Reciente información de prensa señala que en Chile se presentan más de un millón de demandas de cobranza judicial anualmente, equivalentes al 62% de las causas civiles que se tramitan en el país.
Por otra parte, la reforma al procedimiento civil que se encuentra en una muy avanzada etapa, creará la figura de un oficial de ejecución de cobranzas, un funcionario del tribunal que tendrá todas las facultades para que se efectúen en forma más eficaz las llamadas demandas ejecutivas cuya principal característica, aparte de su rapidez, es que se realizan en base a la existencia de un documento indubitado donde consta la deuda, habitualmente pagarés, letras o cheques.
Así, al mezclar ambas circunstancias resulta fácil deducir que el futuro de los deudores en Chile será más oscuro que hoy.
La banca y el retail han dicho en más de una ocasión que las cobranzas judiciales no son su negocio, pero omiten decir que bastante tienen que ver con sus ganancias. En buena medida, las presiones que se ejercen con las cobranzas judiciales y extrajudiciales, que los deudores no saben enfrentar, provocan la suficiente desesperación que repercute en fáciles y jugosas repactaciones de deudas que solo agravan la situación del cliente bancario y del retail.
Estas repactaciones constituyen un abuso de la posición dominante del acreedor, generando una utilidad indebida, cercana a la usura, que afecta particularmente a la clase media y media baja, que son los más activos y necesitados usuarios de los créditos.
Así las cosas, saldar deudas, tras sucesivas repactaciones, es un camino cada vez más tortuoso que sólo ayuda a aumentar las enormes ganancias de los oferentes de créditos, como lo demuestran sus propios balances, año a año.
Por tanto, la existencia de una legislación de insolvencia de hogares, es decir, un sistema que a modo de quiebra personal o familiar intervenga la economía doméstica, morigere intereses usureros, establezca modelos de pago y proteja bienes fundamentales de la sociedad, como el hogar familiar, es un imperativo ético, además de una herramienta de resolución de los efectos que las cobranzas provocan en el ánimo de la población, afectando, una vez más la convivencia de las personas y la paz social.
Estos sistemas, con sus variantes particulares existen en países desarrollados y hoy Consumers International en alianza con relevantes asociaciones de consumidores de Chile y América Latina, preparamos una ley modelo que sirva de base para el establecimiento definitivo de este resguardo social en las legislaciones de esta zona del mundo, que brilla tanto cuando se trata de cifras macroeconómicas y es tan vergonzosa cuando se trata de las cifras de la inequidad.
Fuente: El Mostrador.
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