmacias y destinan buena parte de sus ingresos, bonos y subvenciones incluidas, al pago de esas obligaciones, naturalmente sin ningún conocimiento de cómo es la mejor forma de enfrentar una morosidad.
La experiencia de ODECU y www.misdeudas.cl nos señala prácticas que rayan en lo irracional cuando un deudor se ve presionado por las acciones de cobranza de una simple cuota.
Eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas
Si bien es cierto que esta medida rebaja el costo de los créditos, es cada vez más marginal ya que el Gobierno había reducido este impuesto con anterioridad y, por tanto, la actual eliminación, transitoria por cierto, no impactará fuertemente el costo del crédito. Más lo debiera hacer el anuncio de hoy del Banco Central que disminuyó en 100 puntos base la Tasa de Política Monetaria, siempre y cuando los bancos traspasen la disminución a los créditos.
El llamado desde ODECU es a no repactar pues las tasas siguen altas y pasará un buen tiempo antes que los créditos de mediano y largo plazo disminuyan. Es mejor pagar atrasado, con los costos legales asociados, que repactar una deuda.
Sin embargo, pagar atrasados las cuotas, pagando los costos legales asociado a ello, no es fácil con nuestra actual legislación y la existencia de la cláusula de aceleración en todo tipo de contrato de créditos.
La cláusula de aceleración es aquella que faculta al acreedor para cobrar el saldo total del crédito como si fuese de plazo vencido por el sólo hecho de haberse atrasado el deudor en el pago oportuno de una o más cuotas del crédito.
Suele ir acompañada de otra que establece que en caso de notoria insolvencia del deudor con un tercero ajeno a la relación contractual, de igual modo el acreedor podrá acelerar el crédito, resolvíendolo en contra de los intereses del deudor.
Es decir, si el banco A le ha otorgado un crédito hipotecario al Sr. B y a su vez el Sr. B tiene una deuda morosa con el banco C, la sola existencia de la morosidad del Sr. B con el banco C será motivo para que el banco A, con el cual el Sr. B está al día, le exija el saldo total de la deuda, como si fuese de plazo vencido. Impagable por supuesto. Acudiendo al refranero popular, “del árbol caído, todos quieren sacar leña”.
Es este tipo de disposiciones legales y contractuales las que utilizan los acreedores para obligar a los clientes a las repactaciones. O reprograma o lo demandan. Si no reprograma, lo demandan, le ponen una presión que pocos resisten y, por tanto, en la mayoría de los casos terminan repactando en pésimas condiciones, como ya se ha descrito en esta nota.
Este es el tipo de operaciones que le han dado al sector financiero nacional buena parte de la tremenda rentabilidad de que ha gozado, exhibiendo ganancias colosales, aun con crisis mundiales, creciendo sostenidamente. El avance bancario de los últimos 20 años, asociado al desarrollo de los créditos del retail, la transformación de financieras en bancos, la creación de bancos a partir de multitiendas, le deben buena parte de su éxito a la existencia de este tipo de disposiciones legales que prácticamente nadie tiene la real voluntad de cambiar.
Reducción de tasas por vía legislativa
Un aporte realmente sustantivo al mejoramiento de la situación general de los endeudados, y que le daría un espaldarazo fuerte a la reactivación económica de mediano y largo plazo, es la reducción legal del actual porcentaje máximo de sobretasa que se puede aplicar a los créditos otorgados y a los pagos de créditos morosos, vía reforma legislativa de quórum simple.
La ley 18.010, sobre operaciones de crédito, que se puede descargar desde las sección Normativa Legal de www.misdeudas.cl, establece que los bancos y otras instituciones financieras, como las cooperativas y las mismas tiendas a través de sus tarjetas, pueden cobrar en los nuevos créditos que otorguen hasta un 50% por sobre la tasa de interés corriente vigente al momento de la suscripción del contrato de crédito. Y luego, si el cliente cae en morosidad, se le aplicará al momento del pago de la cuota atrasada la tasa de interés corriente vigente, aumentada en hasta un 50%.
Cuando las tasas están altas, como ha venido dándose en los últimos años, este porcentaje de sobretasa, autorizado por ley, es devastador para los bolsillos de los deudores que ven como sus cuentas se pueden duplicar, sólo por concepto de intereses, en uno o dos años.
A ello hay que agregar las comisiones, seguros, cargos de mantención, gastos de cobranza, honorarios, que se siguen acumulando pues los clientes no saben que a pesar de la morosidad pueden ponerle término a un contrato con lo cual, a lo menos, reducen su nivel de endeudamiento al sacarse de encima los cargos fijos o variables asociados a cualquier línea de crédito.
No hace en falta que en Chile se infringa la ley para cobrar intereses usureros, pues ello está autorizado por la legislación vigente.
Capitalización de intereses
Otro cambio legal muy necesario es el relativo a la capitalización de intereses que es incorporar en el capital o cuota adeudada los intereses que se hayan generado en un periodo anterior no inferior a 30 días. De esa manera, los intereses se suman al capital y, por tanto, generan nuevos intereses en el periodo siguiente. En Argentina, la capitalización no puede hacerse antes de un año.
Nuevamente, la legislación permite los cobros excesivos.
Ayer, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras ha llamado a los bancos a ayudar a sus clientes y la ayuda son las reprogramaciones o repactaciones de las deudas.
De acuerdo a los casos que atendemos en ODECU y a las consultas que llegan a nuestro portal, las ofertas de repogramación suelen distar mucho de los que se podría denominar una ayuda. Se dan casos de créditos hipotecarios que con una o dos reprogramaciones, sin asesoría financiera y legal para el consumidor, aumentan al doble o el triple la deuda del inmueble, en relación a lo que vale en el mercado o comparado con una vivienda similar nueva.
En otras palabras, dejando a un lado las consideraciones subjetivas relacionadas con el barrio, los vecinos y el ambiente en que se desarrollan las familias, al analizarlo crudamente se puede establecer que es antieconómico insistir en seguir pagando una vivienda cuya deuda es el doble o el triple del mercado.
Esto podría ser enfrentado, como ocurre ya en Europa y Estados Unidos, con sistemas de insolvencia de hogares a través de los cuales las familias pueden obtener arreglos a sus deudas acudiendo a jueces especializados, tribunales de mediación, similar a un interventor o síndico de quiebras para una empresa, que se encarga de sanear a la familia, morigerar cobros, establecer planes de pago, prohibiciones de nuevos endeudamientos, etc., sin exponerla a perder un bien tan preciado como la vivienda.
ODECU propició el proyecto que ya cumple dos años sin urgencia en el Congreso Nacional, cuestión increíble en el actual escenario.
Por tanto, cualquier medida del gobierno de turno, por buena que sea, tendrá efectos parciales si no se apuntan también a estos puntos y otros de tipo estructural como es la ya histórica brecha de mala distribución del ingreso, superior en Chile a países desarrollados, como España y Estados Unidos, donde la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es menor que en el nuestro.
Amigos y amigas: Un nuevo aporte al tema del sobreendeudamiento de los chilenos dentro de una óptica ética de protección de la familia es el proyecto de acuerdo presentado por la Democracia Cristiana a la Presidenta Michelle Bachelet. Encabeza la iniciativa el diputado Eduardo Saffirio de cuyo gabinete me comparten la siguiente nota publicada en El Mostrador, la cual tengo el gusto de poner a vuestra disposición. El artículo da cuenta de una nueva iniciativa parlamentaria en línea similar a la presentada por el senador Pedro Muñoz quien a través de la moción 4721-07 promueve una ley de insolvencia y tribunales de mediación. Espero que la nota sea de vuestro interés. Cordialmente, Alejandro. 31 de Diciembre del 2006
Ley similar entró en vigencia en España
por Lino Solís de Ovando G.
Iniciativa es parte de un paquete de medidas que apuntan a fortalecer la familia.
A juicio de la Democracia Cristiana, es necesario discutir una regulación que otorgue el mismo tratamiento jurídico a las deudas de empresas y personas naturales. Como en España, donde se evitan embargos al repactar lo adeudado en un plazo de cinco años, rebajable hasta un 50 por ciento.
Una Ley de Quiebras para las familias sobreendeudadas, similar a la que se zanjó en España, de modo de proteger los bienes familiares ante el riesgo de embargos, será propuesto por la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) al Ministerio de Economía. La idea se enmarca dentro de un paquete de medidas que se presentaron la semana pasada en la Cámara, con el objeto de trabajar en conjunto con la Presidenta Michelle Bachelet en la definición de políticas claras que fortalezcan la familia, ante la serie de síntomas que representan "claras amenazas” contra su estabilidad, según diagnostican en la DC. Entre los hechos que representan factores preocupantes para la familia se encuentra la disminución de las tasas de matrimonio y natalidad; la duración del post natal, y permiso parental, los horarios de trabajo excesivamente prolongados y la igualdad de género. Al mismo tiempo, la discriminación laboral; la pobreza en miles de hogares; la falta de viviendas dignas; la violencia intrafamiliar; el maltrato infantil; el alcoholismo, la drogadicción, la depresión y otras patologías mentales, así como el alto sobreendeudamiento de los chilenos, una situación incluso advertida por el presidente del Banco Central, Vittorio Corbo.
En la actualidad, los consumidores chilenos están endeudados en un 57% de sus ingresos anuales, es decir, 20 puntos más que en 2001 cuando esta cifra llegaba sólo a un 37%. Este endeudamiento ha crecido en forma sostenida, a tasas de un 15% a 20% anual. Según el estudio del Banco Central, los préstamos a consumidores representan un 25% de los activos bancarios. De este monto, alrededor de un 60% corresponden a créditos hipotecarios para viviendas. Los otros montos se dirigen a créditos de consumo, tarjetas de crédito y sobregiros de cuentacorriente.
Asimismo, se estima que más de un millón de chilenos tiene deudas impagas, y que 12% de los hogares deben montos que superan diez veces sus ingresos mensuales. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), cada chileno debe, en promedio, 7,5 meses de sueldo sólo en créditos de consumo, y la mayoría gana menos de $200 mil.
Matrimonio histórico
Entonces, razones de sobra parecieran existir para la preocupación de la DC, la que pretende trasladar a Chile la discusión que ya se zanjó en España, donde el sobrendeudamiento también ha alcanzado niveles preocupantes. De hecho, en España se intenta que los particulares que se declaren en suspensión de pagos para evitar embargos, deberán pagar en un plazo de cinco años su deuda, que podrá rebajarse hasta un 50%. Una discusión se gatilló luego que Josep G. E. y Mari Carmen B. T., un matrimonio de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), se convirtieran en el primer matrimonio en España en utilizar la nueva regulación, que entró en vigor el pasado septiembre y otorga el mismo tratamiento jurídico a empresas y personas naturales. La pareja optó por esta vía después de que el marido tuvo una larga licencia por enfermedad, y no pudiera hacer frente a los pagos de la hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito. La resolución judicial permitió paralizar cualquier embargo e iniciar la negociaciones para redefinir el pago de la deuda con los acreedores, que a ese minuto alcanzaba 163.750 euros. El matrimonio, sin embargo, no podrá beneficiarse de quitas superiores al 50% de lo que debe y, además, deberán ejecutar el pago de la deuda que se determine en el convenio con los acreedores en un plazo inferior a cinco años, según explicó Francisco de Quinto, socio del bufete barcelonés Piqué Abogados. Estas son las condiciones que marca la nueva normativa, ya que la anterior ley, que data de 1922, no contemplaba límites en la rebaja de la deuda, ni de plazos en los que ejecutar los pagos.
Ernesto Benado: "Hay que cambiar la tasa máxima convencional"
Alguien que está preocupado por las deudas de los chilenos es Ernesto Benado, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Lo demuestra la última portada del boletín de la Corporación, que alerta sobre cómo ha crecido notablemente el endeudamiento en el país, sobre todo luego de la recesión que sufrieron los bancos durante la crisis asiática. Una situación que a pesar de haber sido reconocida por el Banco Central, según algunos expertos no debe ser tan preocupante, ya que aún no alcanza los niveles existentes en los países desarrollados. "Nosotros conocemos la experiencia alemana, donde se llama Programa de Protección al Consumidor Endeudado. Así como una empresa comercial se puede declarar en quiebra, en Alemania una familia puede suspender las deudas, e incluso después de eso puede reanudar su funcionamiento. Es un trámite complejo, porque el Estado se hace cargo del funcionamiento de una familia, le impide que se siga endeudando, le garantiza que los insumos básicos: gas, agua, electricidad, etc., se le mantenga, versus que el grupo familiar no se siga endeudando. Al mismo tiempo, los acreedores hacen ciertas rebajas, y el jefe del grupo familiar se compromete a pagar", detalla Benado. Benado comenta que Conadecus estuvo tanteando esta posibilidad hace un tiempo en España, sin embargo, no existía piso político. Por lo que les sorprende que en septiembre pasado se haya zanjado esta situación."Nos dijeron que en España no tenía sentido, por eso fue una sorpresa que 100 familias lograran una quiebra familiar", reconoció. Benado advierte que en Chile hay una enorme resistencia para que en Chile se diera una situación similar, "porque consideran que todo esto significaría un mayor endeudamiento. Nosotros por eso no le dimos viabilidad política. Como en Alemania".
-Si la DC se pone firme con esta petición, ¿Conadecus va a apoyar esteproyecto de ley?
-Lo vamos a apoyar, siempre y cuando ellos también pidan modificar los intereses simultáneamente. Cambiar las tasas máximas convencionales, que es un sistema perverso.
