Opinión publicada en diario La Tercera, el 14 de julio de 2013.
Señor director:
Chile avanzó en dotar a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con mayores atribuciones para investigar las infracciones o delitos en contra de la libre competencia, descritos en el decreto ley 211/1973. Tales atribuciones permiten, entre otras acciones, la interceptación telefónica, el uso de agentes encubiertos y la delación compensada.
No obstante, con anterioridad, y con el argumento de incentivar la inversión, nuestra benemérita clase política acordó eliminar las sanciones penales en estos graves delitos que afectan el orden público económico.
Los resultados están a la vista con el reciente acuerdo alcanzado por los imputados en la arista criminal del caso colusión de las farmacias. De no haber cambios, veremos casos similares en el futuro inmediato, dado que la labor de la FNE y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es muy activa a pesar de su pequeña planta funcionaria.
Resulta altamente desmotivante destinar recursos humanos, tecnológicos y económicos a investigaciones cuyos resultados terminarán en sanciones corporales ínfimas. Además, el argumento para eliminar las sanciones penales debiera ofender a los empresarios y sus ejecutivos, pues tácitamente se les identifica como un sector proclive al delito.
Así las cosas, poniéndonos serios, la pena de cárcel es un disuasivo que debe ser reincorporado en nuestra legislación, acción que no alejará a inversores y emprendedores decentes que, confío, son la gran mayoría.
Alejandro Pujá
Coordinador Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu)
Fuente: La Tercera.
