Opinión básica sobre Propuesta de regulación de Tarjetas No Bancarias emitida por el Banco Central de Chile.
Con motivo de mi labor en ODECU, remití el siguiente documento como aporte a los comentarios que se podían presentar a la propuesta de regulación de tarjetas de crédito no bancarias, presentada por el Banco Central de Chile.
Espero sea de vuestro interés.
"En relación a la propuesta de regulación de tarjetas de crédito no bancarias presentada por el Banco Central, caben algunas observaciones de las cuales las más relevantes son las siguientes:
1. ODECU valoraría poder participar del sistema de coordinación que se propone entre la SBIF y el SERNAC, en el sentido de proveer información a la primera de manera de colaborar en su rol fiscalizador.
2. En relación a la revisión que se practicará a los contratos que regulan la relación entre emisor y titular de la tarjeta, con el fin de garantizar se atengan a la normativa bancaria, ODECU estima que tal revisión debe extenderse a las normas de la Ley del Consumidor, particularmente en lo relativo a cláusulas abusivas.
3. En la línea de lo anterior y como una forma de mejorar la posición negocial siempre débil del cliente, establecer controles a la aplicación desmesurada de cláusulas si bien legítimas en su origen y naturaleza pero altamente nocivas para el cliente, como es el caso de la cláusula de aceleración.
Tal propuesta, nace de la experiencia de ODECU en la asesoría financiera y judicial que efectúa en forma directa y a través del portal http://www.misdeudas.cl/.
Esa experiencia indica la absoluta necesidad de establecer alternativas a las que puedan acudir aquellos clientes que ante eventualidades que modifiquen sensiblemente su situación remuneracional o patrimonial, no se vean expuestos a la voracidad de acreedores que buscan una ejecución inmediata de los bienes del deudor o presionan, precisamente con demandas ejecutivas donde se aplica la cláusula de aceleración, para obligar a repactaciones en condiciones que suelen ser peores a las que vive el deudor y que, indefectiblemente, lo retornan a un estado de morosidad a poco andar del nuevo trato.
Chile, requiere una ley de insolvencia familiar y de tribunales o instancias arbitrales de efectos vinculantes al cual las partes deban concurrir para satisfacer la legítima pretensión del acreedor de cobrar lo que le deben y también proteger el patrimonio básico del deudor y su familia. Todo en la línea del rol que cumple en la sociedad la persona y la familia, como núcleo fundamental de la sociedad sobre la cual se construye el sistema ciudadano.
Esta propuesta, sólo responde a una necesidad objetiva más de la sociedad que del mercado y se basa en modelos como el alemán (Tribunales arbitrales) y el español (Ley de insolvencia).
Hay otras observaciones que hacer pero requieren un tratamiento más detallado y técnico.
Es todo por ahora.
Tarjetísticamente,
Alejandro."
lunes, 19 de diciembre de 2005
martes, 25 de octubre de 2005
Según el SERNAC, "Blogs: Nuevos espacios de discusión"
El Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, también se ha hecho eco del fenómeno de los blogs.
Y lo hizo con una nota publicada en la Revista del Consumidor N° 168, de octubre del 2005.
El texto, titulado "Blogs: nuevos espacios de discusión", hace una clara alusión a los contenidos de este blog y exhibe una imagen del mismo al centro del texto el que se reproduce a continuación:
"Un blog o bitácora, es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una temática en particular o a modo de diario personal.
Cuando nos referimos a un blog, también hablamos de una novedosa herramienta de comunicación en Internet, de alrededor de 5 años de existencia, que en la actualidad es ocupada por millones de usuarios en el mundo y que en Chile cada día cobra importancia.
Tan fuerte es la tendencia en el país, que ya existe un índice temático de estos sitios en Internet, (ubicable en distintos portales o buscadores) donde no podían faltar aquellos contenidos que se rela
cionan con materias de consumo. De hecho, al indagar por la Guía de blogs Chilenos, nos encontramos con sitios que mantienen interesantes publicaciones sobre aspectos como; la letra chica en los contratos, la Ley del Consumidor, consumidores: de la palabra a la acción, entre otros. Otros blogs nacionales nos hablan sobre vecinos indignados, reflexiones eonómicas y derechos ciudadanos.
Lo cierto es que este tipo de páginas cada día representa no sólo una oportunidad para los ciudadanos, de exponer sus pensamientos o asociarse frente a un tema en cuestión. También puede representar una oportunidad para proveedores, otorgando espacio virtual de discusión, de traspaso de información y relacionamiento con los consumidores y consumidoras del país."
Y lo hizo con una nota publicada en la Revista del Consumidor N° 168, de octubre del 2005.
El texto, titulado "Blogs: nuevos espacios de discusión", hace una clara alusión a los contenidos de este blog y exhibe una imagen del mismo al centro del texto el que se reproduce a continuación:
"Un blog o bitácora, es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una temática en particular o a modo de diario personal.
Cuando nos referimos a un blog, también hablamos de una novedosa herramienta de comunicación en Internet, de alrededor de 5 años de existencia, que en la actualidad es ocupada por millones de usuarios en el mundo y que en Chile cada día cobra importancia.
Tan fuerte es la tendencia en el país, que ya existe un índice temático de estos sitios en Internet, (ubicable en distintos portales o buscadores) donde no podían faltar aquellos contenidos que se rela
cionan con materias de consumo. De hecho, al indagar por la Guía de blogs Chilenos, nos encontramos con sitios que mantienen interesantes publicaciones sobre aspectos como; la letra chica en los contratos, la Ley del Consumidor, consumidores: de la palabra a la acción, entre otros. Otros blogs nacionales nos hablan sobre vecinos indignados, reflexiones eonómicas y derechos ciudadanos.Lo cierto es que este tipo de páginas cada día representa no sólo una oportunidad para los ciudadanos, de exponer sus pensamientos o asociarse frente a un tema en cuestión. También puede representar una oportunidad para proveedores, otorgando espacio virtual de discusión, de traspaso de información y relacionamiento con los consumidores y consumidoras del país."
lunes, 17 de octubre de 2005
Siempre Líder: Denuncias por cobros excesivos de tarjeta Presto
Honorina es esquizofrénica y sobrevive en un hogar de ancianos con una pensión de 37 mil pesitos. Pese a su estado mental, le dieron la tarjeta Presto y en enero gastó con ella 24 mil. En los siguientes nueve meses pagó 18 mil. Pensaba que la deuda disminuía, pero el sacerdote que dirige el hogar la sacó de su error. Honorina debía más de 27 mil. No es la única que se ha desayunado en el Líder.
Por Miguel Paz.
En el nuevo Líder Vecino de Irarrázaval, en Ñuñoa, una funcionaria le explica a un interesado los beneficios de la tarjeta Presto. “Siempre Líder”, se lee en su uniforme. Sobre el stand hay un alto de trípticos con las ofertas que se pueden comprar este mes con la tarjeta de crédito de la cadena de supermercados más popular del país. En ninguna de las 16 páginas de los folletos salen los requisitos para obtenerla ni se hace mención a los cobros de mantención. Tampoco al interés mensual aplicable, según la “tasa máxima convencional” del mercado.
“Para sacar la Presto hay que tener una tarjeta de Ripley, Falabella, Almacenes París, tarjeta de crédito bancaria o cuenta corriente”, dice la promotora. “¿Y si no tengo nada de eso?”, pregunta el posible cliente. “Entonces tiene que traer una fotocopia de su carnet más las tres últimas liquidaciones de sueldo o seis copias de las cotizaciones de la AFP. El costo de mantención mensual de la tarjeta es de 2.100 pesos por concepto de facturación y seguro de desgravamen. Pero si no usa la tarjeta no paga mantención”, explica con una sonrisa pegada al rostro.
“Eso es mentira”, dice Francisca Sepúlveda. El 26 de agosto, mientras compraba en el mismo local, Francisca fue abordada por una promotora que le ofreció la tarjeta Presto con las mismas palabras que al sujeto anterior: “Me dijo que si yo no usaba la tarjeta no pagaba costo de mantención, pero que si la usaba costaba dos mil pesos mensuales. Nunca la usé”. Pero la primera semana de octubre le llegó una cuenta de Presto por siete mil pesos. El monto era por la mantención mensual de la tarjeta más intereses y multas. Francisca pagó la cuenta y terminó el contrato de la tarjeta la semana pasada, molesta por lo que siente que es publicidad engañosa.Su caso no es el único entre el millón y medio de personas que guardan en su billetera la tarjeta del supermercado de Nicolás Ibáñez, el poderoso dueño de D&S. “No ahorre cariño, ahorre en el Líder”. Es la frase que esta empresa usa para que, comprando en su tienda, ahorremos. Así, parte la carta del sacerdote Nano Contreras que fue publicada en “The Clinic”, el 29 de septiembre. Ahí cuenta el caso de Honorina Callasaya, una anciana del Hogar San Pedro Claver de Arica, que él dirige.
¿Ayudando a ahorrar?
Honorina recibe del Estado una pensión mensual de 37 mil pesos y sufre de esquizofrenia -explica Contreras en la misiva-.
Sin embargo, la enfermedad no fue impedimento para que le otorgaran la tarjeta Presto. El religioso asegura que a la mujer no le pidieron papeles ni liquidaciones de sueldo, pues no posee ninguna. El 6 de enero, Honorina fue al Líder de Arica, ubicado en calle Diego Portales, y compró un par de regalos con su tarjeta. Se endeudó en 24.376 pesos y abonó la cuota mínima de dos mil, dejando un saldo a pagar de 22.376. Un mes después su deuda aumentó a 26.837 por el cobro de intereses legales. Honorina, sin darse cuenta del aumento de su deuda, siguió pagando la cuota mínima de dos mil pesos mensuales hasta septiembre, cuando el padre Contreras supo de la deuda y partió a saldar la cuenta. Ahí se enteró que Honorina aún debía 27.600 pesos. “Si sumamos los abonos que hizo (18 mil), resulta que pagó 45.600; es decir, casi el doble de la deuda inicial”.
a Criterio de lider
En la misma carta, Contreras se pregunta: “¿Así es como el Líder ayuda a la gente que ahorre? ¿Cuántos más como Honorina estarán siendo engañados con la tarjeta Presto? Ciertamente no se ha cometido ninguna ilegalidad, pero sí una inmoralidad”. Más allá de los pesos, ¿se le puede dar una tarjeta de crédito a una mujer que tiene problemas mentales?
El abogado de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Alejandro Pujá, explica que, en el caso de un supermercado, esto queda a criterio de quien le entrega un crédito. Como no está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), no puede ser sancionado por la norma respectiva. “Para poder objetar un caso como el de Honorina habría que comprobar judicialmente que ella no era sujeto de crédito”, dice Pujá.
Presto fue el primer plástico no bancario que ingresó a la esfera de control de la SBIF, en junio pasado. Si esa tarjeta hubiese estado bajo la normativa de la superintendencia cuando Honorina firmó el contrato y recibió su tarjeta, el sacerdote Contreras podría haber ejercido acciones legales.
En Odecu reciben muchos casos similares al de Honorina, dice Pujá. “Así es como le entregan tarjetas de débito a estudiantes que no tienen ingresos propios, a dueñas de casa a las que sólo les piden tener un teléfono fijo, o a jubilados que ganan una miseria. También vemos casos de personas a las que se les comprometió un seguro de cesantía y cuando tuvieron que usarlo se enteraron que el seguro no estaba vigente pero les seguían cobrando”. Incluso ha habido situaciones de pensionados que reciben, dentro del cargo de mantención mensual de una tarjeta, un cobro por seguro de desempleo. Lo que nadie sabe es que los seguros como el de desgravamen son voluntarios y no obligatorios, como indicó la SBIF en una circular reciente.
Lo que le sucedió a Honorina es un caso extremo. Sin embargo, hay otros en que los denunciantes acusan cobros exagerados y abusos. En reclamemos.com, un sitio web que recibe denuncias y ofrece asesoría legal a consumidores, por ejemplo, existen 87 quejas de distinto tipo por el funcionamiento de la tarjeta Presto.
Pero en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) no hay cifras oficiales ni estudios sobre el mercado de tarjetas de crédito de los supermercados. Tampoco se pronuncian sobre casos particulares. “Por seriedad, no opinamos sobre casos que no conocemos”, explica el director del servicio, José Roa. Si no es el Sernac o sus autoridades quienes deben explicar si habría eventuales cobros irregulares en casos como el de Honorina y Francisca, ¿entonces quién? El anuncio del Banco Central el jueves pasado sobre la modificación a la normativa establecida en el Compendio de Normas Financieras (cap. III. J.1) para fiscalizar las tarjetas de crédito no bancarias podría cambiarle la cara al mundo de los plásticos no bancarios, que suman cerca de siete millones, más del doble que las pertenecientes a bancos.
EL CEREBRO Y EL VERDADERO NEGOCIO
Hace mucho tiempo que en el sector retail se dieron cuenta de que el negocio no era vender productos, sino prestar servicios financieros, que es de donde proviene el grueso de las ganancias de estas empresas. Por ejemplo, si una persona acostumbra a pagar únicamente la cantidad mínima de la cuota mensual de una tarjeta de crédito, los intereses pueden hacer que termine pagando el doble del precio del producto. En la compra a crédito, lo primero que se paga son los intereses de la deuda, no el capital. Ese ha sido el verdadero negocio de Líder en los últimos años.
La tarjeta Presto nació en mayo de 1996 “con el propósito -según se asegura en la página web de la compañía- de convertirse en la alternativa de pago más económica para los clientes de Líder y así hacer accesibles los bienes y servicios a los chilenos”.
En un artículo de “El Mercurio” del domingo pasado se muestra en cifras el éxito que ha tenido Presto: aparte del millón y medio de usuarios de la tarjeta, tiene colocaciones por 300 millones de dólares, seis mil comercios afiliados, y ha logrado subir en la escala socioeconómica de los estratos C3 y D hasta el olimpo del ABC1.
El hombre clave en las últimas operaciones de Presto, que mejoraron los resultados de D&S en el primer semestre, es Elías Ayub. El flamante gerente general de Servicios Financieros D&S jugó un rol vital en la conversión de Presto a Servicios, compañía con giro propio, que incluye Presto Tarjetas, Presto Seguros y Presto Red. Ese fue el motivo para que D&S pidiera voluntariamente a la SBIF que la tarjeta estuviera sometida a su escrutinio. Ayub conoce el rubro. Hizo toda su carrera en la banca y participó en la estructuración de Transbank y Redbank. En 1990 se convirtió en consultor especializado en tarjetas de crédito. Asesoró a D&S e Ibáñez pudo conocer su experiencia de primera mano.
“El Mercurio” consigna que a mediados de 2003, el empresario contrató a Ayub. Desde entonces diversificó los negocios de Presto hasta transformarla en Servicios Financieros D&S. Su principal gancho para que los clientes de Líder usen Presto fue proporcionar descuentos y ofertas tentadoras en tres cuotas precio contado sólo para quienes tengan la tarjeta. De este modo se espera que Servicios Financieros aporte a D&S a fines del año próximo un tercio de sus ingresos. El viernes, este medio intentó ubicar a Ayub para que se pronunciara sobre los ex clientes de Presto mencionados en este reportaje. Pero, al igual que Francisca y Honorina, no obtuvimos respuesta. LND
Por Miguel Paz.
En el nuevo Líder Vecino de Irarrázaval, en Ñuñoa, una funcionaria le explica a un interesado los beneficios de la tarjeta Presto. “Siempre Líder”, se lee en su uniforme. Sobre el stand hay un alto de trípticos con las ofertas que se pueden comprar este mes con la tarjeta de crédito de la cadena de supermercados más popular del país. En ninguna de las 16 páginas de los folletos salen los requisitos para obtenerla ni se hace mención a los cobros de mantención. Tampoco al interés mensual aplicable, según la “tasa máxima convencional” del mercado.
“Para sacar la Presto hay que tener una tarjeta de Ripley, Falabella, Almacenes París, tarjeta de crédito bancaria o cuenta corriente”, dice la promotora. “¿Y si no tengo nada de eso?”, pregunta el posible cliente. “Entonces tiene que traer una fotocopia de su carnet más las tres últimas liquidaciones de sueldo o seis copias de las cotizaciones de la AFP. El costo de mantención mensual de la tarjeta es de 2.100 pesos por concepto de facturación y seguro de desgravamen. Pero si no usa la tarjeta no paga mantención”, explica con una sonrisa pegada al rostro.
“Eso es mentira”, dice Francisca Sepúlveda. El 26 de agosto, mientras compraba en el mismo local, Francisca fue abordada por una promotora que le ofreció la tarjeta Presto con las mismas palabras que al sujeto anterior: “Me dijo que si yo no usaba la tarjeta no pagaba costo de mantención, pero que si la usaba costaba dos mil pesos mensuales. Nunca la usé”. Pero la primera semana de octubre le llegó una cuenta de Presto por siete mil pesos. El monto era por la mantención mensual de la tarjeta más intereses y multas. Francisca pagó la cuenta y terminó el contrato de la tarjeta la semana pasada, molesta por lo que siente que es publicidad engañosa.Su caso no es el único entre el millón y medio de personas que guardan en su billetera la tarjeta del supermercado de Nicolás Ibáñez, el poderoso dueño de D&S. “No ahorre cariño, ahorre en el Líder”. Es la frase que esta empresa usa para que, comprando en su tienda, ahorremos. Así, parte la carta del sacerdote Nano Contreras que fue publicada en “The Clinic”, el 29 de septiembre. Ahí cuenta el caso de Honorina Callasaya, una anciana del Hogar San Pedro Claver de Arica, que él dirige.
¿Ayudando a ahorrar?
Honorina recibe del Estado una pensión mensual de 37 mil pesos y sufre de esquizofrenia -explica Contreras en la misiva-.
Sin embargo, la enfermedad no fue impedimento para que le otorgaran la tarjeta Presto. El religioso asegura que a la mujer no le pidieron papeles ni liquidaciones de sueldo, pues no posee ninguna. El 6 de enero, Honorina fue al Líder de Arica, ubicado en calle Diego Portales, y compró un par de regalos con su tarjeta. Se endeudó en 24.376 pesos y abonó la cuota mínima de dos mil, dejando un saldo a pagar de 22.376. Un mes después su deuda aumentó a 26.837 por el cobro de intereses legales. Honorina, sin darse cuenta del aumento de su deuda, siguió pagando la cuota mínima de dos mil pesos mensuales hasta septiembre, cuando el padre Contreras supo de la deuda y partió a saldar la cuenta. Ahí se enteró que Honorina aún debía 27.600 pesos. “Si sumamos los abonos que hizo (18 mil), resulta que pagó 45.600; es decir, casi el doble de la deuda inicial”.
a Criterio de lider
En la misma carta, Contreras se pregunta: “¿Así es como el Líder ayuda a la gente que ahorre? ¿Cuántos más como Honorina estarán siendo engañados con la tarjeta Presto? Ciertamente no se ha cometido ninguna ilegalidad, pero sí una inmoralidad”. Más allá de los pesos, ¿se le puede dar una tarjeta de crédito a una mujer que tiene problemas mentales?
El abogado de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Alejandro Pujá, explica que, en el caso de un supermercado, esto queda a criterio de quien le entrega un crédito. Como no está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), no puede ser sancionado por la norma respectiva. “Para poder objetar un caso como el de Honorina habría que comprobar judicialmente que ella no era sujeto de crédito”, dice Pujá.
Presto fue el primer plástico no bancario que ingresó a la esfera de control de la SBIF, en junio pasado. Si esa tarjeta hubiese estado bajo la normativa de la superintendencia cuando Honorina firmó el contrato y recibió su tarjeta, el sacerdote Contreras podría haber ejercido acciones legales.
En Odecu reciben muchos casos similares al de Honorina, dice Pujá. “Así es como le entregan tarjetas de débito a estudiantes que no tienen ingresos propios, a dueñas de casa a las que sólo les piden tener un teléfono fijo, o a jubilados que ganan una miseria. También vemos casos de personas a las que se les comprometió un seguro de cesantía y cuando tuvieron que usarlo se enteraron que el seguro no estaba vigente pero les seguían cobrando”. Incluso ha habido situaciones de pensionados que reciben, dentro del cargo de mantención mensual de una tarjeta, un cobro por seguro de desempleo. Lo que nadie sabe es que los seguros como el de desgravamen son voluntarios y no obligatorios, como indicó la SBIF en una circular reciente.
Lo que le sucedió a Honorina es un caso extremo. Sin embargo, hay otros en que los denunciantes acusan cobros exagerados y abusos. En reclamemos.com, un sitio web que recibe denuncias y ofrece asesoría legal a consumidores, por ejemplo, existen 87 quejas de distinto tipo por el funcionamiento de la tarjeta Presto.
Pero en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) no hay cifras oficiales ni estudios sobre el mercado de tarjetas de crédito de los supermercados. Tampoco se pronuncian sobre casos particulares. “Por seriedad, no opinamos sobre casos que no conocemos”, explica el director del servicio, José Roa. Si no es el Sernac o sus autoridades quienes deben explicar si habría eventuales cobros irregulares en casos como el de Honorina y Francisca, ¿entonces quién? El anuncio del Banco Central el jueves pasado sobre la modificación a la normativa establecida en el Compendio de Normas Financieras (cap. III. J.1) para fiscalizar las tarjetas de crédito no bancarias podría cambiarle la cara al mundo de los plásticos no bancarios, que suman cerca de siete millones, más del doble que las pertenecientes a bancos.
EL CEREBRO Y EL VERDADERO NEGOCIO
Hace mucho tiempo que en el sector retail se dieron cuenta de que el negocio no era vender productos, sino prestar servicios financieros, que es de donde proviene el grueso de las ganancias de estas empresas. Por ejemplo, si una persona acostumbra a pagar únicamente la cantidad mínima de la cuota mensual de una tarjeta de crédito, los intereses pueden hacer que termine pagando el doble del precio del producto. En la compra a crédito, lo primero que se paga son los intereses de la deuda, no el capital. Ese ha sido el verdadero negocio de Líder en los últimos años.
La tarjeta Presto nació en mayo de 1996 “con el propósito -según se asegura en la página web de la compañía- de convertirse en la alternativa de pago más económica para los clientes de Líder y así hacer accesibles los bienes y servicios a los chilenos”.
En un artículo de “El Mercurio” del domingo pasado se muestra en cifras el éxito que ha tenido Presto: aparte del millón y medio de usuarios de la tarjeta, tiene colocaciones por 300 millones de dólares, seis mil comercios afiliados, y ha logrado subir en la escala socioeconómica de los estratos C3 y D hasta el olimpo del ABC1.
El hombre clave en las últimas operaciones de Presto, que mejoraron los resultados de D&S en el primer semestre, es Elías Ayub. El flamante gerente general de Servicios Financieros D&S jugó un rol vital en la conversión de Presto a Servicios, compañía con giro propio, que incluye Presto Tarjetas, Presto Seguros y Presto Red. Ese fue el motivo para que D&S pidiera voluntariamente a la SBIF que la tarjeta estuviera sometida a su escrutinio. Ayub conoce el rubro. Hizo toda su carrera en la banca y participó en la estructuración de Transbank y Redbank. En 1990 se convirtió en consultor especializado en tarjetas de crédito. Asesoró a D&S e Ibáñez pudo conocer su experiencia de primera mano.
“El Mercurio” consigna que a mediados de 2003, el empresario contrató a Ayub. Desde entonces diversificó los negocios de Presto hasta transformarla en Servicios Financieros D&S. Su principal gancho para que los clientes de Líder usen Presto fue proporcionar descuentos y ofertas tentadoras en tres cuotas precio contado sólo para quienes tengan la tarjeta. De este modo se espera que Servicios Financieros aporte a D&S a fines del año próximo un tercio de sus ingresos. El viernes, este medio intentó ubicar a Ayub para que se pronunciara sobre los ex clientes de Presto mencionados en este reportaje. Pero, al igual que Francisca y Honorina, no obtuvimos respuesta. LND
viernes, 23 de septiembre de 2005
Estacionamientos en locales comerciales: De aquí lo robaron, de aquí lo devuelven
Si uno deja su auto en el aparcadero de un mall no es para que se lo roben, por lo que si eso ocurre, la empresa debe responder
Por SEBASTIÁN CERDA Q.
Página del Lector "El Mercurio"
El robo de vehículos en estacionamientos es algo de lo que muchos pueden dar cuenta. Por ejemplo, podría relatarnos su experiencia Sonia Fried, la madre del tenista Nicolás Massú, a quien le robaron su camioneta 4x4 desde los aparcaderos del mall Alto Las Condes. O el cantante Alberto Plaza, a quien, en el mismo centro comercial, le quitaron su Grand Cherokee, tras amenazarlo con un arma. Incluso un juez de La Cisterna quedó de brazos cruzados tras llegar a los estacionamientos del Hotel Marriot, donde estaba almorzando en agosto de 2004, y ver que su Mitsubishi Montero se encontraba con uno de los vidrios traseros destrozados y que en su interior ya no estaban ni su chequera (que luego utilizaron) ni su notebook.
Pero ésos son casos "emblemáticos" (y afortunadamente en algunos, como el del cantante, había seguros comprometidos y la policía recuperó el vehículo). En forma más reciente, nuestro lector Manuel Antonio Sobera debió pasar por una situación similar, cuando al volver al estacionamiento subterráneo del mall Parque Arauco, donde estaba viendo una película la semana pasada, se encontró con una de las chapas de su jeep Vitara forzada, mientras en el interior ya no estaban la radio ni otros artículos. Reclamó a los encargados del centro comercial, pero la respuesta que esperaba aún no llega.
Sin embargo, los malls, supermercados o cualquier establecimiento que cuente con un espacio de estacionamientos especialmente dispuesto para sus clientes, no puede desentenderse en una situación como ésta, aunque la posibilidad de estacionar que otorgan sea gratuita.
Parte del servicio
Ésa, al menos, es la posición que han adoptado el Sernac y las diversas agrupaciones de defensa de los consumidores en torno a estos casos.
"Nosotros pensamos que la responsabilidad es insoslayable de las administraciones de los estacionamientos, independiente de que no haya pago. Aquéllos pertenecen al mall o supermercado, por lo que son parte del servicio que prestan", explica Alejandro Pujá, del departamento legal de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).
Esto también valdría independiente de que la persona haya hecho una compra o no. "Es lo mismo que en un caso reciente, en que una señora se cayó en un supermercado antes de comprar, mientras una persona limpiaba el piso. El establecimiento no quiso hacerse responsable, culpando a la empresa externa que presta servicios de aseo, pero el juez falló a favor de la señora y el supermercado debió responderle. La razón esgrimida fue seguridad en el consumo, y es la misma que valdría en los casos de robos en estacionamientos", compara Pujá.
En esa línea se manifiesta también Mario Letelier, de Chile Parking, empresa que lleva los automóviles de clientes de restoranes en el barrio El Bosque hasta los estacionamientos de Plaza Perú. "Si en alguna parte del trayecto roban el vehículo o accesorios de éste, se entiende que quienes deben responder somos nosotros", afirma. Para ello disponen de seguros.
De este modo, al cliente que ha sido víctima del robo de especies desde su automóvil, o al que se lo robaron completo, poco le importará si la responsabilidad es del local al que concurrió, de la empresa que lleva el auto hasta el estacionamiento o de quienes administran el aparcadero. Lo único que le importa es que el daño sea reparado, y para ello dirigirá sus descargos de inmediato al recinto al cual concurrió buscando un servicio, y ellos deben estar en condiciones de dar una respuesta, además de coherente, satisfactoria. Mal que mal, si uno va a un supermercado o a un centro comercial es para comprar algo o para pasar un buen rato. Para ser víctimas de un robo, mejor nos quedamos en casa.
Qué hacer
Quien haya sufrido el robo de su vehículo o de especies en el estacionamiento de un recinto comercial, no puede conformarse con respuestas negativas del establecimiento o con gritar su molestia a quien quiera oírla. Debe tomar acciones concretas.
"Yo recomiendo ir a una organización como Sernac u Odecu, o actuar a través de un abogado que entienda del tema. Yo creo que las normas defienden, pero la gente tiene que ser proactiva y estar dispuesta a jugársela, que es algo que hasta ahora no siempre ha ocurrido", argumenta Pujá.
Si se paga
Si el estacionamiento es pagado el tema no se discute: la empresa debe responder, por más que adviertan lo contrario, ya que, además de que esas cláusulas son ilegales, los derechos del consumidor son irrenunciables.
Por SEBASTIÁN CERDA Q.
Página del Lector "El Mercurio"
El robo de vehículos en estacionamientos es algo de lo que muchos pueden dar cuenta. Por ejemplo, podría relatarnos su experiencia Sonia Fried, la madre del tenista Nicolás Massú, a quien le robaron su camioneta 4x4 desde los aparcaderos del mall Alto Las Condes. O el cantante Alberto Plaza, a quien, en el mismo centro comercial, le quitaron su Grand Cherokee, tras amenazarlo con un arma. Incluso un juez de La Cisterna quedó de brazos cruzados tras llegar a los estacionamientos del Hotel Marriot, donde estaba almorzando en agosto de 2004, y ver que su Mitsubishi Montero se encontraba con uno de los vidrios traseros destrozados y que en su interior ya no estaban ni su chequera (que luego utilizaron) ni su notebook.
Pero ésos son casos "emblemáticos" (y afortunadamente en algunos, como el del cantante, había seguros comprometidos y la policía recuperó el vehículo). En forma más reciente, nuestro lector Manuel Antonio Sobera debió pasar por una situación similar, cuando al volver al estacionamiento subterráneo del mall Parque Arauco, donde estaba viendo una película la semana pasada, se encontró con una de las chapas de su jeep Vitara forzada, mientras en el interior ya no estaban la radio ni otros artículos. Reclamó a los encargados del centro comercial, pero la respuesta que esperaba aún no llega.
Sin embargo, los malls, supermercados o cualquier establecimiento que cuente con un espacio de estacionamientos especialmente dispuesto para sus clientes, no puede desentenderse en una situación como ésta, aunque la posibilidad de estacionar que otorgan sea gratuita.
Parte del servicio
Ésa, al menos, es la posición que han adoptado el Sernac y las diversas agrupaciones de defensa de los consumidores en torno a estos casos.
"Nosotros pensamos que la responsabilidad es insoslayable de las administraciones de los estacionamientos, independiente de que no haya pago. Aquéllos pertenecen al mall o supermercado, por lo que son parte del servicio que prestan", explica Alejandro Pujá, del departamento legal de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu).
Esto también valdría independiente de que la persona haya hecho una compra o no. "Es lo mismo que en un caso reciente, en que una señora se cayó en un supermercado antes de comprar, mientras una persona limpiaba el piso. El establecimiento no quiso hacerse responsable, culpando a la empresa externa que presta servicios de aseo, pero el juez falló a favor de la señora y el supermercado debió responderle. La razón esgrimida fue seguridad en el consumo, y es la misma que valdría en los casos de robos en estacionamientos", compara Pujá.
En esa línea se manifiesta también Mario Letelier, de Chile Parking, empresa que lleva los automóviles de clientes de restoranes en el barrio El Bosque hasta los estacionamientos de Plaza Perú. "Si en alguna parte del trayecto roban el vehículo o accesorios de éste, se entiende que quienes deben responder somos nosotros", afirma. Para ello disponen de seguros.
De este modo, al cliente que ha sido víctima del robo de especies desde su automóvil, o al que se lo robaron completo, poco le importará si la responsabilidad es del local al que concurrió, de la empresa que lleva el auto hasta el estacionamiento o de quienes administran el aparcadero. Lo único que le importa es que el daño sea reparado, y para ello dirigirá sus descargos de inmediato al recinto al cual concurrió buscando un servicio, y ellos deben estar en condiciones de dar una respuesta, además de coherente, satisfactoria. Mal que mal, si uno va a un supermercado o a un centro comercial es para comprar algo o para pasar un buen rato. Para ser víctimas de un robo, mejor nos quedamos en casa.
Qué hacer
Quien haya sufrido el robo de su vehículo o de especies en el estacionamiento de un recinto comercial, no puede conformarse con respuestas negativas del establecimiento o con gritar su molestia a quien quiera oírla. Debe tomar acciones concretas.
"Yo recomiendo ir a una organización como Sernac u Odecu, o actuar a través de un abogado que entienda del tema. Yo creo que las normas defienden, pero la gente tiene que ser proactiva y estar dispuesta a jugársela, que es algo que hasta ahora no siempre ha ocurrido", argumenta Pujá.
Si se paga
Si el estacionamiento es pagado el tema no se discute: la empresa debe responder, por más que adviertan lo contrario, ya que, además de que esas cláusulas son ilegales, los derechos del consumidor son irrenunciables.
sábado, 6 de agosto de 2005
El Caso MULTIVIA: Crónica de una multa anunciada.
Cuando Rodrigo Belmar envió su consulta al Departamento Legal de ODECU, no imaginaba que estaba dando el primer puntapié de lo que será la demanda colectiva más grande en lo que va corrido de la historia de estas acciones desde la creación de la herramienta legal, en vigencia desde el 14 de julio del 2004.
Por mis funciones dentro de ODECU me corresponde atender permanentemente las consultas de los consumidores y usuarios y, por cierto, la de Rodrigo. El manifestaba su inquietud porque el Metro de Santiago ya no entregaba el viaje gratis por cada 20 efectuados por el usuario. Sin embargo, Rodrigo no sólo consultaba el por qué del cambio de las condiciones del Metro sino aportaba un dato valiosísimo: la empresa continuaba publicitando las condiciones de su promoción original en la página web de la empresa, multivia.cl.
Revisé los datos aportados y, efectivamente, era así. Junto con responderle dándole la razón en su reclamo le informé lo que haría: poner en alerta a toda la organización, la que se puso a trabajar en el tema.
Por mis funciones dentro de ODECU me corresponde atender permanentemente las consultas de los consumidores y usuarios y, por cierto, la de Rodrigo. El manifestaba su inquietud porque el Metro de Santiago ya no entregaba el viaje gratis por cada 20 efectuados por el usuario. Sin embargo, Rodrigo no sólo consultaba el por qué del cambio de las condiciones del Metro sino aportaba un dato valiosísimo: la empresa continuaba publicitando las condiciones de su promoción original en la página web de la empresa, multivia.cl.
Revisé los datos aportados y, efectivamente, era así. Junto con responderle dándole la razón en su reclamo le informé lo que haría: poner en alerta a toda la organización, la que se puso a trabajar en el tema.
Desde el Area de Comunicaciones se dio la alerta pública con una primera nota en la materia, junto con el envío de un correo electrónico a través de la misma página del Metro en el que le solicitamos la reposición del viaje gratis. No hubo respuesta, pero eliminaron la propaganda. Ya era tarde, teníamos copias digitales y en papel.
Y aumentaron los reclamos y consultas en respuesta a nuestra primera publicación. Mientras, en el Departamento Legal, analizábamos el Reglamento General del Metro y, por supuesto, las normas aplicables en la materia, fundamentalmente la Ley del Consumidor.
Conclusiones: Metro cometió infracción al derecho a la información oportuna y veraz, al no señalar plazo de vigencia de la promoción y, por lo mismo, no debe suspenderla unilateralmente, pues en ese caso, incumple lo ofrecido en su publicidad. La ley considera como parte integrante del contrato los aspectos objetivos de la publicidad asociada al bien o servicio y, por tanto, son un derecho adquirido por el cliente o usuario, al contratar o adquirir la tarjeta MULTIVIA.
Todo esto, evidente para quienes trabajamos en el rubro nunca, fue previsto por el equipo jurídico de Metro, seguramente mejor remunerado que nosotros.
Con las convicciones absolutas en el tema, emplazamos nuevamente al Metro, esta vez ingresando una nota en sus oficinas centrales de Alameda 1414, dirigida al Presidente del Directorio, Fernando Bustamante, para que repusiese el viaje gratis en forma indefinida, compensase a los usuarios por el tiempo en que ha estado suspendido el derecho y pidiese disculpas públicas por el error.
La respuesta fue absolutamente insatisfactoria, repitiendo argumentos inútiles e inaceptables que no vale la pena reproducir.
Tras eso se hizo un llamado público a formalizar la adhesión ciudadana para una demanda colectiva que buscará devolverles a los usuarios los hasta la fecha aproximadamente 4 mil millones de pesos en viajes que Metro les debe, junto con reponer el servicio en las condiciones originales.
¿Qué viene ahora?
Una batalla donde Metro desgastará su equipo jurídico intentando defender lo indefendible: una flagrante violación a la ley del consumidor no solamente basada en la ignorancia de la empresa sobre la ley del consumidor, sino también en la arrogancia de un operador monopólico que cobra caro, nos obliga a viajar de pie, apretujados en todo horario, horneándonos en verano, con contaminación acústica por frenos malmantenidos, televisores con propaganda y música comercial en sus andenes y la propaganda omnipresente desde los mismísimos accesos hasta los carros literalmente “forrados” en avisos.
La multa, de un máximo de sólo 23 millones, una bicoca, dádiva del legislador que siempre tiene la mano blanda cuando se trata de castigar a los poderosos no será el peor castigo para el Metro.
Y aumentaron los reclamos y consultas en respuesta a nuestra primera publicación. Mientras, en el Departamento Legal, analizábamos el Reglamento General del Metro y, por supuesto, las normas aplicables en la materia, fundamentalmente la Ley del Consumidor.
Conclusiones: Metro cometió infracción al derecho a la información oportuna y veraz, al no señalar plazo de vigencia de la promoción y, por lo mismo, no debe suspenderla unilateralmente, pues en ese caso, incumple lo ofrecido en su publicidad. La ley considera como parte integrante del contrato los aspectos objetivos de la publicidad asociada al bien o servicio y, por tanto, son un derecho adquirido por el cliente o usuario, al contratar o adquirir la tarjeta MULTIVIA.
Todo esto, evidente para quienes trabajamos en el rubro nunca, fue previsto por el equipo jurídico de Metro, seguramente mejor remunerado que nosotros.
Con las convicciones absolutas en el tema, emplazamos nuevamente al Metro, esta vez ingresando una nota en sus oficinas centrales de Alameda 1414, dirigida al Presidente del Directorio, Fernando Bustamante, para que repusiese el viaje gratis en forma indefinida, compensase a los usuarios por el tiempo en que ha estado suspendido el derecho y pidiese disculpas públicas por el error.
La respuesta fue absolutamente insatisfactoria, repitiendo argumentos inútiles e inaceptables que no vale la pena reproducir.
Tras eso se hizo un llamado público a formalizar la adhesión ciudadana para una demanda colectiva que buscará devolverles a los usuarios los hasta la fecha aproximadamente 4 mil millones de pesos en viajes que Metro les debe, junto con reponer el servicio en las condiciones originales.
¿Qué viene ahora?
Una batalla donde Metro desgastará su equipo jurídico intentando defender lo indefendible: una flagrante violación a la ley del consumidor no solamente basada en la ignorancia de la empresa sobre la ley del consumidor, sino también en la arrogancia de un operador monopólico que cobra caro, nos obliga a viajar de pie, apretujados en todo horario, horneándonos en verano, con contaminación acústica por frenos malmantenidos, televisores con propaganda y música comercial en sus andenes y la propaganda omnipresente desde los mismísimos accesos hasta los carros literalmente “forrados” en avisos.
La multa, de un máximo de sólo 23 millones, una bicoca, dádiva del legislador que siempre tiene la mano blanda cuando se trata de castigar a los poderosos no será el peor castigo para el Metro.
Lo será el que tendrá que reponer el servicio originalmente ofrecido por saecula saecolorum, pues así lo ofrecieron ya que, no lo olvide Sr. Bustamante, tal como dicen mis hijos y seguramente los suyos, con una lógica infantil demoledora, lo que se da no se quita.
lunes, 1 de agosto de 2005
Pese a agrandar “letra chica”, pocos leen contratos
El siguiente artículo, para el cual fue solicitada mi opinión, fue publicado el martes 26 de julio del 2005, en el diario El Sur, en la sección Temas del Día.
El valor del texto radica en que se informa acerca de los habituales errores que cometen los consumidores al firmar contratos, llamando la atención sobre aquellos aspectos que suelen pasar por alto. Este artículo es para que a usted no le pase.
Normativa fija tamaño mínimo en 2,5 milímetros
"La nueva Ley del Consumidor busca hacer más legibles los documentos, pero no servirá de mucho si no hay cultura de estudiarlos bien antes de firmar.
Ya estampada la rúbrica, poco se puede hacer. Lo básico es poner atención a las exclusiones y las claúsulas de término de contrato.
Por Fabián Alvarez Salazar.
Desde hace doce días la “letra chica” de los contratos comerciales dejó de ser tan chica. La entrada en vigencia del artículo 17 de la nueva Ley del Consumidor -que rige desde el jueves 14 de este mes- obliga a las empresas a aumentar el tamaño de los caracteres a un mínimo de 2,5 milímetros. Esta obligatoriedad beneficiará principalmente a la población que tiene problemas visuales y a los adultos mayores.
Sin embargo, aumentar el tamaño de la letra no es sinónimo de inmunidad ante cualquier problema, porque la responsabilidad final es de quien firma el contrato, quien debe procurar lo primordial: leer al revés y al derecho el documento.
Esta nueva reglamentación “abre una posibilidad para que uno se informe mejor qué es lo que va a firmar, en el sentido que se puede leer bien, pero eso no te asegura nada”, afirmó el director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Maturana Fuentealba.
Lo anterior, porque -según ha palpado- en la gente “hay una actitud de conformidad y comodidad respecto de lo que implica leer un contrato. Le da lata leer tres o cuatro páginas, pero no hay nada que te excuse de hacerlo. Un analfabeto o un no vidente antes de firmar tendrá que conseguirse quien se lo lea”, ejemplificó.
A su juicio, el problema es que “muchas veces la gente entiende lo que quiere entender y tienes al frente a una persona que vive de la venta y gana una comisión por ello. Por lo tanto, les venden lo que quieren entender las personas”, expresó.
A ello, hay que sumar “una mala práctica de los vendedores” -afirmó- que se está generalizando: la no entrega de los contratos para leerlos en la casa antes de firmarlos. Al respecto, recomendó: “si no se los quieren pasar, dude, porque algo hay”.
La preocupación del Sernac apunta a las personas de un nivel educacional y económico más bajo, porque “tienen un nivel de desprotección mayor, al ser cautivos, muchas veces, de un solo proveedor”, estimó. Explicó que “ellos por no tener una mayor capacidad de compra deben aceptar las reglas de una tienda, mientras que una persona con más recursos tiene la posibilidad de decir ‘si no me gusta me voy’”.
En qué poner atención
Hay dos temas que uno debiera buscar con lupa en cualquier contrato para después no llevarse sorpresas: las excepciones y las cláusulas de término de contrato.
En el caso de las primeras, por ejemplo, si se contrata un seguro catastrófico para viviendas que cubre inundaciones por crecidas de ríos, pero en la letra chica se especifica que no responde si esas crecidas son por lluvias, se está frente a una excepción que “implica que todo lo que tenías antes se te borró con el codo”, dice el director del Sernac. Esto, debe pesar y estar claro para el asegurado al momento de firmar el documento.
En el caso de las cláusulas de término de contrato, lo más común es que la gente quiera finalizar en forma abrupta el contrato, pero si lo hace tiene que pagar una indemnización. “La gente debiera ver las excepciones y como operan los términos de contrato, viendo esas dos cosas se nos disminuyen en un 80% los reclamos que tenemos por el tema de la letra chica”, asegura Maturana.
Poco éxito de reclamos
En lo que va del año el Sernac ha recibido unos 3 mil reclamos y consultas. La mayoría son de las áreas de garantía, servicios básicos, cobros indebidos o tasas de interés. Los mínimos son por problemas derivados de no haber leído la letra chica, lo que se traduce, por ejemplo, en querer terminar el contrato, deseo que la contraparte no permite. En otros casos en algunos documentos van incluidas pólizas de seguros que, por no leerlas, el cliente sólo se entera cuando se las comienzan a cobrar.
Los reclamos y consultas originados por no haber revisado bien el contrato al firmarlo representan entre un 1 y un 2% del total, es decir, entre 30 y 60 casos se han recogido a la fecha en la región.
Lamentablemente, la gente que se cae en estos aprietos muy pocas veces gana, “porque tendría que tener formas de probar que fue engañado por el vendedor. Pero, si firmó algo donde estaban todas las condiciones establecidas en la cláusula y donde el proveedor está solamente haciendo cumplir esas condiciones, entonces ya no hay nada que hacer”, explica Maturana.
Engaño en letra grande
Las malas prácticas no sólo vienen en la llamada “letra chica”, sino que también en los párrafos principales. Así lo advierte el encargado de atención de público del departamento legal de la Organización de Consumidores de Chile (Odecu), Alejandro Puja Campos. Recomienda fijarse en ciertos aspectos antes de firmar.
Detalló que si un contrato no especifica que se puede objetar el árbitro establecido que designa el documento, es ilegal. El cliente puede objetar, además, las cláusulas de aceleración (por las que se cobra toda la deuda si hay mora), en el caso de los créditos de consumo. Y si bien es difícil suprimirlas, sí se puede flexibilizar.
Otro punto a considerar, son los seguros añadidos a los contratos. “A excepción de los seguros de desgravamen y contra incendios -en el caso de los créditos hipotecarios- ninguno más es obligatorio”, dijo.
Para Alejandro Puja la gente no se informa como corresponde, pero el Estado debiera ser más activo, por ejemplo, estableciendo derechos de retractaciones generales. Esto, porque hasta ahora un cliente puede echar pie atrás cuando ha firmado sólo en tres áreas puntuales: en los contratos de las empresas de vacaciones compartidas, en las compras por internet y en la matrícula en universidades privadas cuando más tarde quedan en una tradicional."
El valor del texto radica en que se informa acerca de los habituales errores que cometen los consumidores al firmar contratos, llamando la atención sobre aquellos aspectos que suelen pasar por alto. Este artículo es para que a usted no le pase.
Normativa fija tamaño mínimo en 2,5 milímetros
"La nueva Ley del Consumidor busca hacer más legibles los documentos, pero no servirá de mucho si no hay cultura de estudiarlos bien antes de firmar.
Ya estampada la rúbrica, poco se puede hacer. Lo básico es poner atención a las exclusiones y las claúsulas de término de contrato.
Por Fabián Alvarez Salazar.
Desde hace doce días la “letra chica” de los contratos comerciales dejó de ser tan chica. La entrada en vigencia del artículo 17 de la nueva Ley del Consumidor -que rige desde el jueves 14 de este mes- obliga a las empresas a aumentar el tamaño de los caracteres a un mínimo de 2,5 milímetros. Esta obligatoriedad beneficiará principalmente a la población que tiene problemas visuales y a los adultos mayores.
Sin embargo, aumentar el tamaño de la letra no es sinónimo de inmunidad ante cualquier problema, porque la responsabilidad final es de quien firma el contrato, quien debe procurar lo primordial: leer al revés y al derecho el documento.
Esta nueva reglamentación “abre una posibilidad para que uno se informe mejor qué es lo que va a firmar, en el sentido que se puede leer bien, pero eso no te asegura nada”, afirmó el director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Maturana Fuentealba.
Lo anterior, porque -según ha palpado- en la gente “hay una actitud de conformidad y comodidad respecto de lo que implica leer un contrato. Le da lata leer tres o cuatro páginas, pero no hay nada que te excuse de hacerlo. Un analfabeto o un no vidente antes de firmar tendrá que conseguirse quien se lo lea”, ejemplificó.
A su juicio, el problema es que “muchas veces la gente entiende lo que quiere entender y tienes al frente a una persona que vive de la venta y gana una comisión por ello. Por lo tanto, les venden lo que quieren entender las personas”, expresó.
A ello, hay que sumar “una mala práctica de los vendedores” -afirmó- que se está generalizando: la no entrega de los contratos para leerlos en la casa antes de firmarlos. Al respecto, recomendó: “si no se los quieren pasar, dude, porque algo hay”.
La preocupación del Sernac apunta a las personas de un nivel educacional y económico más bajo, porque “tienen un nivel de desprotección mayor, al ser cautivos, muchas veces, de un solo proveedor”, estimó. Explicó que “ellos por no tener una mayor capacidad de compra deben aceptar las reglas de una tienda, mientras que una persona con más recursos tiene la posibilidad de decir ‘si no me gusta me voy’”.
En qué poner atención
Hay dos temas que uno debiera buscar con lupa en cualquier contrato para después no llevarse sorpresas: las excepciones y las cláusulas de término de contrato.
En el caso de las primeras, por ejemplo, si se contrata un seguro catastrófico para viviendas que cubre inundaciones por crecidas de ríos, pero en la letra chica se especifica que no responde si esas crecidas son por lluvias, se está frente a una excepción que “implica que todo lo que tenías antes se te borró con el codo”, dice el director del Sernac. Esto, debe pesar y estar claro para el asegurado al momento de firmar el documento.
En el caso de las cláusulas de término de contrato, lo más común es que la gente quiera finalizar en forma abrupta el contrato, pero si lo hace tiene que pagar una indemnización. “La gente debiera ver las excepciones y como operan los términos de contrato, viendo esas dos cosas se nos disminuyen en un 80% los reclamos que tenemos por el tema de la letra chica”, asegura Maturana.
Poco éxito de reclamos
En lo que va del año el Sernac ha recibido unos 3 mil reclamos y consultas. La mayoría son de las áreas de garantía, servicios básicos, cobros indebidos o tasas de interés. Los mínimos son por problemas derivados de no haber leído la letra chica, lo que se traduce, por ejemplo, en querer terminar el contrato, deseo que la contraparte no permite. En otros casos en algunos documentos van incluidas pólizas de seguros que, por no leerlas, el cliente sólo se entera cuando se las comienzan a cobrar.
Los reclamos y consultas originados por no haber revisado bien el contrato al firmarlo representan entre un 1 y un 2% del total, es decir, entre 30 y 60 casos se han recogido a la fecha en la región.
Lamentablemente, la gente que se cae en estos aprietos muy pocas veces gana, “porque tendría que tener formas de probar que fue engañado por el vendedor. Pero, si firmó algo donde estaban todas las condiciones establecidas en la cláusula y donde el proveedor está solamente haciendo cumplir esas condiciones, entonces ya no hay nada que hacer”, explica Maturana.
Engaño en letra grande
Las malas prácticas no sólo vienen en la llamada “letra chica”, sino que también en los párrafos principales. Así lo advierte el encargado de atención de público del departamento legal de la Organización de Consumidores de Chile (Odecu), Alejandro Puja Campos. Recomienda fijarse en ciertos aspectos antes de firmar.
Detalló que si un contrato no especifica que se puede objetar el árbitro establecido que designa el documento, es ilegal. El cliente puede objetar, además, las cláusulas de aceleración (por las que se cobra toda la deuda si hay mora), en el caso de los créditos de consumo. Y si bien es difícil suprimirlas, sí se puede flexibilizar.
Otro punto a considerar, son los seguros añadidos a los contratos. “A excepción de los seguros de desgravamen y contra incendios -en el caso de los créditos hipotecarios- ninguno más es obligatorio”, dijo.
Para Alejandro Puja la gente no se informa como corresponde, pero el Estado debiera ser más activo, por ejemplo, estableciendo derechos de retractaciones generales. Esto, porque hasta ahora un cliente puede echar pie atrás cuando ha firmado sólo en tres áreas puntuales: en los contratos de las empresas de vacaciones compartidas, en las compras por internet y en la matrícula en universidades privadas cuando más tarde quedan en una tradicional."
sábado, 30 de julio de 2005
Consumidores: de la palabra a la acción.
El siguiente artículo fue publicado el viernes 29 de julio del 2005 en el Diario Financiero, por Pamela Fierro.
Debido a que ilustra muy bien lo que ha sido parte de la evolución de los derechos de los consumidores en el último tiempo es que se reproduce in extenso para los visitantes de este blog.
Asimismo, por mis labores profesionales en la materia puedo dar fe de que los contenidos del texto se atienen con gran apego a la realidad del tema tratado.
"Un año desde su promulgación y nueve meses de vigencia cumplieron los cambios a la Ley de Defensa del Consumidor. La iniciativa que en palabras del presidente de la República, Ricardo Lagos, beneficiaría a “los consumidores, las empresas que hacen bien las cosas, la economía y la sociedad entera”, muestra sus primeros resultados.
A la fecha se han presentado ocho demandas colectivas, conocidas también como class action.
Una por parte de los consumidores en contra de BancoEstado y siete por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de las casas comerciales; a las que podrían sumarse otras tantas que están en estudio.
“En la práctica la ley está recién en precalentamiento y creo que se está tomando conciencia del poder de los consumidores, pero a diferencia de lo que pensaban los proveedores, no se ha dado el festival de denuncias que anticiparon”, comenta el presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, Ernesto Medina.
En el mismo lapso, se han creado 8 nuevas organizaciones de consumidores y el lunes pasado, algunas de ellas se adjudicaron el fondo por $ 50 millones establecido en la ley, para el desarrollo de sus actividades.
“Las organizaciones de consumidores juegan un rol que es necesario, indispensable y complementario de los roles de los empresarios –individualmente u organizados- o al de la autoridad, en el buen funcionamiento de los mercados”, dice el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa.
Para el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, “sin duda que la modificación fue un avance en muchos aspectos, como la facilidad para la constitución de asociaciones de consumidores, el fondo concursable y el fin de la letra chica”, pero advierte que aún queda mucho por avanzar.
La primera
La primera demanda colectiva fue un golpe inesperado. La organización de consumidores Conadecus, en noviembre del año pasado, demandó a BancoEstado en favor de los cuentacorrentistas que han pagado comisiones trimestrales por la mantención de sus respectivas cuentas de ahorro.
A la fecha, la presentación no sólo fue declarada como admisible por el tribunal, sino que además logró sortear con éxito un recurso interpuesto por la entidad financiera ante la Corte de Apelaciones.
Conadecus está a la espera de lo que resuelvan los tribunales respecto de los tres recursos presentados por BancoEstado, en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones: uno de nulidad de todo lo obrado, uno de casación ante la Corte Suprema y una petición de constituir fianza de garantía para intentar paralizar el proceso que seguirá adelante en el 4º Juzgado Civil.
Sin embargo, Ernesto Benado, presidente de Conadecus está optimista. “Hemos tenido éxito porque cumplimos el 100% de los requisitos para presentar esta demanda”.
Su percepción es compartida por abogados de la plaza, quienes señalan que en los recursos de casación no se discuten los hechos, sino sólo una posible mala aplicación de la ley.
Este caso ha puesto a la banca en alerta. “Ha habido preocupación desde hace varios meses por el tema de las class action. Los bancos están preocupados de analizar cuál es el impacto que podrían tener. Están estudiando cuáles serían las áreas, pero no ha habido señales claras de que vaya a ocurrir eso en algún otro producto bancario”, comenta una fuente del sector.
De la 2ª a la 8ª
La segunda viene a ser como la crónica de una muerte anunciada. En enero del año pasado, el Sernac, realizó un estudio que reveló que ocho, de 12 casas comerciales estudiadas en la Región Metropolitana cobraban intereses excesivos. Pese a la denuncia, el titular de ese entonces, Alberto Undurraga, lamentó al desprotección de los consumidores.
El 29 de junio de 2004, durante la promulgación de las modificaciones a la Ley del Consumidor, el presidente Lagos dio nuevamente la voz de alerta. Dijo que las casas comerciales “están más interesadas en las tasas de interés de sus créditos que en la venta al contado”.
Y se explayó: “comercio es comercio, es la intermediación entre el que provee un producto y el que lo consume, no el jugar este rol de verdaderas operaciones que tienen que ver más con el mercado financiero que con la satisfacción del consumidor”, añadió.
Esta semana el Sernac, en base a un nuevo estudio realizado en abril, presentó 7 demandas en contra de 7 multitiendas que cobraron intereses superando la tasa máxima convencional de 3,50%.
DIN, La Polar, Johnsons, Ripley, Corona, Almacenes París y ABC, fueron calificadas como “no convenientes” por la entidad y sus causas están a la espera de ser revisadas en tribunales.
A pesar de las críticas que arreciaron desde el comercio y desde organizaciones ciudadanas (ver recuadro), el actual titular del Senac, José Roa, asegura que tiene la convicción de que aquí hay faltas y que las demandas están bien presentadas.
En carpeta
Durante la discusión de la ley varios abogados advirtieron que con las modificaciones introducidas se podía dar pie a una suerte de industria del reclamo, tal como funciona en Estados Unidos.Más allá de las demandas colectivas presentadas, hay otras en carpeta. La misma Conadecus está analizando una presentación en contra de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) por el cobro de las aclaraciones en el Dicom.
“La estamos estudiando porque cuando la presentemos no queremos tener tropiezos. Desde que se dictó la ley de datos personales (Ley Dicom) las aclaraciones deben ser gratuitas”, acota. El director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabre informa que “estamos preparando una demanda contra la Autopista Central por el dispositivo del tag. Queremos que sean los ciudadanos quienes ejerzan sus derechos”.
Los líderes de los consumidores señalan que analizan las materias con calma. “Nos hemos dado cuenta de la complejidad del sistema, somos cautos frente a la gente que nos viene a plantear sus inquietudes...les decimos que primero hay que examinar bien las cosas y una vez que pasa el cedazo fino, se pueden presentar”, explica Benado.
Así, por ejemplo menciona el interés que le han manifestado algunas personas respecto a la posibilidad de establecer una class action por los hoyos de la Alameda, tema que ya descartaron porque no tenía asidero bajo la nueva Ley del Consumidor.En la misma línea, el presidente de Odecu, Stefan Larenas, señala que “nuestra organización no tiene como objetivo judicializar los conflictos, nuestra meta siempre ha sido buscar una solución a través de la mediación apelando a la responsabilidad social de las empresas. Cuando los proveedores se niegan a escucharnos o a buscar este tipo de solución aplicamos a discreción las herramientas que nos entrega la ley”.
Debido a que ilustra muy bien lo que ha sido parte de la evolución de los derechos de los consumidores en el último tiempo es que se reproduce in extenso para los visitantes de este blog.
Asimismo, por mis labores profesionales en la materia puedo dar fe de que los contenidos del texto se atienen con gran apego a la realidad del tema tratado.
"Un año desde su promulgación y nueve meses de vigencia cumplieron los cambios a la Ley de Defensa del Consumidor. La iniciativa que en palabras del presidente de la República, Ricardo Lagos, beneficiaría a “los consumidores, las empresas que hacen bien las cosas, la economía y la sociedad entera”, muestra sus primeros resultados.
A la fecha se han presentado ocho demandas colectivas, conocidas también como class action.
Una por parte de los consumidores en contra de BancoEstado y siete por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de las casas comerciales; a las que podrían sumarse otras tantas que están en estudio.
“En la práctica la ley está recién en precalentamiento y creo que se está tomando conciencia del poder de los consumidores, pero a diferencia de lo que pensaban los proveedores, no se ha dado el festival de denuncias que anticiparon”, comenta el presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, Ernesto Medina.
En el mismo lapso, se han creado 8 nuevas organizaciones de consumidores y el lunes pasado, algunas de ellas se adjudicaron el fondo por $ 50 millones establecido en la ley, para el desarrollo de sus actividades.
“Las organizaciones de consumidores juegan un rol que es necesario, indispensable y complementario de los roles de los empresarios –individualmente u organizados- o al de la autoridad, en el buen funcionamiento de los mercados”, dice el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa.
Para el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, “sin duda que la modificación fue un avance en muchos aspectos, como la facilidad para la constitución de asociaciones de consumidores, el fondo concursable y el fin de la letra chica”, pero advierte que aún queda mucho por avanzar.
La primera
La primera demanda colectiva fue un golpe inesperado. La organización de consumidores Conadecus, en noviembre del año pasado, demandó a BancoEstado en favor de los cuentacorrentistas que han pagado comisiones trimestrales por la mantención de sus respectivas cuentas de ahorro.
A la fecha, la presentación no sólo fue declarada como admisible por el tribunal, sino que además logró sortear con éxito un recurso interpuesto por la entidad financiera ante la Corte de Apelaciones.
Conadecus está a la espera de lo que resuelvan los tribunales respecto de los tres recursos presentados por BancoEstado, en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones: uno de nulidad de todo lo obrado, uno de casación ante la Corte Suprema y una petición de constituir fianza de garantía para intentar paralizar el proceso que seguirá adelante en el 4º Juzgado Civil.
Sin embargo, Ernesto Benado, presidente de Conadecus está optimista. “Hemos tenido éxito porque cumplimos el 100% de los requisitos para presentar esta demanda”.
Su percepción es compartida por abogados de la plaza, quienes señalan que en los recursos de casación no se discuten los hechos, sino sólo una posible mala aplicación de la ley.
Este caso ha puesto a la banca en alerta. “Ha habido preocupación desde hace varios meses por el tema de las class action. Los bancos están preocupados de analizar cuál es el impacto que podrían tener. Están estudiando cuáles serían las áreas, pero no ha habido señales claras de que vaya a ocurrir eso en algún otro producto bancario”, comenta una fuente del sector.
De la 2ª a la 8ª
La segunda viene a ser como la crónica de una muerte anunciada. En enero del año pasado, el Sernac, realizó un estudio que reveló que ocho, de 12 casas comerciales estudiadas en la Región Metropolitana cobraban intereses excesivos. Pese a la denuncia, el titular de ese entonces, Alberto Undurraga, lamentó al desprotección de los consumidores.
El 29 de junio de 2004, durante la promulgación de las modificaciones a la Ley del Consumidor, el presidente Lagos dio nuevamente la voz de alerta. Dijo que las casas comerciales “están más interesadas en las tasas de interés de sus créditos que en la venta al contado”.
Y se explayó: “comercio es comercio, es la intermediación entre el que provee un producto y el que lo consume, no el jugar este rol de verdaderas operaciones que tienen que ver más con el mercado financiero que con la satisfacción del consumidor”, añadió.
Esta semana el Sernac, en base a un nuevo estudio realizado en abril, presentó 7 demandas en contra de 7 multitiendas que cobraron intereses superando la tasa máxima convencional de 3,50%.
DIN, La Polar, Johnsons, Ripley, Corona, Almacenes París y ABC, fueron calificadas como “no convenientes” por la entidad y sus causas están a la espera de ser revisadas en tribunales.
A pesar de las críticas que arreciaron desde el comercio y desde organizaciones ciudadanas (ver recuadro), el actual titular del Senac, José Roa, asegura que tiene la convicción de que aquí hay faltas y que las demandas están bien presentadas.
En carpeta
Durante la discusión de la ley varios abogados advirtieron que con las modificaciones introducidas se podía dar pie a una suerte de industria del reclamo, tal como funciona en Estados Unidos.Más allá de las demandas colectivas presentadas, hay otras en carpeta. La misma Conadecus está analizando una presentación en contra de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) por el cobro de las aclaraciones en el Dicom.
“La estamos estudiando porque cuando la presentemos no queremos tener tropiezos. Desde que se dictó la ley de datos personales (Ley Dicom) las aclaraciones deben ser gratuitas”, acota. El director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabre informa que “estamos preparando una demanda contra la Autopista Central por el dispositivo del tag. Queremos que sean los ciudadanos quienes ejerzan sus derechos”.
Los líderes de los consumidores señalan que analizan las materias con calma. “Nos hemos dado cuenta de la complejidad del sistema, somos cautos frente a la gente que nos viene a plantear sus inquietudes...les decimos que primero hay que examinar bien las cosas y una vez que pasa el cedazo fino, se pueden presentar”, explica Benado.
Así, por ejemplo menciona el interés que le han manifestado algunas personas respecto a la posibilidad de establecer una class action por los hoyos de la Alameda, tema que ya descartaron porque no tenía asidero bajo la nueva Ley del Consumidor.En la misma línea, el presidente de Odecu, Stefan Larenas, señala que “nuestra organización no tiene como objetivo judicializar los conflictos, nuestra meta siempre ha sido buscar una solución a través de la mediación apelando a la responsabilidad social de las empresas. Cuando los proveedores se niegan a escucharnos o a buscar este tipo de solución aplicamos a discreción las herramientas que nos entrega la ley”.
Bajo ese prisma, precisa que “tenemos todo listo para presentar una class Action contra el Metro de Santiago por haber retirado unilateralmente la promoción de un viaje gratis cada 20 en el sistema de Tarjeta Multivia. Estamos a la espera de la respuesta que nos pueda dar el metro a dos emplazamientos extrajudiciales que le hemos presentado, de su respuesta depende si iniciamos esta acción”.
El Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, en conjunto con otras entidades iniciaron una campaña de consulta ciudadana para determinar los problemas que enfrenta la población con las AFP y en base a los datos que recojan analizarán los caminos a seguir.
Una ruta similar seguirán las denuncias que han recibido respecto a que Chilectra no estaría cumpliendo con la entrega de los 220 voltios, lo que provocaría desperfectos en los equipos.
Los ciudadanos
La defensa de los consumidores está siendo ejercida desde distintos ámbitos, y no sólo al amparo de la ley del Consumidor.
La semana pasada, la Fundación Chile Ciudadano, que dirige el abogado Tomás Fabres, manifestó sus aprensiones respecto a la procedencia de la acción colectiva anunciada por el Sernac, pues existirían vacíos legales que dejarían a la ley de Defensa del Consumidor fuera de competencia.
Por ello, Fabres anunció que en base a los resultados del estudio del Sernac, interpondrá una querella criminal por el delito de usura en contra de las casas comerciales que cobran interés por sobre el máximo legal.
Además presentará una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de Ripley, por infracción a la resolución 666/2002, que estableció instrucciones generales sobre la información que deben proporcionar quienes habitualmente conceden créditos al público en general, o a un sector del mismo, lo que incluye a los emisores de tarjetas de créditos relacionados con casas comerciales.El infractor se expone a multas de hasta 20.000 Unidades Tributarias Anuales.
“Partimos por Ripley porque la primera persona que llegó venía con quejas de Ripley y porque la empresa está abierta a bolsa”, explica Fabres.
La Fundación también espera presentar un proyecto de ley modificatoria de la Ley nº 19.496, entre otras acciones.
Recomendaciones
“Este es el principio de una serie de demandas que debieran aumentar en muy corto plazo”, diagnostica el abogado del Estudio Jurídico Pérez Donoso, Agustín Barroilhet, ante las acciones de clase presentadas bajo la nueva ley.
Si bien los juicios están recién comenzando, el experto advierte que en caso de que las compañías terminen con condenas muy severas, se pueden dar dos efectos.
“Por un lado las amenazas a las empresas podrían ser más creíbles, pero por el otro, excesivos honorarios para los abogados demandantes, podrían incitar a muchos más abogados a demandar. En EE.UU. existe una demanda de esta clase por cada 10.000 habitantes. Si extrapolamos esa cifra en Chile, deberíamos tener cerca de 1.500 demandas en actividad y hoy sólo tenemos ocho”, precisa.
De ahí que su principal recomendación a los privados es que se preparen, que inviertan en asesorías preventivas, que busquen abogados que estudien con ojo clínico y externo las prácticas de la empresa que puedan ser objeto de demandas colectivas, y tomen decisiones respecto a ellas, ya sea suprimiéndolas o teniendo una buena defensa en caso de eventuales demandas.
“Existen características de ciertas industrias que son difíciles de entender, incluso para los expertos y difíciles de explicar ante un juez, y la ley tiene plazos muy breves para que las empresas puedan defenderse una vez presentadas las demandas”, puntualiza."
martes, 26 de julio de 2005
Defensa del Consumidor: LOS OTROS CONSUMIDORES
Vacío legal dificulta el uso de garantía y otros derechos a miles de consumidores.
Muchos casos de consumidores que han adquirido un bien o servicio con el objetivo de utilizarlo en alguna actividad lucrativa, por menor que esta sea, no pueden valerse de la ley del consumidor para defender y proteger derechos elementales que pudiesen verse lesionados en la adquisición y uso de bienes y servicios.
Tal es el caso del vehículo adquirido para emplearlo en el transporte público, el del refrigerador para mantener productos perecibles en un almacén; el del computador instalado en un servicio de internet; la máquina de coser para un taller de corte y confección de ropa y un largo etcétera.
Todos casos de microempresas orientadas generalmente al sustento de una o dos familias. Por tanto, el hecho inequívoco es que la presente ley pretende regular relaciones entre una parte denominada proveedor y otra, consumidor o usuario final de bienes o servicios.
Dicha Ley establece que consumidores y usuarios son "las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios.”
Ahora bien, un problema recurrente al momento de enfrentar un caso de consumo es determinar la calidad de consumidor o usuario del reclamante, dado que la ley explicita la necesidad que para que se tenga tal categoría se requieren, a lo menos dos circunstancias: una, que el bien o servicio sea adquirido para ser utilizado o consumido en forma particular, privada, doméstica y/o familiar, como se quiera. En ningún caso como un elemento, instrumento, herramienta, medio o similar para desarrollar una actividad comercial, industrial, profesional y lucrativa.
La otra circunstancia es que se haya pagado “precio o tarifa”.
El argumento de los proveedores, implícito en la redacción de la ley, es que no se puede otorgar, por ejemplo, una garantía de buen funcionamiento a un refrigerador que va ser sometido a un uso intensivo en un almacén de barrio, muy superior al uso doméstico que le aplicaríauna familia tipo.
Si bien este argumento es atendible, la actual legislación deja en la absoluta indefensión a estos consumidores pues la garantía legal que otorga la Ley del Consumidor, de tres meses, y cualquier otra de duración mayor quedan reducidas a cero, de comprobarse el uso no doméstico del bien o servicio.
El problema es que se puede dejar sin garantía un producto con fallas de fábrica evidentes cuando ni siquiera se le ha comenzado a dar un uso intensivo.
Luego de que no se ha encontrado solución con el proveedor o las instancias reguladoras de cada caso, como las superintendencias. El consumidor se ve obligado a presentar una acción judicial ordinaria por incumplimiento de contrato o mala calidad del servicio demandando civilmente por las pérdidas económicas. Lo que implica una mayor inversión de tiempo y dinero, que en la mayoría de los casos es superior al valor del beneficio que se obtendría al solucionar el caso.
Estos casos tendrían una fácil solución por la vía de establecer excepciones o garantías limitadas atendiendo al uso de que se le va a dar al producto, como se ha enfrentado en legislaciones de otros países.
Muchos casos de consumidores que han adquirido un bien o servicio con el objetivo de utilizarlo en alguna actividad lucrativa, por menor que esta sea, no pueden valerse de la ley del consumidor para defender y proteger derechos elementales que pudiesen verse lesionados en la adquisición y uso de bienes y servicios.
Tal es el caso del vehículo adquirido para emplearlo en el transporte público, el del refrigerador para mantener productos perecibles en un almacén; el del computador instalado en un servicio de internet; la máquina de coser para un taller de corte y confección de ropa y un largo etcétera.
Todos casos de microempresas orientadas generalmente al sustento de una o dos familias. Por tanto, el hecho inequívoco es que la presente ley pretende regular relaciones entre una parte denominada proveedor y otra, consumidor o usuario final de bienes o servicios.
Dicha Ley establece que consumidores y usuarios son "las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios.”
Ahora bien, un problema recurrente al momento de enfrentar un caso de consumo es determinar la calidad de consumidor o usuario del reclamante, dado que la ley explicita la necesidad que para que se tenga tal categoría se requieren, a lo menos dos circunstancias: una, que el bien o servicio sea adquirido para ser utilizado o consumido en forma particular, privada, doméstica y/o familiar, como se quiera. En ningún caso como un elemento, instrumento, herramienta, medio o similar para desarrollar una actividad comercial, industrial, profesional y lucrativa.
La otra circunstancia es que se haya pagado “precio o tarifa”.
El argumento de los proveedores, implícito en la redacción de la ley, es que no se puede otorgar, por ejemplo, una garantía de buen funcionamiento a un refrigerador que va ser sometido a un uso intensivo en un almacén de barrio, muy superior al uso doméstico que le aplicaríauna familia tipo.
Si bien este argumento es atendible, la actual legislación deja en la absoluta indefensión a estos consumidores pues la garantía legal que otorga la Ley del Consumidor, de tres meses, y cualquier otra de duración mayor quedan reducidas a cero, de comprobarse el uso no doméstico del bien o servicio.
El problema es que se puede dejar sin garantía un producto con fallas de fábrica evidentes cuando ni siquiera se le ha comenzado a dar un uso intensivo.
Luego de que no se ha encontrado solución con el proveedor o las instancias reguladoras de cada caso, como las superintendencias. El consumidor se ve obligado a presentar una acción judicial ordinaria por incumplimiento de contrato o mala calidad del servicio demandando civilmente por las pérdidas económicas. Lo que implica una mayor inversión de tiempo y dinero, que en la mayoría de los casos es superior al valor del beneficio que se obtendría al solucionar el caso.
Estos casos tendrían una fácil solución por la vía de establecer excepciones o garantías limitadas atendiendo al uso de que se le va a dar al producto, como se ha enfrentado en legislaciones de otros países.
Temporeras, esclavas del siglo XXI
Nuestros conciudadanos tienen muy poca conciencia de todo lo que pasa antes de gozar de los beneficios de un producto o servicio.
Buena parte de nuestro crecimiento económico se debe a lo que se conoce como dumping social. Este fenómeno, en palabras sencillas, ocurre cuando las empresas e industrias rebajan sus costos a través del incumplimiento de normas laborales y el atropello de derechos humanos fundamentales.
El siguiente artículo, de la periodista Patricia Bravo, sobre una actividad económica muy importante en el país es un ejemplo de dumping social que todos los consumidores debemos rechazar. ¿Cómo? No prefiriendo los productos y los servicios de las empresas involucradas. Este es un camino que ya otros países han andado mucho más con buenos resultados.
Temporeras, esclavas del siglo XXI
Buena parte de nuestro crecimiento económico se debe a lo que se conoce como dumping social. Este fenómeno, en palabras sencillas, ocurre cuando las empresas e industrias rebajan sus costos a través del incumplimiento de normas laborales y el atropello de derechos humanos fundamentales.
El siguiente artículo, de la periodista Patricia Bravo, sobre una actividad económica muy importante en el país es un ejemplo de dumping social que todos los consumidores debemos rechazar. ¿Cómo? No prefiriendo los productos y los servicios de las empresas involucradas. Este es un camino que ya otros países han andado mucho más con buenos resultados.
Temporeras, esclavas del siglo XXI
Trabajar encadenada
Punto Final - Edición 585 - Desde el 21 de enero al 3 de marzo de 2005
Sólo cuando las despidieron sin pagarles su sueldo y se fueron agotando los medios para conseguir que el empleador cumpliera este compromiso, las trabajadoras temporeras del packing Santa Ana Export, de Requínoa (VI Región), se atrevieron a contar la forma en que habían sido tratadas.
Laboraban de 12 a 14 horas diarias, seleccionando ciruelas, de pie y encadenadas a la mesa de trabajo, para que no fueran al baño. Tal cual. Con dos cadenas, una circundando la cintura y otra, en las piernas.
“De Rancagua eran 50, 30 de Graneros y 20 de Requínoa. La mayoría mujeres y todas trabajaban en las mismas condiciones. Además, contaron que lo más terrible era un jefe acosador sexual con todas las mujeres, sin importarle la edad que tuvieran”, denuncia Juana Carvajal, dirigenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins, de Rancagua. Habían llegado al packing en abril del año pasado y soportaron en silencio este trato humillante por no perder la posibilidad de un salario que nunca llegó. Sólo les dieron un anticipo. La mayor parte de ellas fue “enganchada” por contratistas y, como sucede en la mayoría de estos casos, nunca tuvieron contrato. Eso facilitó el despido sin pagarles un peso.
Juana Carvajal, recibió el testimonio de las temporeras cuando acudieron a la Federación para pedir asesoría ante la Inspección del Trabajo. “Hubo varios comparendos, pero el contratista jamás reconoció que hubo una relación laboral, menos el representante de la empresa (Leo Romeu). Entonces, el caso quedó botado, porque había que poner una demanda y no teníamos abogado ni plata. Recurrimos a las autoridades para ver si podían presionar a la empresa para que cancelara los sueldos. Fue ahí cuando ellas empezaron a contar cómo trabajaban. Mucha gente se espantó. Tuvimos una entrevista con el seremi del Trabajo, Rodrigo Vergara, y no lo podía creer”, relata la dirigenta. Sin embargo, cuando le pidieron ayuda para conseguir un abogado, éste las envió a la Corporación de Asistencia Judicial. “Hemos tenido pésimas experiencias en la Corporación, así que le dijimos al seremi que si no se solucionaba luego el problema de estas trabajadoras, a la prensa”, recuerda Juana Carvajal. Pero como no pasó nada, dieron una entrevista a El Rancagüino en el mes de octubre.
El diario estaba preparando un reportaje sobre los temporeros y la supuesta mejoría de su situación, con los nuevos tratados de libre comercio. “Ahí quedó la escoba -dice la dirigenta sindical-. A mí me llamó Luis Sepúlveda, director regional del Trabajo, y me dijo que ‘las dirigentas polémicas duran poco en sus cargos...’, que no debería haber llevado a las mujeres a la prensa, porque eso no era real, que no podía ser que las temporeras hayan estado trabajando encadenadas. Le expliqué que simplemente dijimos lo que ellas mismas relataron.
Han pasado cuatro intendentes y ninguno nos ha querido recibir como organización campesina. Tampoco el intendente actual, Carlos Bravo. Lo único que hizo la Dirección del Trabajo fue fiscalizar a la empresa Santa Ana. Y resulta que entre 2003 y 2004 le habían aplicado como diez multas, por lo cual ya deberían haberla cerrado. Había mucha gente a la que no le habían cancelado los sueldos, pero recién la clausuraron ahora, debido a esta denuncia. Lo lamentable es que esto salió a luz porque no se le habían pagado los sueldos a las trabajadoras, no por un tema de dignidad humana”.
Después de la denuncia en la prensa, a las ex temporeras de Santa Ana Export les llegaron anónimos con amenazas, que se supo provenían de los contratistas. “Ellas no quisieron seguir dando entrevistas, porque dijeron que se estaban arriesgando a tener más problemas, no les darían trabajo y tampoco conseguirían que les pagaran los sueldos adeudados”, añade Juana Carvajal.
CAJERAS CON PAÑALES
La dirigenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins relató este impactante caso en una acción-denuncia sobre las condiciones laborales de las temporeras que se realizó en la Plaza de Armas de Rancagua, el 14 de diciembre, con participación de diversas organizaciones de la zona, Santiago y Melipilla. En esta oportunidad, dirigentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) de la VI Región, dijeron que también han recibido denuncias que parecen provenientes de una historia de ciencia ficción. “Cajeras de supermercados dicen que las hacen trabajar con pañales... para que no pierdan tiempo en ir al baño-señaló Alejandro Pujá-. Pero no hay gente que se atreva a dar testimonio, porque tienen miedo de perder su trabajo”.
El trato indigno; la inexistencia de contratos laborales; los salarios cada vez más reducidos, debido a la mediación de contratistas que se quedan con la mitad del salario; jornadas extenuantes; falta de higiene, de baños y agua potable en los lugares de trabajo, y el riesgo de sufrir graves enfermedades debido al contacto o exposición obligada a plaguicidas durante la jornada laboral, fueron parte de las denuncias efectuadas por las dos organizaciones citadas y por dirigentes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL), del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), el sindicato Martralipo, de Pomaire, y “Rodrigo ayuda”, organización de la comuna de Melipilla que agrupa a familiares de niños nacidos con malformaciones a causa de la exposición de sus padres a agrotóxicos mientras trabajan en faenas agrícolas. La acción-denuncia tuvo como eje una muestra de réplicas de fetos malformados del artista Juan Verdejo, expuesta al público en la plaza central de Rancagua.
Tanto el incumplimiento de las escuálidas leyes laborales como la inoperancia de las autoridades y la falta de fiscalización de las entidades del Estado, que afectan en forma especial a los temporeros agrícolas, serán denunciados por estas agrupaciones ciudadanas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades de consumidores de Europa y Estados Unidos, para que sepan a qué costo se producen las frutas chilenas que se exportan a sus países.
Las mujeres y los niños son los que se llevan la peor parte. En la temporada de cosecha, que coincide con las vacaciones escolares, menores de hasta siete años trabajan junto a sus padres y otros familiares en las mismas condiciones que los adultos. Un estudio efectuado en la VI Región por la doctora Angélica Moreno y otras especialistas en salud constató que el setenta por ciento de los niños de entre 7 y 16 años de los colegios de Coínco se integran al trabajo de temporada durante el verano. “Nos hemos reunido muchas veces con las autoridades por el tema del trabajo infantil, que está penalizado por la ley, pero no se toman las medidas que corresponden -dice Juana Carvajal-. La verdadera solución es que les mejoren los sueldos a los papás para que los niños no tengan necesidad de trabajar para ayudar en sus casas o juntar plata para comprar sus útiles escolares”. Si todo esto ocurre sin que se oficialice la “flexibilización” laboral pretendida por los empresarios y sectores de la derecha y de la Concertación, ¿qué sucederá después?
Sólo cuando las despidieron sin pagarles su sueldo y se fueron agotando los medios para conseguir que el empleador cumpliera este compromiso, las trabajadoras temporeras del packing Santa Ana Export, de Requínoa (VI Región), se atrevieron a contar la forma en que habían sido tratadas.
Laboraban de 12 a 14 horas diarias, seleccionando ciruelas, de pie y encadenadas a la mesa de trabajo, para que no fueran al baño. Tal cual. Con dos cadenas, una circundando la cintura y otra, en las piernas.
“De Rancagua eran 50, 30 de Graneros y 20 de Requínoa. La mayoría mujeres y todas trabajaban en las mismas condiciones. Además, contaron que lo más terrible era un jefe acosador sexual con todas las mujeres, sin importarle la edad que tuvieran”, denuncia Juana Carvajal, dirigenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins, de Rancagua. Habían llegado al packing en abril del año pasado y soportaron en silencio este trato humillante por no perder la posibilidad de un salario que nunca llegó. Sólo les dieron un anticipo. La mayor parte de ellas fue “enganchada” por contratistas y, como sucede en la mayoría de estos casos, nunca tuvieron contrato. Eso facilitó el despido sin pagarles un peso.
Juana Carvajal, recibió el testimonio de las temporeras cuando acudieron a la Federación para pedir asesoría ante la Inspección del Trabajo. “Hubo varios comparendos, pero el contratista jamás reconoció que hubo una relación laboral, menos el representante de la empresa (Leo Romeu). Entonces, el caso quedó botado, porque había que poner una demanda y no teníamos abogado ni plata. Recurrimos a las autoridades para ver si podían presionar a la empresa para que cancelara los sueldos. Fue ahí cuando ellas empezaron a contar cómo trabajaban. Mucha gente se espantó. Tuvimos una entrevista con el seremi del Trabajo, Rodrigo Vergara, y no lo podía creer”, relata la dirigenta. Sin embargo, cuando le pidieron ayuda para conseguir un abogado, éste las envió a la Corporación de Asistencia Judicial. “Hemos tenido pésimas experiencias en la Corporación, así que le dijimos al seremi que si no se solucionaba luego el problema de estas trabajadoras, a la prensa”, recuerda Juana Carvajal. Pero como no pasó nada, dieron una entrevista a El Rancagüino en el mes de octubre.
El diario estaba preparando un reportaje sobre los temporeros y la supuesta mejoría de su situación, con los nuevos tratados de libre comercio. “Ahí quedó la escoba -dice la dirigenta sindical-. A mí me llamó Luis Sepúlveda, director regional del Trabajo, y me dijo que ‘las dirigentas polémicas duran poco en sus cargos...’, que no debería haber llevado a las mujeres a la prensa, porque eso no era real, que no podía ser que las temporeras hayan estado trabajando encadenadas. Le expliqué que simplemente dijimos lo que ellas mismas relataron.
Han pasado cuatro intendentes y ninguno nos ha querido recibir como organización campesina. Tampoco el intendente actual, Carlos Bravo. Lo único que hizo la Dirección del Trabajo fue fiscalizar a la empresa Santa Ana. Y resulta que entre 2003 y 2004 le habían aplicado como diez multas, por lo cual ya deberían haberla cerrado. Había mucha gente a la que no le habían cancelado los sueldos, pero recién la clausuraron ahora, debido a esta denuncia. Lo lamentable es que esto salió a luz porque no se le habían pagado los sueldos a las trabajadoras, no por un tema de dignidad humana”.
Después de la denuncia en la prensa, a las ex temporeras de Santa Ana Export les llegaron anónimos con amenazas, que se supo provenían de los contratistas. “Ellas no quisieron seguir dando entrevistas, porque dijeron que se estaban arriesgando a tener más problemas, no les darían trabajo y tampoco conseguirían que les pagaran los sueldos adeudados”, añade Juana Carvajal.
CAJERAS CON PAÑALES
La dirigenta de la Federación Campesina Bernardo O’Higgins relató este impactante caso en una acción-denuncia sobre las condiciones laborales de las temporeras que se realizó en la Plaza de Armas de Rancagua, el 14 de diciembre, con participación de diversas organizaciones de la zona, Santiago y Melipilla. En esta oportunidad, dirigentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) de la VI Región, dijeron que también han recibido denuncias que parecen provenientes de una historia de ciencia ficción. “Cajeras de supermercados dicen que las hacen trabajar con pañales... para que no pierdan tiempo en ir al baño-señaló Alejandro Pujá-. Pero no hay gente que se atreva a dar testimonio, porque tienen miedo de perder su trabajo”.
El trato indigno; la inexistencia de contratos laborales; los salarios cada vez más reducidos, debido a la mediación de contratistas que se quedan con la mitad del salario; jornadas extenuantes; falta de higiene, de baños y agua potable en los lugares de trabajo, y el riesgo de sufrir graves enfermedades debido al contacto o exposición obligada a plaguicidas durante la jornada laboral, fueron parte de las denuncias efectuadas por las dos organizaciones citadas y por dirigentes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL), del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), el sindicato Martralipo, de Pomaire, y “Rodrigo ayuda”, organización de la comuna de Melipilla que agrupa a familiares de niños nacidos con malformaciones a causa de la exposición de sus padres a agrotóxicos mientras trabajan en faenas agrícolas. La acción-denuncia tuvo como eje una muestra de réplicas de fetos malformados del artista Juan Verdejo, expuesta al público en la plaza central de Rancagua.
Tanto el incumplimiento de las escuálidas leyes laborales como la inoperancia de las autoridades y la falta de fiscalización de las entidades del Estado, que afectan en forma especial a los temporeros agrícolas, serán denunciados por estas agrupaciones ciudadanas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades de consumidores de Europa y Estados Unidos, para que sepan a qué costo se producen las frutas chilenas que se exportan a sus países.
Las mujeres y los niños son los que se llevan la peor parte. En la temporada de cosecha, que coincide con las vacaciones escolares, menores de hasta siete años trabajan junto a sus padres y otros familiares en las mismas condiciones que los adultos. Un estudio efectuado en la VI Región por la doctora Angélica Moreno y otras especialistas en salud constató que el setenta por ciento de los niños de entre 7 y 16 años de los colegios de Coínco se integran al trabajo de temporada durante el verano. “Nos hemos reunido muchas veces con las autoridades por el tema del trabajo infantil, que está penalizado por la ley, pero no se toman las medidas que corresponden -dice Juana Carvajal-. La verdadera solución es que les mejoren los sueldos a los papás para que los niños no tengan necesidad de trabajar para ayudar en sus casas o juntar plata para comprar sus útiles escolares”. Si todo esto ocurre sin que se oficialice la “flexibilización” laboral pretendida por los empresarios y sectores de la derecha y de la Concertación, ¿qué sucederá después?
jueves, 21 de julio de 2005
¿Cómo averiguar sus deudas personales?
Aunque parezca extraño, por muchas razones las personas pierden el control respecto de sus deudas personales.
Y averiguarlas no siempre es tan fácil como debiera. Los acreedores desaparecen por término de giro y más comunmente por quiebra y hay casos donde algunos aprovechan el acercamiento de los deudores para hacer cobros abusivos, haciéndolos firmas nuevos contratos o pagarés que renuevan la deuda en condiciones inconvenientes. Incluso muchas de esas deudas se encuentran prescritas antes de que el deudor intentara regularizar su situación.
Por ello, para conocer si tiene deudas, lo primero que debe hacer es evaluar cuidadosamente la posibilidad de averiguarlo acercándose a aquellos con los que alguna vez tuvo alguna relación crediticia.
No obstante lo anterior, en materia de registro de morosidades, puede conseguir información oficial en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, www.boletincomercial.cl, o en cualquiera de sus sucursales en el país; y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, www.sbif.cl.
Tanto en el Boletín de la Cámara como en otras bases de datos privadas le asiste el derecho, establecido por la Ley Nº 19.628, Título II, De los derechos de los titulares de datos, de conocer en pantalla el registro de morosidad.
"Artículo 12: Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen.
Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.
Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.
En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente.
Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho.
El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá ejercerse personalmente. Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos.
Artículo 13: El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.
Artículo 14: Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos."
Se recomienda ejercer el derecho de acceso a la información en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio. Las otras empresas proveedoras de información comercial como DICOM, suelen incluir otras anotaciones que no tienen valor legal.
Y averiguarlas no siempre es tan fácil como debiera. Los acreedores desaparecen por término de giro y más comunmente por quiebra y hay casos donde algunos aprovechan el acercamiento de los deudores para hacer cobros abusivos, haciéndolos firmas nuevos contratos o pagarés que renuevan la deuda en condiciones inconvenientes. Incluso muchas de esas deudas se encuentran prescritas antes de que el deudor intentara regularizar su situación.
Por ello, para conocer si tiene deudas, lo primero que debe hacer es evaluar cuidadosamente la posibilidad de averiguarlo acercándose a aquellos con los que alguna vez tuvo alguna relación crediticia.
No obstante lo anterior, en materia de registro de morosidades, puede conseguir información oficial en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, www.boletincomercial.cl, o en cualquiera de sus sucursales en el país; y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, www.sbif.cl.
Tanto en el Boletín de la Cámara como en otras bases de datos privadas le asiste el derecho, establecido por la Ley Nº 19.628, Título II, De los derechos de los titulares de datos, de conocer en pantalla el registro de morosidad.
"Artículo 12: Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen.
Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.
Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.
En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente.
Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho.
El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá ejercerse personalmente. Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos.
Artículo 13: El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.
Artículo 14: Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos."
Se recomienda ejercer el derecho de acceso a la información en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio. Las otras empresas proveedoras de información comercial como DICOM, suelen incluir otras anotaciones que no tienen valor legal.
miércoles, 20 de julio de 2005
Transgénicos y consumidores
La venta indiscriminada de productos transgénicos demuesta que Chile es un país donde las leyes no se cumplen.
La excusa permanente de las autoridades ha sido que no existe una regla que norme la producción, distribución, etiquetado y venta de productos con componentes transgénicos en el país.
Si bien es cierto que no existe una norma especial al respecto, si existe a lo menos una que correctamente aplicada, permitiría sino la prohibición de la venta, una mayor transparencia del mercado, que permita conocer cuáles productos contienen transgénicos.
Hablo de la ley 19.496, que en su Título II, Disposiciones generales, Párrafo 1º, Los derechos y deberes del consumidor, artículo 3º, establece:
"Son derechos y deberes básicos del consumidor:
b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos"
Ahora bien, en el caso de la venta de productos con componentes transgénicos se infringe flagrantemente la norma pues no se informa veraz ni oportunamente la naturaleza de los componentes del producto. En Chile, los consumidores no saben lo que comen ni beben.
Esta circunstancia impide además el correcto ejercicio de otro derecho establecido en el mismo cuerpo legal, en la anterior letra a):
"a) La libre elección del bien o servicio."
Sin perjuicio de todo lo anterior, en la letra d, del mismo artículo se agrega el derecho a:
"La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles".
Naturalmente, no se pueden evitar riesgos que no se conocen. En definitiva para elegir y protegerse, lo primero es saber.
Con las reformas introducidas hace un año en la ley del consumidor, que facilitan la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, resulta a lo menos extraño que ninguna organización de consumidores y menos el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, se haya atrevido a presentar requerimiento alguno a las empresas, muchas de ellas multinacionales de los alimentos que utilizan componentes transgénicos en sus productos.
Muchas de estas empresas, en sus países de orígen, especialmente en Europa, han declarado no usar transgénicos en los ingredientes y fórmulas de sus productos ante el rechazo de los consumidores concientes de los riesgos.
En esos países el principio de precaución se encuentra más arraigado y las autoridades lo consideran en sus resoluciones administrativas y judiciales, ordenando muchas veces que se tomen medidas que disminuyan o eliminen cualquier riesgo eventual hoy desconocido, pero que talvez se haga evidente con el transcurso de los años.
En Chile, probablemente, un recurso de protección en resguardo de la salud de los chilenos sea rechazado de plano, como ha ocurrido en otras situaciones. Pesan más los intereses de las empresas y la inconciencia de las autoridades, incluidas las judiciales.
Un precedente en tal sentido lo constituyó una presentación que pretendía impedir el ingreso de vacas inglesas presumiblemente infectadas por la encefalopatía espongiforme bovina, más conocida como el "mal de las vacas locas". La corte estimó que no había mérito suficiente en la solicitud, rechazándola sin más trámite. Hoy algunos antecedentes indican que la versión humana de la enfermedad, el sindrome de Creutzfeld-Jakob, avanza silenciosamente en la comunidad, teniendo Chile el doble de incidencia de la enfermedad que el resto del mundo.
¿Qué nos depara el futuro con los alimentos transgénicos? Sin investigaciones serias ni medidas precautorias efectivas, sólo espero que las futuras generaciones tengan la suficiente comprensión para aceptar los efectos de nuestros errores y nuestras omisiones.
Cómo aclarar registro de morosidad
Se acaban los dias de abuso de la Cámara de Comercio de Santiago y las empresas privadas de regitro comercial como DICOM.
Con una contundente presentación al Tribunal de la Libre Competencia, el 18 de mayo del 2005, el fiscal económico Pedro Mattar, solicitó una millonaria multa en contra de la Cámara de Comercio de Santiago, CCS, propietaria y administradora del Boletín Comercial.
La Fiscalía Nacional Económica calificó de abusiva, arbitraria, ilegal y oportunista a la Cámara de Comercio de Santiago.
La multa solicitada de UF 2.500 pretende castigar a la Cámara por abuso de posición monopólica al cobrar por las aclaraciones cuando la ley 19.628, en su Título II, De los derechos de los titulares de datos, artículo 12, dice:
"Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen.
Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.
Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.
En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente. Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá ejercerse personalmente.
Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos.
Artículo 13: El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.
Artículo 14: Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos."
Por tanto, el cobro de las aclaraciones resulta absolutamente improcedente, permitiendo además la norma citada el ejercicio del derecho a conocer sus propios datos en pantalla y hasta obtener copia gratuita del registro modificado.
Asimismo, el fiscal Mattar solicitó al Tribunal de la Libre Competencia que obligue a la CCS a no cobrar en el futuro por todo tipo de aclaraciones.
Según las cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, en 2003 recaudó más de $ 3.000 millones en aclaraciones y más de $ 600 millones por distribuir el Boletín Comercial.
Mientras se sanciona definitivamente este conflicto que afecta a miles sino millones de chilenos, las recomendaciones van por solicitar a que el mismo acreedor que lo envió a los registros sea el que lo saque de ahí, sobre todo si consideramos que tienen contratos que establecen una línea directa de comunicación entre el proveedor de bienes y servicios y la empresa de manejo de datos comerciales.
De hecho, hay casas comerciales y bancos que informan de la nueva situación de no deudor de sus clientes, sin que se les efectúe requerimiento alguno al respecto. Por otra parte, la costumbre comercial que nosotros no compartimos ha sido que, tras el pago sea el cliente el que deba acudir a una de estas empresas de bases de datos a aclarar sus anotaciones, debiendo pagar distintas tarifas de acuerdo a la naturaleza del trámite.
Por tanto, desde hace mucho tiempo que recomendamos a los consumidores que exijan la actualización gratuita de sus datos por el solo imperio de la ley, previa acreditación del pago con la exhibición de los recibos, boletas o facturas que así lo demuestren, ante los administradores de estas bases de datos o directamente ante el acreedor que lo envió allí.
El precedente que fije la resolución del Tribunal de la Libre Competencia, indudablemente afectará el actuar de empresas privadas de bases de datos comerciales como DICOM-EQUIFAX.
Por tanto, como puede ver, usted tiene las alternativas de hacer caso a las incorrectas prácticas comerciales de estas empresas que hoy están en tela de juicio o ejercer debidamente sus derechos consagrados en la ley 19.628 exigiendo su eliminación de los registros de morosidad basándose en que la información publicada no es verdadera, exacta, fidedigna o está caduca, como lo señala la ley.
Finalmente, debo informarle que la ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal establece un plazo de 5 años desde la comunicación al registro para que éste sea eliminado si es que no se pagó antes. Obviamente, esto no extingue la deuda a menos que se apliquen otras normas como las de prescripción.
Puede obtener una asesoría directa a través del Departamento Legal de ODECU Chile, Paseo Bulnes 107, Of. 43, Santiago Centro. Fonos fax 671 43 34 – 671 46 78.
Con una contundente presentación al Tribunal de la Libre Competencia, el 18 de mayo del 2005, el fiscal económico Pedro Mattar, solicitó una millonaria multa en contra de la Cámara de Comercio de Santiago, CCS, propietaria y administradora del Boletín Comercial.
La Fiscalía Nacional Económica calificó de abusiva, arbitraria, ilegal y oportunista a la Cámara de Comercio de Santiago.
La multa solicitada de UF 2.500 pretende castigar a la Cámara por abuso de posición monopólica al cobrar por las aclaraciones cuando la ley 19.628, en su Título II, De los derechos de los titulares de datos, artículo 12, dice:
"Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen.
Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.
Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.
En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente. Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá ejercerse personalmente.
Si los datos personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no fuese posible determinar las personas a quienes se les hayan comunicado, pondrá un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información del banco de datos.
Artículo 13: El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales no puede ser limitado por medio de ningún acto o convención.
Artículo 14: Si los datos personales están en un banco de datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos."
Por tanto, el cobro de las aclaraciones resulta absolutamente improcedente, permitiendo además la norma citada el ejercicio del derecho a conocer sus propios datos en pantalla y hasta obtener copia gratuita del registro modificado.
Asimismo, el fiscal Mattar solicitó al Tribunal de la Libre Competencia que obligue a la CCS a no cobrar en el futuro por todo tipo de aclaraciones.
Según las cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, en 2003 recaudó más de $ 3.000 millones en aclaraciones y más de $ 600 millones por distribuir el Boletín Comercial.
Mientras se sanciona definitivamente este conflicto que afecta a miles sino millones de chilenos, las recomendaciones van por solicitar a que el mismo acreedor que lo envió a los registros sea el que lo saque de ahí, sobre todo si consideramos que tienen contratos que establecen una línea directa de comunicación entre el proveedor de bienes y servicios y la empresa de manejo de datos comerciales.
De hecho, hay casas comerciales y bancos que informan de la nueva situación de no deudor de sus clientes, sin que se les efectúe requerimiento alguno al respecto. Por otra parte, la costumbre comercial que nosotros no compartimos ha sido que, tras el pago sea el cliente el que deba acudir a una de estas empresas de bases de datos a aclarar sus anotaciones, debiendo pagar distintas tarifas de acuerdo a la naturaleza del trámite.
Por tanto, desde hace mucho tiempo que recomendamos a los consumidores que exijan la actualización gratuita de sus datos por el solo imperio de la ley, previa acreditación del pago con la exhibición de los recibos, boletas o facturas que así lo demuestren, ante los administradores de estas bases de datos o directamente ante el acreedor que lo envió allí.
El precedente que fije la resolución del Tribunal de la Libre Competencia, indudablemente afectará el actuar de empresas privadas de bases de datos comerciales como DICOM-EQUIFAX.
Por tanto, como puede ver, usted tiene las alternativas de hacer caso a las incorrectas prácticas comerciales de estas empresas que hoy están en tela de juicio o ejercer debidamente sus derechos consagrados en la ley 19.628 exigiendo su eliminación de los registros de morosidad basándose en que la información publicada no es verdadera, exacta, fidedigna o está caduca, como lo señala la ley.
Finalmente, debo informarle que la ley sobre Protección de Datos de Carácter Personal establece un plazo de 5 años desde la comunicación al registro para que éste sea eliminado si es que no se pagó antes. Obviamente, esto no extingue la deuda a menos que se apliquen otras normas como las de prescripción.
Puede obtener una asesoría directa a través del Departamento Legal de ODECU Chile, Paseo Bulnes 107, Of. 43, Santiago Centro. Fonos fax 671 43 34 – 671 46 78.
martes, 19 de julio de 2005
Prohibida la letra chica en Chile
A partir del 14 de julio del 2005 quedó definitivamente prohibido el uso de letra chica en todos los contratos de adhesión.
La medida se aplica al ponerse en vigencia un artículo transitorio de la Ley 19.496, del Consumidor que en su artículo 17 establece:
“Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con estos requisitos no producirán efecto alguno respecto del consumidor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos impresos en formularios prevalecerán las cláusulas que se agreguen por sobre las del formulario cuando sean incompatibles entre sí.
No obstante lo previsto en el inciso primero, tendrán validez los contratos redactados en idioma distinto del castellano cuando el consumidor lo acepte expresamente, mediante su firma en un documento escrito en idioma castellano anexo al contrato, y quede en su poder un ejemplar del contrato en castellano, al que se estará, en caso de dudas, para todos los efectos legales.
Tan pronto el consumidor firme el contrato, el proveedor deberá entregarle un ejemplar íntegro suscrito por todas las partes. Si no fuese posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, entregará de inmediato una copia al consumidor con la constancia de ser fiel al original suscrito por éste.
La copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado, para todos los efectos legales.”
No obstante lo establecido en la norma el tamaño mínimo establecido por la Ley del Consumidor en 2,5 milímetros para la letra en los contratos de adhesión es un avance valorado pero insuficiente si persisten en los ciudadanos prácticas que los hacen vulnerables a las trampas del sistema. Los consumidores seguirán teniendo graves problemas mientras no se acostumbren a leer y entender el correcto alcance de los contenidos de sus contratos, antes de firmarlos.
Recomendaciones básicas antes de suscribir un contrato de adhesión:
1. Lea el contrato detenidamente. Pida una copia y solicite asesoría en el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC o una organización como Consumidores de Chile, ODECU.
2. Asegúrese de entender el significado exacto de los términos legales que suelen ser confusos.
3. Si encuentra que una disposición del contrato lesiona sus intereses tiene la opción de rechazarla o modificarla. Para ello la ley establece la posibilidad de tachar las cláusulas inconvenientes y agregar otras en su reemplazo. Y aunque no se tachen, las cláusulas inconvenientes no prevalecerán si se oponen a las que se agreguen en forma manuscrita.
4. Entre las cláusulas que hay que evitar aceptar se encuentra la de aceleración, que permite cobrar el total de un crédito en forma inmediata, como si fuera vencido, en caso de simple atraso en el pago de una o más cuotas. Lo menos que debiera hacer es aumentar la cantidad de cuotas morosas que permitan el uso de la aceleración al acreedor.
5. Otra cláusula ilegal es aquella que impone la intermediación de un árbitro en caso de conflictos contractuales, cuando no se le indica al cliente que puede impugnar la participación del mismo, sin expresión de causa, subsistiendo su derecho de acudir a los tribunales de justicia en resguardo de sus intereses.
6. También son ilegales, aunque se hayan aceptado, aquellas disposiciones que limiten el ejercicio de sus derechos o lo hagan renunciar expresamente a ellos.
Si requiere una asesoría específica, puede consultar y/o solicitar una atención presencial llamando a los fonos 671 43 34 y 671 46 78, Departamento Legal ODECU Chile, Paseo Bulnes 107, Of. 43, Santiago Centro.
La medida se aplica al ponerse en vigencia un artículo transitorio de la Ley 19.496, del Consumidor que en su artículo 17 establece:
“Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con estos requisitos no producirán efecto alguno respecto del consumidor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos impresos en formularios prevalecerán las cláusulas que se agreguen por sobre las del formulario cuando sean incompatibles entre sí.
No obstante lo previsto en el inciso primero, tendrán validez los contratos redactados en idioma distinto del castellano cuando el consumidor lo acepte expresamente, mediante su firma en un documento escrito en idioma castellano anexo al contrato, y quede en su poder un ejemplar del contrato en castellano, al que se estará, en caso de dudas, para todos los efectos legales.
Tan pronto el consumidor firme el contrato, el proveedor deberá entregarle un ejemplar íntegro suscrito por todas las partes. Si no fuese posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, entregará de inmediato una copia al consumidor con la constancia de ser fiel al original suscrito por éste.
La copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado, para todos los efectos legales.”
No obstante lo establecido en la norma el tamaño mínimo establecido por la Ley del Consumidor en 2,5 milímetros para la letra en los contratos de adhesión es un avance valorado pero insuficiente si persisten en los ciudadanos prácticas que los hacen vulnerables a las trampas del sistema. Los consumidores seguirán teniendo graves problemas mientras no se acostumbren a leer y entender el correcto alcance de los contenidos de sus contratos, antes de firmarlos.
Recomendaciones básicas antes de suscribir un contrato de adhesión:
1. Lea el contrato detenidamente. Pida una copia y solicite asesoría en el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC o una organización como Consumidores de Chile, ODECU.
2. Asegúrese de entender el significado exacto de los términos legales que suelen ser confusos.
3. Si encuentra que una disposición del contrato lesiona sus intereses tiene la opción de rechazarla o modificarla. Para ello la ley establece la posibilidad de tachar las cláusulas inconvenientes y agregar otras en su reemplazo. Y aunque no se tachen, las cláusulas inconvenientes no prevalecerán si se oponen a las que se agreguen en forma manuscrita.
4. Entre las cláusulas que hay que evitar aceptar se encuentra la de aceleración, que permite cobrar el total de un crédito en forma inmediata, como si fuera vencido, en caso de simple atraso en el pago de una o más cuotas. Lo menos que debiera hacer es aumentar la cantidad de cuotas morosas que permitan el uso de la aceleración al acreedor.
5. Otra cláusula ilegal es aquella que impone la intermediación de un árbitro en caso de conflictos contractuales, cuando no se le indica al cliente que puede impugnar la participación del mismo, sin expresión de causa, subsistiendo su derecho de acudir a los tribunales de justicia en resguardo de sus intereses.
6. También son ilegales, aunque se hayan aceptado, aquellas disposiciones que limiten el ejercicio de sus derechos o lo hagan renunciar expresamente a ellos.
Si requiere una asesoría específica, puede consultar y/o solicitar una atención presencial llamando a los fonos 671 43 34 y 671 46 78, Departamento Legal ODECU Chile, Paseo Bulnes 107, Of. 43, Santiago Centro.
jueves, 14 de julio de 2005
Cálculo de intereses y gastos de cobranza
Una duda permanente entre los consumidores y en especial, los deudores chilenos se halla en los cobros adicionales de obligaciones atrasadas.
La pregunta frecuente es si son justos los intereses u otros cargos aplicados.
Para responder esta pregunta preste atención a la fórmula de cálculo de estos cobros.
En el caso de los gastos de cobranza, existe una tabla que debió darle a conocer su acreedor al momento de otorgarle el crédito, la que se encuentra en la Ley del Consumidor, Art. 37°, letra f), inciso dos:
"No podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según el caso, y conforme a la siguiente escala progresiva:
en obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 9%;
por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 6%,
y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 3%.
Los porcentajes indicados se aplicarán una vez transcurridos los primeros quince días de atraso."
Por tanto, a cualquier cuota o monto corresponde aplicarle un máximo de hasta un 9 % de gasto de cobranza, por una sola vez independientemente del periodo de la morosidad. Es decir, este cobro no es mensual, ni proporcional a un mes o periodo determinado. En el caso de una demanda judicial, esos valores no pueden encontrarse incorporados debiendo ser eliminados del capital cobrado, pues en esa instancia los honorarios y las costas las determina el juez. Lo único que sigue vigente es el cobro de intereses.
En relación a los intereses, estos se cobran por cada día de atraso desde el del vencimiento y la tasa aplicada es la de interés corriente aumentada en hasta un 50 %. La tasa de interés se encuentra informada en las pizarras de bancos, financieras y casas comerciales siendo la fuente oficial la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, www.sbif.cl.
Como esta cifra puede variar todos los días habría que considerar en estos días una de alrededor a un 4 % mensual, atendido al alza que recientemente aplicó el Banco Central.
Una forma sencilla para determinar el interés es dividir el interés mensual determinado por la cantidad de días de morosidad.
Ejemplo: Cuota de $ 20.000 con 25 días de atraso.
El interés moratorio determinado, en este caso del orden del 4 % se divide por 30 = 0.133 %, que es el interés diario. Esta cifra se multiplica por 25 = 3.33 % de interés del periodo. Tal porcentaje se aplica al monto adeudado, de la siguiente manera: $ 20.000 x 3.33 % = $ 666.
Esta cifra será sólo referencial pues el cliente suele no saber la tasa que le aplicaron. Sin embargo, tal dato debe estar consignado en la boleta de pago.
Antes de repactar debiera revisar las tasas vigentes para comprobar que la que le aplicarán no excede la de interés corriente.
Por otra parte, le recomiendo evaluar el pago de las cuotas atrasadas, una por una, independiente de su morosidad lo que eventualmente le puede significar pagar menos que en una repactación. Mientras no se encuentre demandado, el acreedor está obligado a recibir las cuotas atrasadas mientras estas contemplen los intereses y el gasto de cobranza en la forma que se ha señalado.
La pregunta frecuente es si son justos los intereses u otros cargos aplicados.
Para responder esta pregunta preste atención a la fórmula de cálculo de estos cobros.
En el caso de los gastos de cobranza, existe una tabla que debió darle a conocer su acreedor al momento de otorgarle el crédito, la que se encuentra en la Ley del Consumidor, Art. 37°, letra f), inciso dos:
"No podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según el caso, y conforme a la siguiente escala progresiva:
en obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 9%;
por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 6%,
y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 3%.
Los porcentajes indicados se aplicarán una vez transcurridos los primeros quince días de atraso."
Por tanto, a cualquier cuota o monto corresponde aplicarle un máximo de hasta un 9 % de gasto de cobranza, por una sola vez independientemente del periodo de la morosidad. Es decir, este cobro no es mensual, ni proporcional a un mes o periodo determinado. En el caso de una demanda judicial, esos valores no pueden encontrarse incorporados debiendo ser eliminados del capital cobrado, pues en esa instancia los honorarios y las costas las determina el juez. Lo único que sigue vigente es el cobro de intereses.
En relación a los intereses, estos se cobran por cada día de atraso desde el del vencimiento y la tasa aplicada es la de interés corriente aumentada en hasta un 50 %. La tasa de interés se encuentra informada en las pizarras de bancos, financieras y casas comerciales siendo la fuente oficial la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, www.sbif.cl.
Como esta cifra puede variar todos los días habría que considerar en estos días una de alrededor a un 4 % mensual, atendido al alza que recientemente aplicó el Banco Central.
Una forma sencilla para determinar el interés es dividir el interés mensual determinado por la cantidad de días de morosidad.
Ejemplo: Cuota de $ 20.000 con 25 días de atraso.
El interés moratorio determinado, en este caso del orden del 4 % se divide por 30 = 0.133 %, que es el interés diario. Esta cifra se multiplica por 25 = 3.33 % de interés del periodo. Tal porcentaje se aplica al monto adeudado, de la siguiente manera: $ 20.000 x 3.33 % = $ 666.
Esta cifra será sólo referencial pues el cliente suele no saber la tasa que le aplicaron. Sin embargo, tal dato debe estar consignado en la boleta de pago.
Antes de repactar debiera revisar las tasas vigentes para comprobar que la que le aplicarán no excede la de interés corriente.
Por otra parte, le recomiendo evaluar el pago de las cuotas atrasadas, una por una, independiente de su morosidad lo que eventualmente le puede significar pagar menos que en una repactación. Mientras no se encuentre demandado, el acreedor está obligado a recibir las cuotas atrasadas mientras estas contemplen los intereses y el gasto de cobranza en la forma que se ha señalado.
miércoles, 13 de julio de 2005
Títulos de dominio: Viviendo en tierra de nadie
Mitos sobre quién es dueño de una propiedad hay muchos. Lo cierto es que sólo quien tenga los títulos de dominio es su legítimo poseedor. Sepa cómo regularizar su situación.
Terrenos abandonados por años son ocupados por extraños a vista y paciencia de todo el mundo sin usar la violencia. Los propietarios reales nunca se enteran hasta que reciben una carta certificada del Ministerio de Bienes Nacionales en la que se les anuncia que se ha solicitado la regularización del título de dominio.
¿Qué hacer frente a esto?
El tema no es menor, ya que algunos esgrimen que el Decreto Ley 2.695 del año 1979, sobre Regularización de la Propiedad Privada, atenta precisamente contra el derecho constitucional a la propiedad privada.
Ante esto, el abogado y profesor de Derecho Urbanístico de la Universidad de los Andes, Juan Eduardo Figueroa, alerta que "pese a los fines sociales que tiene dicha legislación, de ella surge una obligación para los propietarios legítimos de modo que puedan prevenir que terceros reclamen maliciosamente ser dueños de un inmueble. Así, es necesario estar permanentemente preocupado de ejecutar actos de posesión material: tener un cuidador contratado, hacer un cerco, construir, etc.". (El Mercurio)
Título de Dominio
Lo cierto es que la ley permite que una persona se haga legalmente dueña de una propiedad. Veamos. Lo primero es entender qué es un título de dominio.
Este instrumento legal certifica quién es el dueño de un inmueble, y tiene validez si está debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. El abogado Figueroa, recalca que "los contratos de compra-venta no tienen ninguna validez a la hora de acreditar a quién pertenece la propiedad. Si existen bienes inmuebles que van a cambiar de propietario debe quedar constancia en el Conservador ineludiblemente".
Tener el Título de Dominio inscrito por el Conservador le permitirá trabajar e invertir en su inmueble (ya sea una casa o un terreno, rural o urbano), acceder más fácilmente a créditos debido a que podrá hipotecar la propiedad, y también arrendarla o venderla.
En caso de que usted haya extraviado el título, si conoce el número de Rol de la Propiedad podrá solicitar una copia en el Conservador de Bienes Raíces y pedir que le entreguen un certificado de vigencia que acreditará que sigue siendo el dueño. El valor del trámite es de alrededor de $2.500.
El proceso
Sin embargo, pese a la importancia de poseer los documentos debidamente legalizados, no faltan los casos en los que eso no sucede. Para corregir este problema, se promulgó el Decreto Ley 2.695.
En él se establecieron los mecanismos por los que se puede adquirir el dominio de una manera alternativa a los contratos de compraventa, posesión efectiva, cesión de derechos, donaciones y permutas, si es que ninguno de dichos trámites cumple con la formalidad que la ley requiere.
Es así como para quienes se consideran poseedores materiales de un inmueble, es decir, que realicen actos como vivir, trabajar la tierra o hacer mejoras sin que cuenten con ningún papel legal que así lo acredite, existe la opción de solicitar la regularización del título de la propiedad. El trámite es administrativo y la responsabilidad de realizarlo correctamente recae en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Hay muchos requisitos para poder presentar la solicitud de regularización, y si se cumple con todos es probable que sea admitida. El proceso más importante entonces será el del anuncio de que la petición fue aprobada. Así, se le avisará por una sola vez - ojo, por una sola vez- al último propietario registrado en el Conservador mediante una carta certificada. Luego, se exigirá al solicitante que publique en el diario de mayor circulación de su región que dicho inmueble cambiará de dueño. Si se trata de una zona alejada además deberá hacer un aviso radial. Los reclamos podrán presentarse en un plazo de 30 días.
El abogado Figueroa dice que la ley establece que "quienes presenten oposición a la solicitud deberán ser poseedores inscritos, personas que tengan una promesa de compraventa debidamente legalizada ante notario, o que sean herederos legítimos de quien fue el dueño. Entonces, el proceso dejará de ser administrativo y pasará al sistema judicial donde se dirimirá quién tiene los derechos".
Si no existiera ninguna oposición, se procederá a hacer una inscripción con un título traslaticio, que es el antecedente al título de dominio tradicional inscrito en el conservador de Bienes Raíces. Durante un año el solicitante estará en esa situación de poseedor regular y al vencer ese plazo se le declarará dueño por prescripción. De esta forma, la ley da un plazo adicional a los terceros que quisieran hacer reclamos y, además, se asegura de que no haya pretensión de enriquecimiento con la solicitud de regularización porque está prohibido enajenar el bien en ese período. El interés del Ministerio es solucionar un problema social.
Para prevenir
Rol de la propiedad: Ya sea porque nunca supo qué bienes tenía su pariente fallecido o porque perdió su copia del título de dominio, la única pista que lo ayudará será el Rol de la propiedad. Éste aparece en las contribuciones.
Contribuciones: Aunque el pago de las contribuciones no le asegura que se le acredite como dueño, al menos no tendrá problemas con el Servicio de Impuestos Internos. Si se adeuda un monto considerable, previa notificación, se generarán acciones administrativas y judiciales de apremio que pueden terminar en remate del inmueble. No obstante, el deudor puede acceder a convenios de pago.
Recuerde que hay propiedades que no están afectas al impuesto territorial o que lo están parcialmente.
Contratos con terceros: Siempre tenga legalizados ante notario los contratos de arriendo, de trabajo para un cuidador o mediero, o de comodato. De esta manera se asegurará de tener un medio de prueba si es que esas mismas personas de su confianza desconocen la relación con usted y presentan una solicitud de regularización de la propiedad.
Requisitos
El trámite de regularización de la propiedad es gratuito si lo realiza el Ministerio de Bienes Nacionales. En caso de que se haga a través de un contratista autorizado éste determinará el precio. Lo que sí se cobra es el trabajo técnico (mediciones), inscripción en el Conservador y publicaciones. El promedio de duración del proceso de solicitud es de 9 meses.
Los requisitos para los solicitantes son:
Tener una posesión material tranquila, continua y exclusiva, por un tiempo no inferior a 5 años.
No tener un juicio pendiente con personas que le discutan el dominio o posesión del inmueble. El inmueble a regularizar no debe tener un avalúo fiscal superior a 800 Unidades Tributarias Mensuales ($23.864.000 a junio de 2003) si es rural, y de 380 UTM ($11.335.400 a junio de 2003) si es urbano.
El bien raíz debe tener deslindes claros, de cualquier clase, sean naturales o artificiales, los cuales deben ser aceptados por los colindantes. En lo posible haber hecho arreglos o mejoras en el terreno.
No tener la calidad legal (con contrato validado en Notaría) de meros ocupantes a nombre de otras personas, como son los arrendatarios, cuidadores, medieros o comodatarios. En cuanto a los terrenos a regularizar:
No deben ser fiscales
No deben estar en poblaciones o loteos declarados irregulares por el Serviu, corresponder a tierras indígenas, comunidades agrícolas tradicionales, ni tratarse de terrenos ubicados en Isla de Pascua.
Todos los solicitantes, en lo posible, deben presentar certificado de nacimiento y fotocopia de cédula de identidad, certificado de avalúo fiscal vigente del inmueble, recibos de Contribuciones (si no estuviera exenta de pago), pagos de luz, agua, gas, etc. de los últimos años, acreditar introducción de mejoras en el inmueble (boletas, facturas u otro documento), certificados que acrediten posesión de más de cinco años, de Juntas de Vecinos u otras organizaciones comunitarias, colindantes del inmueble, autoridades de la localidad.
Además se deben presentar otros documentos adicionales, si el inmueble se adquirió por compraventa o cesión de derechos, donación, promesa de compraventa: copia de la escritura pública o privada correspondiente, cualquier otro documento al respecto como recibos de pagos, letras, etc.
Y si se adquirió por herencia: copias de posesión efectiva, testamentos, escrituras de partición, adjudicación, certificados de relación de parentesco con antepasados: de matrimonio, nacimiento o defunción.
Más información en www.conservador.cl, o al correo electrónico info@conservador.cl, fono 390 08 00, fax 380 94 44.
Terrenos abandonados por años son ocupados por extraños a vista y paciencia de todo el mundo sin usar la violencia. Los propietarios reales nunca se enteran hasta que reciben una carta certificada del Ministerio de Bienes Nacionales en la que se les anuncia que se ha solicitado la regularización del título de dominio.
¿Qué hacer frente a esto?
El tema no es menor, ya que algunos esgrimen que el Decreto Ley 2.695 del año 1979, sobre Regularización de la Propiedad Privada, atenta precisamente contra el derecho constitucional a la propiedad privada.
Ante esto, el abogado y profesor de Derecho Urbanístico de la Universidad de los Andes, Juan Eduardo Figueroa, alerta que "pese a los fines sociales que tiene dicha legislación, de ella surge una obligación para los propietarios legítimos de modo que puedan prevenir que terceros reclamen maliciosamente ser dueños de un inmueble. Así, es necesario estar permanentemente preocupado de ejecutar actos de posesión material: tener un cuidador contratado, hacer un cerco, construir, etc.". (El Mercurio)
Título de Dominio
Lo cierto es que la ley permite que una persona se haga legalmente dueña de una propiedad. Veamos. Lo primero es entender qué es un título de dominio.
Este instrumento legal certifica quién es el dueño de un inmueble, y tiene validez si está debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. El abogado Figueroa, recalca que "los contratos de compra-venta no tienen ninguna validez a la hora de acreditar a quién pertenece la propiedad. Si existen bienes inmuebles que van a cambiar de propietario debe quedar constancia en el Conservador ineludiblemente".
Tener el Título de Dominio inscrito por el Conservador le permitirá trabajar e invertir en su inmueble (ya sea una casa o un terreno, rural o urbano), acceder más fácilmente a créditos debido a que podrá hipotecar la propiedad, y también arrendarla o venderla.
En caso de que usted haya extraviado el título, si conoce el número de Rol de la Propiedad podrá solicitar una copia en el Conservador de Bienes Raíces y pedir que le entreguen un certificado de vigencia que acreditará que sigue siendo el dueño. El valor del trámite es de alrededor de $2.500.
El proceso
Sin embargo, pese a la importancia de poseer los documentos debidamente legalizados, no faltan los casos en los que eso no sucede. Para corregir este problema, se promulgó el Decreto Ley 2.695.
En él se establecieron los mecanismos por los que se puede adquirir el dominio de una manera alternativa a los contratos de compraventa, posesión efectiva, cesión de derechos, donaciones y permutas, si es que ninguno de dichos trámites cumple con la formalidad que la ley requiere.
Es así como para quienes se consideran poseedores materiales de un inmueble, es decir, que realicen actos como vivir, trabajar la tierra o hacer mejoras sin que cuenten con ningún papel legal que así lo acredite, existe la opción de solicitar la regularización del título de la propiedad. El trámite es administrativo y la responsabilidad de realizarlo correctamente recae en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Hay muchos requisitos para poder presentar la solicitud de regularización, y si se cumple con todos es probable que sea admitida. El proceso más importante entonces será el del anuncio de que la petición fue aprobada. Así, se le avisará por una sola vez - ojo, por una sola vez- al último propietario registrado en el Conservador mediante una carta certificada. Luego, se exigirá al solicitante que publique en el diario de mayor circulación de su región que dicho inmueble cambiará de dueño. Si se trata de una zona alejada además deberá hacer un aviso radial. Los reclamos podrán presentarse en un plazo de 30 días.
El abogado Figueroa dice que la ley establece que "quienes presenten oposición a la solicitud deberán ser poseedores inscritos, personas que tengan una promesa de compraventa debidamente legalizada ante notario, o que sean herederos legítimos de quien fue el dueño. Entonces, el proceso dejará de ser administrativo y pasará al sistema judicial donde se dirimirá quién tiene los derechos".
Si no existiera ninguna oposición, se procederá a hacer una inscripción con un título traslaticio, que es el antecedente al título de dominio tradicional inscrito en el conservador de Bienes Raíces. Durante un año el solicitante estará en esa situación de poseedor regular y al vencer ese plazo se le declarará dueño por prescripción. De esta forma, la ley da un plazo adicional a los terceros que quisieran hacer reclamos y, además, se asegura de que no haya pretensión de enriquecimiento con la solicitud de regularización porque está prohibido enajenar el bien en ese período. El interés del Ministerio es solucionar un problema social.
Para prevenir
Rol de la propiedad: Ya sea porque nunca supo qué bienes tenía su pariente fallecido o porque perdió su copia del título de dominio, la única pista que lo ayudará será el Rol de la propiedad. Éste aparece en las contribuciones.
Contribuciones: Aunque el pago de las contribuciones no le asegura que se le acredite como dueño, al menos no tendrá problemas con el Servicio de Impuestos Internos. Si se adeuda un monto considerable, previa notificación, se generarán acciones administrativas y judiciales de apremio que pueden terminar en remate del inmueble. No obstante, el deudor puede acceder a convenios de pago.
Recuerde que hay propiedades que no están afectas al impuesto territorial o que lo están parcialmente.
Contratos con terceros: Siempre tenga legalizados ante notario los contratos de arriendo, de trabajo para un cuidador o mediero, o de comodato. De esta manera se asegurará de tener un medio de prueba si es que esas mismas personas de su confianza desconocen la relación con usted y presentan una solicitud de regularización de la propiedad.
Requisitos
El trámite de regularización de la propiedad es gratuito si lo realiza el Ministerio de Bienes Nacionales. En caso de que se haga a través de un contratista autorizado éste determinará el precio. Lo que sí se cobra es el trabajo técnico (mediciones), inscripción en el Conservador y publicaciones. El promedio de duración del proceso de solicitud es de 9 meses.
Los requisitos para los solicitantes son:
Tener una posesión material tranquila, continua y exclusiva, por un tiempo no inferior a 5 años.
No tener un juicio pendiente con personas que le discutan el dominio o posesión del inmueble. El inmueble a regularizar no debe tener un avalúo fiscal superior a 800 Unidades Tributarias Mensuales ($23.864.000 a junio de 2003) si es rural, y de 380 UTM ($11.335.400 a junio de 2003) si es urbano.
El bien raíz debe tener deslindes claros, de cualquier clase, sean naturales o artificiales, los cuales deben ser aceptados por los colindantes. En lo posible haber hecho arreglos o mejoras en el terreno.
No tener la calidad legal (con contrato validado en Notaría) de meros ocupantes a nombre de otras personas, como son los arrendatarios, cuidadores, medieros o comodatarios. En cuanto a los terrenos a regularizar:
No deben ser fiscales
No deben estar en poblaciones o loteos declarados irregulares por el Serviu, corresponder a tierras indígenas, comunidades agrícolas tradicionales, ni tratarse de terrenos ubicados en Isla de Pascua.
Todos los solicitantes, en lo posible, deben presentar certificado de nacimiento y fotocopia de cédula de identidad, certificado de avalúo fiscal vigente del inmueble, recibos de Contribuciones (si no estuviera exenta de pago), pagos de luz, agua, gas, etc. de los últimos años, acreditar introducción de mejoras en el inmueble (boletas, facturas u otro documento), certificados que acrediten posesión de más de cinco años, de Juntas de Vecinos u otras organizaciones comunitarias, colindantes del inmueble, autoridades de la localidad.
Además se deben presentar otros documentos adicionales, si el inmueble se adquirió por compraventa o cesión de derechos, donación, promesa de compraventa: copia de la escritura pública o privada correspondiente, cualquier otro documento al respecto como recibos de pagos, letras, etc.
Y si se adquirió por herencia: copias de posesión efectiva, testamentos, escrituras de partición, adjudicación, certificados de relación de parentesco con antepasados: de matrimonio, nacimiento o defunción.
Más información en www.conservador.cl, o al correo electrónico info@conservador.cl, fono 390 08 00, fax 380 94 44.
martes, 12 de julio de 2005
¿Puedo solicitar término de contrato de mi servicio telefónico móvil o de red fija en cualquier momento?
Sí, se puede solicitar término de contrato en cualquier momento, debe hacerlo a través de carta basándose en el Artículo 44º, Decreto 425, del Reglamento Servicio Público Telefónico, el que estipula que una vez presentada la solicitud de término de contrato, la compañía tiene un plazo de 10 días para cortar el suministro telefónico y hasta ese día cobrar el cargo fijo correspondiente al plan. La compañía esta obligada a hacer efectiva la solicitud.
Cuando las personas han extraviado su equipo telefónico, deben dejar constancia en la respectiva compañía del extravío, bloqueando el servicio. Esto no significa dar término al contrato, por lo que muchas veces reclaman que les siguen llegando cobros posteriores a dicho bloqueo. Por lo tanto, es necesario dejar en claro que son cosas totalmente diferentes.
Asimismo, la compañía debe cobrarle el valor del equipo estipulado en el contrato pero depreciado por el uso. Es decir, el valor señalado en el contrato es por el equipo nuevo, recién entregado.
Es importante que siempre el reclamante deje en su poder un comprobante o algo que acredite la fecha de solicitud de término de contrato.
¿Puede la compañía cobrar indemnización, por término de contrato?
No, la compañía no puede cobrar indemnización por término de contrato de servicio telefónico (suministro).
¿La compañía puede cambiar arbitrariamente el plan contratado?
Eso depende sólo del contrato que el usuario suscribe con la compañía. Lo único que se debe dejar en claro, es que la compañía debe informar a sus clientes a través de una carta con un mes de anticipación de cualquier cambio que tenga derecho a introducir.
¿Qué pasa con las llamadas no reconocidas, cobros excesivos o los incumplimientos de contrato de servicio larga distancia?
El procedimiento es el mismo (reclamo con insistencia).
El usuario puede solicitar el bloqueo de los servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional, servicios complementarios y acceso a móviles. Esto no impide recibir llamadas de cobro revertido.
Puede utilizar cualquier portador de larga distancia aún cuando haya contratado a uno en particular.
Se debe rebajar el cargo fijo mensual, si el servicio estuvo suspendido por mas de 12 horas.
Si la interrupción excede de 3 días consecutivos, tiene derecho a una indemnización.
Los portadores tienen como vigencia 5 años, para cobrar llamadas atrasadas, lo que esta estipulado en el Código Civil.
La única salvedad es que deben facturar en forma separada de la cuenta única telefónica. Las compañías móviles tienen como vigencia 3 meses para cobrar llamadas atrasadas. Pero deben estar facturadas en forma independiente de la cuenta única telefónica.
Las compañías no pueden cortar el servicio del reclamante por no pago de la parte impugnada de la cuenta. La compañía esta obligada a impugnar el monto reclamado, desde el primer momento en que el reclamante presentó su reclamo.
Ante cualquier problema con la compañía, el reclamante debe acreditar su reclamo con el formulario de reclamo que se le entrega en la SUBTEL, www.subtel.cl. En regiones, las Secretarías Regionales Ministeriales de Telecomunicaciones, SEREMITT.
¿Pueden las compañías mandar los antecedentes a los registros comerciales de morosidad?
Sí, lo pueden hacer, ya que existe una deuda de por medio, es igual que tener una deuda con una casa comercial. Por lo tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones no puede influir, en un compromiso directo entre el usuario y la compañía.
Cuando las personas han extraviado su equipo telefónico, deben dejar constancia en la respectiva compañía del extravío, bloqueando el servicio. Esto no significa dar término al contrato, por lo que muchas veces reclaman que les siguen llegando cobros posteriores a dicho bloqueo. Por lo tanto, es necesario dejar en claro que son cosas totalmente diferentes.
Asimismo, la compañía debe cobrarle el valor del equipo estipulado en el contrato pero depreciado por el uso. Es decir, el valor señalado en el contrato es por el equipo nuevo, recién entregado.
Es importante que siempre el reclamante deje en su poder un comprobante o algo que acredite la fecha de solicitud de término de contrato.
¿Puede la compañía cobrar indemnización, por término de contrato?
No, la compañía no puede cobrar indemnización por término de contrato de servicio telefónico (suministro).
¿La compañía puede cambiar arbitrariamente el plan contratado?
Eso depende sólo del contrato que el usuario suscribe con la compañía. Lo único que se debe dejar en claro, es que la compañía debe informar a sus clientes a través de una carta con un mes de anticipación de cualquier cambio que tenga derecho a introducir.
¿Qué pasa con las llamadas no reconocidas, cobros excesivos o los incumplimientos de contrato de servicio larga distancia?
El procedimiento es el mismo (reclamo con insistencia).
El usuario puede solicitar el bloqueo de los servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional, servicios complementarios y acceso a móviles. Esto no impide recibir llamadas de cobro revertido.
Puede utilizar cualquier portador de larga distancia aún cuando haya contratado a uno en particular.
Se debe rebajar el cargo fijo mensual, si el servicio estuvo suspendido por mas de 12 horas.
Si la interrupción excede de 3 días consecutivos, tiene derecho a una indemnización.
Los portadores tienen como vigencia 5 años, para cobrar llamadas atrasadas, lo que esta estipulado en el Código Civil.
La única salvedad es que deben facturar en forma separada de la cuenta única telefónica. Las compañías móviles tienen como vigencia 3 meses para cobrar llamadas atrasadas. Pero deben estar facturadas en forma independiente de la cuenta única telefónica.
Las compañías no pueden cortar el servicio del reclamante por no pago de la parte impugnada de la cuenta. La compañía esta obligada a impugnar el monto reclamado, desde el primer momento en que el reclamante presentó su reclamo.
Ante cualquier problema con la compañía, el reclamante debe acreditar su reclamo con el formulario de reclamo que se le entrega en la SUBTEL, www.subtel.cl. En regiones, las Secretarías Regionales Ministeriales de Telecomunicaciones, SEREMITT.
¿Pueden las compañías mandar los antecedentes a los registros comerciales de morosidad?
Sí, lo pueden hacer, ya que existe una deuda de por medio, es igual que tener una deuda con una casa comercial. Por lo tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones no puede influir, en un compromiso directo entre el usuario y la compañía.
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